La mentira como estrategia electoral
Campaña del macrismo: el relato oficialista hace agua
La supuesta “revolución” de la obra pública es desmentida por datos estadísticos (oficiales y privadas) y fuentes autorizadas, como el Consejo Federal de Vialidad y el Sindicato de Trabajadores de Vialidad. 
El macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica. El macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica. El macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica. El macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica. El macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica. 
El macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica.  

Las campañas electorales de oficialismo y oposición transcurren por carriles separados. El candidato del Frente de Todos pugna porque la economía ocupe el centro de la escena. Por el contrario, la campaña de Juntos por el Cambio está sostenida en tres pilares: 1) reivindicación de ciertos valores: lucha contra la corrupción, transparencia, democracia versus autoritarismo; 2) agitación de fantasmas: “Kicillof marxista”, “venezuelización de la Argentina”, miedo al retorno al pasado; y 3) consolidación del voto de derecha: elección de Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente, fotos con Amalia Granata y Dario Lopérfido, intento de proscripción de José Luis Espert, Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de la Gendarmería Nacional, desfile militar del 9 de julio, proyecto de compensación económica a familiares de militares muertos en la represión ilegal.

En resumen, el macrismo pretende instalar temas alejados de la cuestión económica. La única excepción a la regla es el “autoelogio” por las obras públicas realizadas.

La distancia entre ejes de campaña y “realidad” es abismal. El gobierno acumula una serie de “episodios”: aprietes al Poder Judicial, Correo Argentino, beneficios varios para el Grupo Macri por decisiones gubernamentales – Ausol, parque eólicos, Mac Air, financiamiento estatal para el soterramiento del Sarmiento-, aportantes truchos, cambio de reglas de juego electorales, conflictos de intereses, Oficina Anticorrupción que omite ser querellante en causas que involucran al gobierno, espionaje y escuchas ilegales a opositores, cuentas offshore de múltiples funcionarios, designación a dedo de magistrados “amigos” en juzgados claves, desplazamiento del Procurador del Tesoro por la elaboración de un dictamen crítico, modificación por decreto de leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Este listado lo aleja bastante de cualquier imagen de transparencia. Por otro lado, la supuesta “revolución” de la obra pública es desmentida por datos estadísticos (oficiales y privadas) y fuentes autorizadas (Consejo Federal de Vialidad, Sindicato de Trabajadores de Vialidad). En todo caso, el único componente genuino de la campaña es el discurso pro derecha y “mano dura”.

La distancia entre “relato/promesas” y “realidad” no es novedosa. La campaña de 2015 estuvo llena de promesas incumplidas: “pobreza cero”, “lluvia de inversiones”, “los asalariados no van a pagar impuestos a las ganancias”, “continuidad del Programa Fútbol para Todos”, “inflación de un dígito en poco tiempo”, “no vamos a sacarte nada de lo que tenés”. Julieta Dussel sostiene que “se trató de una campaña llena de mentiras, para ellos solo existe la posverdad (que vendría a ser “mentime que me gusta”). Pero ganaron con eso”.

Lo cierto es que es muy corta la distancia entre la posverdad y campaña sucia. Ese camino ya fue transitado por el macrismo. Por caso, las miles de encuestas telefónicas que replicaron un mensaje falso (que el padre de Daniel Filmus trabajaba con Sergio Shocklender) en las elecciones para Jefe de gobierno porteño en 2011. El escándalo derivó en una causa judicial por infracción a la ley electoral. Las pericias técnicas de Gendarmería concluyeron que las llamadas, trianguladas con servidores ubicados en los Estados Unidos, fueron realizadas por computadoras pertenecientes a varias sociedades cuyos titulares eran dos personas vinculadas a Durán Barba: Rodrigo Lugones y José Garat.

Las pesquisas judiciales comprobaron que las empresas habían facturado seis millones de pesos al gobierno de la CABA. El 19 de junio de 2012, la jueza Servini de Cubría procesó a Jaime Durán Barba, José Garat y Rodrigo Lugones por violación del artículo 140 del Código Electoral. Esa norma prevé dos años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. El macrismo consiguió que la causa pasara a tribunales porteños y durmiera el sueño de los (in)justos. En diciembre de 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas confirmó la prescripción. Impunidad al palo.

[email protected]

@diegorubinzal

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ