Cuando se sancionó el 21 de diciembre, hace pocos días, la ley 9209 en la provincia de Mendoza, la ciudadanía se despertó, y superando grietas y rajaduras comenzó a movilizarse por su salud, por nuestra salud. Por la notredad ambiental. Lo binario del nosotros y ellos cae ante el surgimiento de la notredad de lo esencial, imprescindible y basal: la vida del agua de todas las personas. También se aprendió que los derechos ambientales se pueden perder. Nada es para siempre. Los derechos se luchan, se cuidan y se ejercen. Así, la ciudadanía salió a reclamar por el Derecho Humano al Agua y por el Derecho Humano a la Salud. Es que había sucedido algo que sólo la realidad puede generar y que luego puede ser ficcionalizado por el cine o la literatura. Nos referimos a la regresión ambiental de la ley 9209 que hoy permite el cianuro y el ácido sulfúrico en los procesos mineros. Esta norma tiene aún tiene vigencia, no obstante el compromiso del gobernador mendocino de derogarla, presionado y jaqueado por las movilizaciones populares y de ambientalismo inclusivo que le quitaron toda legitimidad a lo realizado por el mandatario provincial. Es decir, la provincia oasis de Mendoza, que con mucha dignidad ha cuidado y respetado el agua de cada día, fue traicionada por una ley que contamina las aguas al haber sancionado la legislatura la regresión a que el agua puede ser mal tratada e intoxicada. Toda una regresión ambiental. Algo impensable. Algo inimaginable.

Recordemos, que la ley 7722 sancionada el 20 de junio de 2007 y promulgada el 21 de junio de ese año establecía en el artículo 1 lo siguiente: “…A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación hy/o industrialización de minerales metalíferos…”. Quedaba clara inequívocamente la prohibición de químicos tóxicos. Esta norma sigue siendo un hito trascendental para el ambientalismo inclusivo, para la salud y equilibrio de las personas y de todo el ecosistema. La actual ley 9209 deroga prácticamente a la ley de salud ambiental 7722. El gobernador mendocino Rodolfo Suárez apoyó esta regresión que lesiona el Derecho al Ambiente Sano del artículo 41 de la Constitución Argentina. También a la ley Nacional Ambiental 25.675, la ley 24.585 y la ley 26.639 y normativas del Estado subnacional de Mendoza. La ley del Cianuro en su artículo 1 reza: “… Modifíquense los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la Ley Nº 7.722, los que quedarán redactados de la siguiente manera: Artículo 1 A los efectos de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales establécese que el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto”

Es evidente, que el gobernador mendocino, no tuvo ni le interesó tener perspectiva ambiental. Pero la ciudadanía de Mendoza que cuida y respeta el agua, más en una zona cuasi desértica; con sus movilizaciones ambientales de todas las edades y estratos sociales le hizo saber no sólo lo ilegal de la ley del cianuro y la enfermedad del agua número 9209, sino también que al agua se la respeta y no se la negocia. Así Suárez volviendo sobre sus pasos, se comprometió ante la ciudadanía --no ha ocurrido todavía--, que remitiría un proyecto a la legislatura mendocina para derogar la ley de la discordia y tendría plena vigencia la ley de la vida ecosistémica 7722. Un paso delante de toda la ciudadanía mendocina, para la salud, para la vida. . Ahora el gobernador tiene que cumplir y hacer efectiva la derogación. Tiene que ser una ley que deje sin efecto la 9209.

Lo de Mendoza y el arrepentimiento de su gobernador, lo de la provincia de Chubut con las amenazas de los tóxicos que quieren enfermar aguas y el litoral con los agrotóxicos tienen que servir para la dirigencia estatal deje de secundarizar las políticas ambientales. El futuro será de las gestiones políticas con perspectivas ambientales inclusivas. Con evaluación de estudios de impacto negativo o de incidencias en el ecosistema. Mendoza es una gran lección del cuidado del Agua. Marca historia. Admirable ciudadanía que sabe de la ética del cuidado.

Suárez, no obstante, intentó antes de su compromiso de derogación que realizó el día 27, una maniobra engañosa y confusa que era que no iba a reglamentar la ley 9209. Era un artilugio que lo que hacía era que la ley del cianuro siguiera en vigencia con otros tiempos. Lo dijimos antes, lo decimos ahora, el camino es la derogación. Seamos claros, la norma está en vigencia y hay pendiente una importante promesa de Suárez de derogarla. Lo que le quita vigencia a la ley es su derogación efectiva por la propia legislatura provincial. Científica y ecológicamente debe ser derogada inmediatamente.

Derogación no es igual a reglamentación. Porque toda norma que no se reglamenta, está en vigencia y por el artículo 219 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza, cualquier empresa minera podría presentar una acción de amparo y exigir al gobernador de turno su reglamentación.

Por eso, lo prometido de la derogación por el Poder Ejecutivo Mendocino debe llevarse a cabo inmediatamente. Derogar significa que la ley 9209, para el caso, dejaría de tener vigencia y sí tendría plena legalidad y legitimidad la ley del agua buena y cuidada 7722.

Ya no se puede construir poder político con marketing ni ficcionalizando realidades. Lo falaz y descreído inunda todo, pero tiene un límite y es cuando la ciudadanía en notredad reclama por sus derechos. La construcción del poder actual pasa por la veracidad, y ésta se comprueba con los hechos, que al decir de Federico Hegel, hablan y mucho. El que no quiera oír sufrirá el castigo de la realidad.

(*) Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable, especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable, director de la Cátedra del Agua de la UNR.