La investigación interna sobre los jueces que concedieron o convalidaron el beneficio de la prisión morigerada al narco Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval y el magistrado que es propietario de la lujosa vivienda donde estaba alojado cuando un grupo comando lo ejecutó a tiros, fue concluida el viernes. La presidenta de la Corte Suprema María Angélica Gastaldi resolvió enviar de inmediato el expediente al procurador Jorge Barraguirre, incluso antes de que lo vieran o puedan leer los restantes ministros. Fue su última decisión en esa condición de presidenta –desde el miércoles, Rafael Gutiérrez asumirá ese rol– y antes de viajar a Estados Unidos “por una situación familiar urgente”, según indicaron fuentes en Tribunales.

El procurador de la Corte elaborará un dictamen aconsejando los pasos a seguir, que el tribunal podrá tomar o rechazar. Entre las opciones tienen aplicar medidas disciplinarias directas o, si encuentran fundamentos, promover juicio político. El caso de los fiscales va por otro carril y sus conclusiones se conocerán en febrero o marzo. La investigación está a cargo de una oficina específica del MPA y las sanciones pueden correr por cuenta del fiscal general o, si son graves, de la Legislatura.

La investigación encargada por la Corte, de la que no se dio a conocer su contenido, alcanza al menos a tres jueces. Dos de ellos intervinieron en lo referido a la prisión domiciliaria de Sandoval y el tercero es el propietario de la casona de La Florida, en Pago Largo al 600, donde residía Sandoval la madrugada en la que un grupo comando cortó la luz, ingresó por la fuerza y lo ejecutó a tiros. En la balacera también perdieron la vida Mirco Dylan Saldaño, de 19 años, y Rocío Genovés, de 22. Hubo un único sobreviviente. Los atacantes no están identificados.

Además de sus vínculos con el tráfico de drogas, Sandoval fue condenado por el ataque a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013. Su asesinato destapó un mar de dudas sobre el accionar de jueces y fiscales sobre el otorgamiento de beneficios de prisión domiciliario o prisión morigerada. El caso Sandoval fue la gota que colmó el vaso, a pesar de que la Legislatura había sancionado reformas que limitaban esos beneficios y en el caso de los fiscales tenían instrucciones precisas de atenerse sólo a las 6 excepciones previstas en el artículo 10 del Código Penal.

La Corte encargó la investigación interna al fiscal Carlos Corbella. Los magistrados bajo la lupa son Hernán Postma y Gustavo Pérez de Urrechu, y el juez de Cámara Oscar Puccinelli.

El primero convalidó una prisión morigerada acordaba entre el fiscal Spelta y el abogado defensor Fausto Yrure. Es decir que Sandoval no vaya a la cárcel a pesar de sus antecedentes, de ser reincidente, de no cumplir ninguna de las condiciones de excepción para gozar del beneficio y de estar imputado por un delito gravísimo: triple homicidio en calidad de tentativa. Lo curioso es que su hermano, imputado por el mismo hecho y aprendido antes que Ema Pimpi, en ese momento cumplía prisión preventiva en la cárcel. De hecho Lucas Sandoval fue condenado por unanimidad a 11 años de prisión por esos cargos el 18 de diciembre pasado. Otro dato en contra de la decisión del fiscal y los jueces: la expectativa concreta de pena era altísima.

Pérez Urrechu intervino en una audiencia posterior, donde se convalidó, también a partir de acuerdo entre partes, la mudanza de Sandoval desde un departamento en barrio Rucci a la casona señorial de La Florida donde fueron a buscarlo y lo mataron. El imputado tenía tobillera electrónica y hasta ofreció costear e instalar el sistema de videovigilancia para despejar las dudas sobre el nuevo alojamiento.

Según fuentes consultadas por este diario, la situación del juez de Cámara Oscar Puccinelli, propietario de la vivienda, es la más difícil de explicar. “Es muy turbia la relación contractual con Matías Lange, de 24 años, que figuraba como titular del alquiler del inmueble a pesar de no tener ningún ingreso propio”, contó una fuente. Distintas voces consultadas en Tribunales aseguran que en el informe “aparecen demasiadas inconsistencias” en torno al camarista.