Una nueva denuncia contra los gobernantes de facto de Bolivia se presentó en la Justicia Federal. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) patrocinada por un grupo de abogados especialistas en causas por crímenes de lesa humanidad se constituyó como querellante para acusar por genocidio a la autoproclamada presidenta Jeanine Añez y a poco más de una docena de funcionarios que la acompañan desde el golpe de Estado del 10 de noviembre. En el marco que le permite la jurisdicción internacional, la APDH aportó prueba documental (más de un centenar de comunicaciones oficiales, videos, audios y artículos periodísticos) para respaldar su escrito de 24 carillas que firmaron letrados del Colectivo Nacional Mario Bosch. El grupo homenajea con ese nombre al penalista chaqueño y militante de DDHH fallecido en noviembre de 2016.
La denuncia es la tercera que se presenta en la Argentina desde que se produjo el derrocamiento del ex presidente Evo Morales, quien hubiera finalizado su mandato el 22 de enero próximo. La primera quedó radicada el 22 de noviembre en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y fue “por crímenes perpetrados en Bolivia contra argentinos y bolivianos con documentación argentina”. La realizaron Daniel Segovia, del Consejo de Política Indígena de nuestro país y el diputado boliviano Víctor Gutiérrez junto a organismos de DDHH como Madres de Plaza de Mayo. El fiscal Guillermo Marijuan la desestimó con la rapidez de un rayo y la magistrada la archivó.
La segunda querella avanza en la Justicia Federal de Córdoba desde el 29 de noviembre y la impulsó el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Ahora la APDH acaba de formalizar la tercera que recayó en el Juzgado 8 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi y que analizará el fiscal Carlos Rívolo.
En el texto que se presentó en los Tribunales de Comodoro Py, la APDH promueve la denuncia “por los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos por las autoridades de facto que asumieron el control político en el estado Plurinacionl de Bolivia a partir del 10 de noviembre del corriente año”. Firman como querellantes María Elena Nadeo, Gisela Cardozo y Norma Ríos por el organismo de Derechos Humanos con el patrocinio de los abogados Eduardo Tavani y Roberto Martínez.
Las imputaciones van contra la presidenta provisional Jeanine Añez, el designado ministro de Gobierno Arturo Murillo, su par de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a periodistas extranjeros con detenerlos por sedición, otros siete integrantes del gabinete, el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex candidato a presidente de Bolivia, Carlos Mesa Guisbert, el ex comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman Romero y su sucesor Sergio Carlos Orellana Centellas, más otros jefes militares, policiales y civiles que actuaron antes y después del golpe de Estado que provocó el asesinato de 34 personas, varias de ellas en masacres como las de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y más de mil heridos, varios centenares de detenidos ilegalmente, torturados, mujeres violadas y decenas de personas asiladas en embajadas sin posibilidades de salir al exilio.
Para la APDH los hechos que denunció configuran “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional en concordancia con el artículo 7 inciso H del Estatuto de Roma”.
La presentación también señala que como Argentina no ha reconocido al régimen de Añez y los denunciados encabezan el gobierno de facto o participan del mismo, se solicita “la detención de todos ellos con carácter de urgente – según los tratados que rigen la materia – para que puedan ser extraditados y juzgados en nuestro país”.
