El incendio y muerte de un nene de tres años en el hotel San Miguel, en el barrio de Flores, al que el gobierno porteño contrata para derivar a personas o familias en situación de vulnerabilidad social, registraba un antecedente similar. Seis años atrás, en el mismo edificio de la calle Fray Cayetano Rodríguez 345, una nena falleció tras un incendio en la habitación en la que vivía. El dueño del hotel, el mismo que, al menos hasta hace dos meses, facturaba a la Ciudad, fue procesado por "homicidio culposo" por "una serie de incumplimientos normativos que pudieron evitar o minimizar esa clase de infortunios", según detallaba la web Fiscales en 2014. De acuerdo con las versiones recogidas, la situación actual no sería muy distinta. Para las fuentes consultadas, la falta de control es la consecuencia lógica de la falta de política habitacional de Cambiemos: clausurar hoteles dejaría aún más personas sin techo y a la intemperie.

Las personas que viven en hoteles con subsidios estatales no pertenecen todas al mismo programa. Están las familias que acceden a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), las que lo hacen por vía del decreto 690, de 2006, que creó el Programa de atención para familias en situación de calle, y remanentes de un programa conocido como Hotelados, que ya había sido cerrado durante la gestión de Ibarra en la Ciudad para nuevos ingresos por el deterioro y la superpoblación de los hoteles a los que eran derivados.

En este último grupo encaja el San Miguel, que es uno de los 23 hoteles que tienen convenio con la Ciudad a través del Programa Nº 42, Asistencia Socio Habitacional, de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Bajo la modalidad de compra directa el gobierno paga a los hoteleros por día por persona, y el costo es superior a los 20.000 pesos por mes por una familia tipo.

La titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, advirtió que tras doce años de gobierno de Cambiemos "aún no se resolvió el problema de las familias que debían ser alojadas transitoriamente en hoteles. Vaciaron y cerraron todos los programas que daban soluciones habitacionales definitivas y, como consecuencia, estos programas transitorios, que estaban pensados para la emergencia, se volvieron permanentes".

Entre los mecanismos que fueron desarticulados y que permitían generar soluciones de fondo para las personas en situación de vulnerabilidad habitacional, estaban los créditos a través de la ley 341, que consiste en el otorgamiento de créditos hipotecarios a tasa preferencial para que las cooperativas de manera autogestionada construyan viviendas (se otorgaron sólo 4 en 2016 y 6 en 2017, y no hay datos de 2018), mientras que el subsidio único se fue desactualizando a lo largo de estos años, obligando a las personas a reclamar por vía judicial una actualización.

De todos los programas que quedan como sucedáneos a la política habitacional, hay, según un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo Social que realizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), 8924 personas que percibieron a junio de este año el subsidio habitacional como titulares del Programa para familias en situación de calle. De todas formas, hay que señalar que no puede sostenerse que todos quienes cobraron el subisidio vivan en hoteles.

Aunque la situación social es desbordante en los hoteles, y las condiciones de vida sumamente precarias, porque viven hacinados, sin baño, con cocinas elementales y compartidas, en el mejor de los casos, y sin las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, el control es escaso e irregular. La Agencia Gubernamental de Control realiza una tarea mínima. En muchos casos, lo que se hace son clausuras administrativas para que no ingresen más personas.

Pero ante una realidad social que se vuelve cada vez más compleja por el aumento de la pobreza y la indigencia, y ante la falta de intervención del gobierno macrista, que ofrece como salida la precariedad, la situación se ha vuelto explosiva.