Ochenta trabajadores firmaron en noviembre los retiros voluntarios en la empresa procesadora de tabaco, Alliance One, ubicada en la localidad de El Carril.  Sin embargo, ahora denuncian que sufrieron persecución laboral para hacerlo y que no se les pagó lo que correspondía. Finalmente, el 9 de diciembre, se produjeron 248 despidos.

Paula Ibarra, una de las trabajadoras que firmó el retiro voluntario en los primeros días de noviembre, denunció que sufrió “una estafa” por parte de la empresa. “Padecimos persecución laboral para que firmemos el retiro voluntario”, acusó. Ibarra tenía 17 años trabajando en la empresa y afirmó que fueron presionados para retirarse.

Según el trabajador Pedro Rodríguez, quien también firmó el retiro voluntario, los empleados tuvieron vacaciones en dos tandas de 28 días a cada uno. Una primera tanda debía volver a trabajar en los primeros días agosto, mientras que los demás, en los primeros días de octubre. Sin embargo, “ninguna volvió. Ni la primera ni la segunda”.

Rodríguez explicó que la patronal no les asignó tareas y ante esto los trabajadores buscaron el diálogo. Ibarra contó que en una de esas conversaciones, solicitaron un préstamo pero desde la firma les comunicaron que lo único que había eran retiros voluntarios, dando "el compromiso de que volveríamos a trabajar. Esto no fue así”, manifestó.

“Dijeron que la única solución que había era la renuncia y que la única ayuda era que la empresa le iba a dar una gratificación pero que iban a volver todos a trabajar”, expresó Rodríguez. El trabajador tenía más de 20 años de pertenencia a la empresa.

Los trabajadores aceptaron porque “la gente necesitaba plata para pagar alquileres, deudas, cuotas de las escuelas", entre otras razones que contó. Y esperaban volver al trabajo en algún momento. Sin embargo, el 9 de diciembre se conocieron los 248 despidos de otros tantos trabajadores, con lo que se completaron más 300 desvinculaciones en toda planta.

“Denunciamos que esto fue una estafa”, sostuvo Ibarra. Además, afirmó que han sido “perjudicados por la mala liquidación”. Según detalló, solo recibieron “una gratificación” que no contempló los años de antigüedad ni el monto de preaviso por despido. “No hay nada. Te pago esta moneda y chau”, manifestó Ibarra.

Rodríguez contó que en el municipio, “la planta procesadora era lo único que había (como fuente laboral). Casi el 50 o el 60% de El Carril trabajaba en la empresa, el resto (trabaja) en la cosecha del tabaco en las fincas cercanas”.

Alliance One se instaló en esa localidad hace más de 65 años con un promedio de 650 trabajadores. Ese número se fue reduciendo con el correr de los años.

El promedio de edad de los trabajadores desvinculados está entre los 45 y 50 años. “Es tan difícil conseguir el trabajo para nosotros, por ejemplo, en mi caso escucho muy poco”, relató Rodríguez. Agregó que, “otros no ven, hay chicas que inclusive tienen cáncer. Acá hay una compañera que está haciendo quimioterapia y estaba trabajando en la empresa”, señaló.

Por su parte, Ibarra dijo que la empresa nunca instó a “hacer un chequeo médico” a los trabajadores. “Hay gente que salió enferma, con asma, problemas bronquiales, de oído, de vista, de cáncer de piel por el polvo. Con eso te digo todo. A esa gente no se le hizo un chequeo, y ahora están penando para hacerse un control que tienen que pagar particularmente”.

Añadió que había “algunos compañeros que estaban a meses de jubilarse y la empresa les dijo que le daban solo una gratificación. ¿Cómo le pueden decir solo una gratificación cuando estos trabajadores dejaron su vida en la empresa? Es una empresa insalubre”, señaló.

“Ahora tenemos que pagar abogados particulares para que la empresa nos pague los que nos corresponde porque el Sindicato de Obreros del Tabaco hizo la vista gorda y nos dieron empaquetados a la empresa”, cuestionó.

Isabel Báez, una de las trabajadoras que cobró la doble indeminazación, denunció que “la empresa jugó con la necesidad de la gente” que firmó los retiros voluntarios. “Debían alquileres, cuentas y tenían que comer durante el tiempo que se había cortado el trabajo”, indicó. “La empresa en complicidad del Sindicato, porque no se puede decir otra cosa, le hicieron abrir los retiros voluntarios. Los cuales se iban extendiendo a lo largo de las semanas”, relató la trabajadora.

Además, manifestó que el número de desempleados “va a afectar mucho en todo sentido” porque al ser la principal fuente de trabajo, esto obligará a habitantes de El Carril a irse del pueblo.

“Tanto la empresa, como el Sindicato o las autoridades municipales o a nivel de provincia se tendrían que haber reunido con la empresa para buscar una alternativa de trabajo porque vamos a quedar todos sin nada”, afirmó.

El pedido a Sáenz

Rodríguez manifestó que están exigiendo que “el gobernador Gustavo Sáenz, los senadores y diputados nos den una solución”. Ibarra agregó que están armando un pliego solicitando obras a la gestión provincial.

“Pedimos al gobernador que manden plata para que se hagan obras en El Carril, como pavimento y cloacas, porque hay muchos barrios que necesitan eso”, dijo. Además, indicó que existen “escuelas que necesitan ordenanzas, y nombramientos en el hospital”. “Necesitamos que el gobernador invierta en El Carril así abastece a estas 300 familias que han quedado fuera”, insistió.

Rodríguez indicó que no desean bolsones o “algo que nos sirva ahora y no en el futuro”. “Nosotros somos gente que hemos trabajado toda la vida y entonces necesitamos algo para seguir trabajando. Queremos que haya un acuerdo" con el gobierno y "nos den una solución”.

Ibarra sumó: “somos obreros que venimos de años y queremos seguir siéndolo”. “Que el gobernador mande plata para que El carril se reactive, porque si no, vamos a pasar a ser un pueblo fantasma y no podemos permitir eso”, subrayó.

Doble indemnización

El pago a los 248 trabajadores se hizo efectivo el viernes último. El acuerdo cerrado el 10 de enero detallaba que la empresa se comprometía a pagar una doble indemnización, dos meses de sueldo por no dar previo aviso de la desvinculación laboral, un año de obra social y cursos de capacitación para que los trabajadores tengan más herramientas para buscar otros empleos.

Sin embargo, en la manifestación de ayer, algunos de los despedidos denunciaron que percibieron un monto menor a lo pactado. Ernesto Ábalos, uno de los que recibió la doble indemnización, envió una carta documento a la empresa exigiendo que en el plazo de cuatro días se le abone una diferencia existente en lo recibido.

Ábalos aseguró que su indemnización no se calculó tomando como base la jornada de trabajo, que incluye horas nocturnas, presentismo y antigüedad.

Por su parte, Isabel Báez, que cobró la doble indemnización, expresó que fue “a un asesor para ver si estaban bien mis liquidaciones y me dijeron que no”. “Tengo que hacer reclamos por las diferencias que hubo. A mí me dijeron un número cuando me retiré, pero ahora con la doble indemnización, no me llega. Ya estoy con un asesor para intimar a la empresa”, comunicó.