Fiscalía pidió 6 años de prisión para el ex policía Hugo Giuliano por el delito de enriquecimiento ilícito. Será el primer juicio oral y público por esa figura penal en la provincia. Las audiencias de debate están agendadas para agosto de 2020 y estarán a cargo del tribunal compuesto por María Isabel Mas Varela, Ismael Manfrín y Mariano Aliau. La causa del ex jefe de la Agrupación Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II y de dos departamentales del sur provincial, comenzó en 2004 con una denuncia por incremento de patrimonio en calidad de funcionario público. La acusación apunta a que sus bienes no coinciden con los haberes que percibía por su función en la fuerza. La defensa habló de un pedido de pena "exorbitante" para una persona sin antecedentes penales y negó la acusación.
"Se le atribuye: dentro del período en el que prestó servicios para la Policía de Santa Fe, desde 1975 hasta dos años después de su retiro, en 2004, haber producido sobre su patrimonio un enriquecimiento apreciable, que no se corresponde a la situación económica al momento de iniciar su carrera policial, ni está de acuerdo con sus posibilidades económicas ulteriores en cuanto al sueldo que percibía y/u otros ingresos de orígen lícito", reza parte de la acusación que fue presentada en el marco del sistema conclusional de causas, en 2018, y que ayer sumó el pedido de pena -durante una audiencia preliminar- que implica el nuevo sistema penal, en el que finalmente será juzgado.
Además de seis años de prisión, el fiscal Sebastián Narvaja solicitó multa por el 100 por ciento del patrimonio relacionado al enriquecimiento ilícito. También mencionó convenciones probatorias con la defensa, para el momento del juicio que tendrá más de 70 testigos. El caso podría ser un antecedente para otros que están en proceso sobre agentes acusados por el mismo delito.
El ex comisario fue denunciado en 2004 por Apropol, el gremio policial no reconocido, que presentó un resumen de movimientos de tres cuentas que Giuliano tenía en bancos privados, y un conjunto de propiedades que -según la acusación- le pertenecen. La investigación comenzó de manera administrativa, en la Dirección de Asuntos Internos.
En 2008 fue abierta la causa judicial. Giuliano fue acusado de contar con varias propiedades entre viviendas y locales comerciales, títulos públicos, dos automóviles, una lancha y constancias de viajes reiterados al exterior, realizados tanto por él como por familiares directos. Algunos bienes eran propios y otros de cosanguíneos inmediatos, según la acusación.
En 2011, fue sobreseído por la jueza Patricia Bilotta, por vencimiento de los plazos legales, pero el ya fallecido fiscal Esteban Franichevich apeló esa decisión. La Alzada le dio la razón y la causa recayó en el juez Hernán Postma, que también lo sobreseyó, en 2013. El fiscal volvió a apelar y en 2014 la Sala IV de la Cámara Penal declaró nulo aquel fallo que lo dejaba fuera de proceso, por falta de valoración de la prueba. El expediente llegó al juez Juan Andrés Donnola, quien finalmente lo procesó. Si bien la defensa hizo presentaciones, incluso en la Corte santafesina, para retrotraer esa decisión, el ex policía llegará a juicio.
La prueba que llevará la Fiscalía a la instancia de debate serán informes de diferentes entidades y una pericia contable, entre otros elementos. En la acusación se mencionan cinco propiedades (dos vendidas), una embarcación y dos autos, entre otras cuestiones.
En tanto, la defensa habló de "una vivienda particular, un local, y un automotor; no edificios enteros como inicialmente se le adjudicó falazmente", dijo el abogado Carlos Edwads en un comunicado; y aseguró que su cliente "justificó la adquisición de todos estos bienes". También se quejó por "una clara violación a la garantía constitucional del plazo razonable de duración del proceso penal"; y lamentó que el mismo se "reactualiza en un momento en que se está demonizando a algunos funcionarios policiales, soslayándose que los casos más emblemáticos de corrupción administrativa se produjeron en el ámbito político y en la misma justicia". Y se quejó porque "la pena solicitada es el máximo de la escala penal prevista para este delito, y resulta exorbitante".
