Desde Brasilia
Naciones Unidas responsabilizó hoy en Ginebra al gobierno de Jair Bolsonaro de incumplir el pacto internacional contra la tortura. A través de un informe elaborado por un subcomité especializado fue denunciado el desmonte del Mecanismo Nacional de Combate y Prevención de la Tortura creado hace seis años por la expresidenta Dilma Rousseff para inspeccionar, realizar entrevistas y solicitar documentación en cárceles, hospitales psiquiátricos e institutos de atención a adictos, estos últimos controlados por iglesias evangélicas.
Bolsonaro, que la semana pasada hizo una defensa implícita del "pau de arara" -- instrumento con el que se torturó a los presos políticos durante la dictadura-- , ya es objeto de un pedido de proceso ante el Tribunal Penal Internacional, presentado en noviembre, y una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sustanciada en setiembre.
A través del desguace del Mecanismo de Combate de la Tortura el mandatario libró un salvoconducto a los agentes de un sistema penitenciario brutal que aloja a más de setecientos mil internos. Población carcelaria que tiende a crecer con el proyecto de ley "Anti Crimen" enviado al Congreso por Bolsonaro y su ministro de justicia y seguridad pública Sergio Moro.
En Brasil hay un "gran número de personas privadas de su libertad en condiciones precarias en cárceles superpobladas donde ocurren muertes violentas, motines ", indica el reporte presentado hoy por un grupo de expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.
Se ha tomado nota de un "número significativo de denuncias de torturas y malos tratos " ocurridos en las cárceles, aporta el estudio de la ONU.
El documentó recomendó a las autoridades brasileñas que en en vez de "debilitar" debería "robustecer" al Mecanismo de Combate de la Tortura.
Una serie de informes elaborados por el Mecanismo habían advertido sobre la corrupción y violencia imperante en varios presidios de la región amazónica antes de que en 2017 se iniciara una ola de motines finalizada en julio pasado, que dejó cerca de doscientos muertos, con unos cincuenta degollados.
El Mecanismo fue prácticamente extinto – sus peritos dejeron de recibir salarios - a través del decreto presidencial 9.831 publicado el 10 de junio pasado.
La norma tuvo el aval de la pastora neopentecostal Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.
La investigación de la ONU se inició en junio a partir de una denuncia presentada por las ONGs Justicia Global y Tierra de Derechos, tras la cual fueron convocados representantes del gobierno brasileño en Ginebra.
Brasil está obligado a considerar las recomendaciones de la ONU por haber firmado en 2007, durante el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Aunque el gobierno alega falta de recursos para financiar el Mecanismo contra la tortura, cuenta con fondos para subsidiar a fundaciones "filantrópicas" a las que les confía la "recuperación" de dependientes químicos.
