El movimiento indígena, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores de Ecuador convocaron a un paro nacional, mientras mantienen las movilizaciones en todo el país. Exigen que el presidente, Lenin Moreno, dé marcha atrás con la liberación del precio de combustibles y las medidas de ajuste que impulsó su gobierno , con el aval del FMI. Todavía rige el estado de excepción, decretado por Moreno, para que las Fuerzas Armadas contengan la protesta social.
Continúan las movilizaciones y cortes de calles y rutas en todo el territorio ecuatoriano. La protesta social desembocará en un jornada de paro nacional anunciada para el miércoles próximo, según informó el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio. “Las organizaciones sociales ratificamos la convocatoria para la gran huelga nacional el próximo 9 de octubre, sin dejar de renunciar a las actividades que se están dando en las diferentes provincias”, expresó en diálogo con Telesur. Por su parte, el presidente de la FUT, Mesías Tatamuez, subrayó la indignación del pueblo ecuatoriano contra las medidas anunciadas por Moreno y planteó que ese paquetazo es un premio a empresarios, a la banca, y cumple las recetas del Fondo Monetario Internacional.
En el mismo sentido se manifestaron los pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). "Hemos convocado a la movilización nacional indefinida. Hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional”, explicó el presidente de la agrupación Jaime Vargas. Pero ese no es el único reclamo que tienen los pueblos originarios ecuatorianos. “La Conaie protesta también contra la minería, la explotación petrolera y en defensa del derecho a la justicia indígena, por la educación intercultural bilingüe”, aseguró Vargas.
El martes Lenin Moreno decretó la liberación del precio de los combustibles, lo que generó aumentos de hasta el 123 por ciento. El precio del galón (casi 4 litros) de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina "extra", la de mayor consumo en el país, aumentó de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción. La medida generó movilizaciones en todo el país, que fueron fuertemente reprimidas por la policía. El saldo hasta el momento, según datos oficiales, es de 379 detenidos.
Desde el miércoles se desarrolló un paro de transporte que fue levantado en el día de ayer, luego de que entidades representantes del sector entregaran un petitorio al gobierno para que permita el aumento de tarifas. De esa manera buscan aliviar los efectos de la suba en el precio de los combustibles. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, había indicado que se analizaba recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para lograr un equilibrio en el precio. El Ejecutivo controla el costo de pasajes de autobuses interprovinciales, mientras que el de los urbanos y de taxis corresponde a los municipios.
El líder de la Conaie, la mayor organización ancestral del país, se mostró molesto por la decisión de los transportistas. "No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va por ese camino", afirmó Jaime Vargas. Las agrupaciones de pueblos originarios están en coordinación con estudiantes, jubilados, campesinos, agricultores y artesanos, así como sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales, aseguró Vargas.
Desde el viernes rige en Ecuador el estado de excepción, decretado por Lenin Moreno. El líder de la Conaie aseguró que no sienten temor por lo que podría generar esta medida. "Los que creen que están bien, tendrán miedo, pero los que sentimos que están atropellando nuestros derechos, con o sin estado de excepción, la resistencia continúa", subrayó.
La Asamblea Nacional espera que el ejecutivo envíe en breve el proyecto de ley donde se determinen nuevos ajustes, entre ellos una reforma tributaria y laboral. Una vez ingresado, el proyecto será tratado por la Asamblea donde Moreno perdió la mayoría por su ruptura con los legisladores de Revolución Ciudadana, que responde a Rafael Correa. Desde este partido ya manifestaron que no apoyará la reforma económica. “Nuestro partido jamás se prestará para retroceder en derechos en contra de los trabajadores”, afirmó el legislador Juan Lloret. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el proyecto que ingresará con carácter de urgente. En caso de no obtener su aprobación, la Constitución permite al ejecutivo publicar la ley mediante un decreto.
