La Corte Suprema admitió la medida cautelar interpuesta por Entre Ríos contra el decreto del presidente Mauricio Macri que redujo la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para alimentos. El decreto es inconstitucional; como el IVA es coparticipable la reducción afecta de inmediato y en alta medida los ingresos de las provincias.
La norma viola el principio de división de poderes: Macri se arroga una facultad del Congreso. Ni siquiera firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que requiere, al menos, aprobación ulterior del Legislativo.
El supuesto “alivio” a los ciudadanos consumidores se define tras 46 meses de gestión consagrada a agrandar la desigualdad social y se banca, en buena medida, con plata ajena. El sueño del pibe rico que tiene, ahora, tristeza.
El decretazo burla el federalismo; otra causal de inconstitucionalidad. Más allá de bizantinismos jurídicos, el gobierno nacional no debe unilateralmente detraerles fondos a las provincias. El jurista Gustavo Arballo lo explica bien en el blog Saber Derecho. Los frecuentadores de Twitter pueden dar con inteligentes posturas de Andrés Gil Domínguez en igual sentido.
Funcionarios macristas y su cohorte mediática pusieron el grito en el cielo con magro bagaje legal. Acusaron a la Corte de “hacer política”, de sentenciar durante una supuesta tregua preelectoral. No se detienen en menudencias, como el eterno desapego de Cambiemos por el cumplimiento de la ley. Y en la pasión macrista por los decretos que, vale recordarlo, fue la herramienta escogida por Macri para sumar dos jueces a la Corte, tiempo ha.
La Vulgata de derecha describe a Macri como un mandatario preocupado por “la gente” versus los gobernadores que solo piensan en sí mismos. En criollo: Macri es representativo, no así los mandatarios provinciales. Una falacia en medio de la ofensiva de la Casa Rosada contra las arcas provinciales. La supresión de subsidios para el transporte local urbano o interurbano precedió a la maniobra reciente. El modus operandi remeda al inaugurado por la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo en la década del noventa: derivar funciones a las provincias sin dotarlas de los fondos suficientes. El objetivo, nocivo e inalcanzable a la vez, es llegar al déficit cero para cumplir las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI). A costa de las provincias que, aunque haya quien predica lo contrario, están habitadas por millones de argentinos y no solo por los gobernadores.
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El momento importa: El reproche del aparato propagandístico del oficialismo apunta a los tres supremos “peronistas” que hicieron mayoría: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El primero fue designado por el presidente Eduardo Duhalde, el segundo por Néstor Kirchner, el tercero por Macri. Provincianos los tres, fueron constituyentes en la Reforma de 1994. No les falta espíritu federal ni versación en la materia. Al cortesano Carlos Rosenkrantz le cupo un rol más secundario en Santa Fe: asesor del presidente Raúl Alfonsín.
Rosenkrantz, soldado macrista del batallón Clarín, votó en disidencia. Pobre de solemnidad su fundamentación en lo jurídico. Y alocado el argumento de que, si las provincias tienen razón, cobrarán sus acreencias más adelante. Suprema ignorancia del magistrado: los distritos pagan las cuentas día tras día; como sus pobladores, no consiguen llegar a fin de mes. Arballo cuestiona bien a Rosenkrantz. Describe como “bastante insensato asumir que da lo mismo recibir el dinero ahora que un título ejecutable al final de un largo proceso que Dios sabe cuándo y cómo se pagará y a qué tasa”. Los sueldos vencen todos los meses, los pagos a proveedores también … solo un juez millonario en dólares, unitario por añadidura, puede pasarlo por alto.
La oportunidad del fallo motivas otra polémica. La Corte definió la cuestión antes de la primera vuelta electoral. Pocos días antes, precisemos, cuando restan onda dos meses para la asunción del nuevo presidente. En el contexto, con altísimas posibilidades de victoria de Alberto Fernández, la sentencia interpela y condiciona a Macri y al candidato del Frente de Todos (FT). La Corte se planta ante el nuevo escenario: define criterios que podrán durar años. Reforzar el federalismo, restringir (en el sensato marco de lo legal) las potestades del Ejecutivo nacional.
Elena Highton de Nolasco no se pronunció. Divulga que no suele hacerlo en materia de medidas cautelares contra el Estado. Así expuesto, de modo informal u off the record, expresa una conducta caprichosa. Si considera “no judiciables” esas cuestiones puede-debe consignarlo en la sentencia sin abstenerse de cumplir su labor. Un nuevo exceso de discrecionalidad de jueces supremes, difícil (filo imposible) de sancionar porque son la última instancia y la cabeza del Poder Judicial.
Otras catorce provincias esperan tranquis las sentencias de la Corte en reclamos idénticos al de Entre Ríos. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que se había abstenido de promover juicio, ordena a la Fiscalía de Estado que prepare su cautelar. Prefiere no desamparar a los bonaerenses que seguir favoreciendo con falsa solidaridad a Macri. Otra señal de los tiempos que vuelan después de las Primarias Abiertas (PASO).
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La equidad a favor de los ricos: Macri agregó a su frondosa producción el DNU 669/2019 aduciendo que “es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo”. La equidad, en la perspectiva de clase del Gobierno, consiste en disminuir las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores accidentados y mejorar el lucro de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Según los fundamentos del DNU el rendimiento financiero de las indemnizaciones supera al percibido por las ART, pobrecitas.
El Gobierno detecta un nuevo modo de especulación financiera, desconocido por ahora: accidentarse, esperar el kafkiano trámite administrativo judicial y juntarse con la compensación. Transforma a las víctimas en astutos inversores… que especulan con su cuerpo y su salud.
Hace una semana esta columna abordó la problemática de los accidentes de trabajo, reflexión motivada por la muerte de José Bulacio, capataz de la obra pública oficial en Ezeiza. Nos remitimos a dicha nota, para no repetirnos. Agreguemos que el DNU se aplica con carácter retroactivo, un factor clavado de inconstitucionalidad. La familia de Bulacio cobrará menos de lo que le correspondía hace pocos días. Si esto parece un golpe bajo no se culpe al cronista: lo propinó Macri. Claro que el objetivo de la norma trasciende al caso concreto pero la cercanía temporal torna obsceno el momento de la sanción.
Se produce, en suma, una nueva redistribución de ingresos a favor de las empresas y en detrimento de los laburantes que atraviesan circunstancias extremas.
El Colegio de Abogados de la Capital Federal anunció que demandará en Tribunales la inconstitucionalidad de la medida que, en el ínterin, estará vigente. Como se consignó líneas arriba, el DNU tiene un principio de legalidad superior a los decretos comunes. Claro que deben concurrir sus requisitos… te los debo. La necesidad es falaz, ya se explicó. La urgencia solo existe en la voracidad de las empresas aseguradoras y en el afán de Macri para favorecerlas.
Es de esperar, si triunfa el FT, una derogación veloz de un cambio legislativo inconsulto e injusto. De momento, sorprende y preocupa el silencio de académicos y opineitors del derecho (de derecha o sedicentes izquierdistas o republicanos) tan locuaces para discurrir sobre la “corrupción K” y tan silenciosos cuando se palpa un ejemplo extremo de la explotación capitalista.
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Déficits gemelos: Los dos decretazos consuman, una vez más, tendencias fundacionales del macrismo. Favorecer a un puñado selecto de corporaciones desde el primer día de gestión. Con medios sanctos, non sanctos u obscenos como el DNU sobre las ART. En ese aspecto, el Gobierno no fracasó; consumó sus propósitos. Los ganadores del modelo prosperaron a contramano de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
La reducción del IVA es un manotazo de ahogado para paliar la exorbitante suba del precio de los alimentos, derivada de la combinación entre un éxito y un fracaso del Gobierno. El éxito, para el ideario de derecha: bajar el valor adquisitivo de los salarios, password de la “competitividad”.
Haber agravado la inflación fue un fracaso, prueba de la ineficiencia de los sucesivos equipazos económicos. Los cracks de Hacienda y del Banco Central hasta fantasearon valerse de la recesión y baja del consumo como herramienta para frenar los aumentos de precios. La ruin táctica tampoco cuajó.
La implementación arbitraria o ilegal de las medidas completa el cuadro. La herencia macrista en materia institucional es tan deplorable como la económica: déficits gemelos, pongalé. La única diferencia para evaluarlos: los indicadores económicos, laborales y sociales son cuantificables, más precisos. Solo ese detalle permite al oficialismo mentir acerca de sus inexistentes virtudes republicanas mientras día a día degrada la calidad del sistema democrático (ver nota aparte).
