El Plan Argentina contra el hambre cubrirá a dos millones de chicas y chicos. Se repartirán 1.400.000 tarjetas en las que se depositarán entre 4000 y 6000 pesos mensuales canjeables por alimentos. El presupuesto estimado para el año entrante rondará los 60.000 millones de pesos que dinamizarán la economía local, los pequeños comercios. El consumo en pesos promueve actividad, no fuga al dólar, favorece un ciclo virtuoso.

Las autoridades, con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo a la cabeza, trabajan para cubrir al 80 por ciento del universo a fines de marzo y al resto poco después. Se comenzará por las zonas con más pobladores en situación crítica: Conurbano bonaerense, Córdoba. Rosario, San Miguel de Tucumán.

Impresiona la cantidad de pibas y pibes con problemas nutricionales graves desde la cuna o el embarazo, que comen salteado, que consumen menos leche o carne que hace pocos años. Padecen una de las herencias más terribles del macrismo, congruente con otras. El desempleo, el aumento desmesurado de precios de productos básicos consecuencia de la frivolidad desregulatoria. Hay pocos países en el planeta que descuidaron tanto mantener una canasta alimentaria accesible a la población.

El Plan se lanzó en Concordia, la ciudad entrerriana con récords de pobreza. Debieron confeccionarse 7100 tarjetas en el Banco Nación (para 10.000 criaturas), preparar listas de beneficiarios, organizar la entrega. Todo eso a contados días de asumir, referencia que refleja la premura para comenzar la tarea.

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En ferias populares suele haber un posnet único para todos los puestos. Se trabaja contra reloj para poner en funcionamiento un aplicativo (“app”) que permita pagos y cobros por celular lo que dinamizaría las compras.

De cualquier manera, no todos los productores de la economía social podrán comercializar sus productos de movida ni siquiera con mecanismos en apariencia tan simples. Para eso será necesario promover una formalización sencilla y amigable. En particular comprendiendo a quienes habitan en zonas rurales.

La nueva política social también fomenta una estructura de comercialización en barrios: es un plan de reparación y de promoción de trabajo. La agricultura familiar produce una proporción elevada de las frutas, verduras, carne de animales de granja, leche, huevos, miel, que llegan a la mesa de los argentinos a menudo intermediada por grandes productores o cadenas de supermercados que encarecen los productos y se quedan con la parte del león de la ganancia.

El Gobierno se propone avanzar pasito a paso contra la concentración económica diversificando la oferta sin vociferar, poniendo al Estado del lado de los humildes que los hay tanto sufriendo extrema necesidad cuanto desprotegidos para vivir de lo mucho que trabajan.

La integralidad de la movida la diferencia de la entrega de bolsones u otras prácticas claves durante la gestión anterior. Los usureros de barrio perderán parte de su negocio aunque ya maquinan tramoyas para seguir esquilmando a familias necesitadas. La militancia territorial de las organizaciones sociales (y los nuevos funcionarios surgidos de ellas) afrontará, entre otras labores, la de combatir a esos buitres de entrecasa.