La letra chica de las políticas antipopulares

Días atrás una encuesta nacional reveló que la deuda, un tema crucial que decide nuestro horizonte económico inmediato, preocupa poco. Preocupa menos aún que la inflación y la corrupción.

El dato es inquietante. Podría ponerse en cuestión si la encuesta es verdaderamente representativa -–son 1855 casos, entre el 17 y el 19 de enero--, pero es atendible la explicación de su responsable: “La mayoría es más receptiva a los temas que le afectan en forma directa, como el aumento incesante de los precios”. Podría agregarse que la corrupción como inquietud dominante es resultado de las intensas campañas contra el peronismo ejecutadas por los medios, jueces y fiscales afines a Macri y del propio macrismo.

Pero hay otro aspecto que conviene observar: gran parte de los temas considerados de dominio público están privatizados. Afectan a todos, pero en su complejidad son percibidos sólo por minorías especializadas (políticos, economistas, consultores, funcionarios, periodistas, jueces, fiscales y abogados).

Así, la complicación de la deuda abrochada por el macrismo (magnitud respecto del PBI; fuertes vencimientos en fechas cercanas; obligaciones predominantemente en moneda extranjera; clásulas pactadas para ceder autoridad a tribunales extranjeros, etc.) no es captada por la mayoría de los ciudadanos, que, comprensiblemente, no invierten horas en profundizar la información.

Y lo mísmo respecto de los mecanismos tramposos del lawfare (peritos y testigos truchos; causas armadas sin sustento, temas que no son en verdad judicializables, como el dólar a futuro; trampas en los sorteos para imponer jueces en determinadas causas; maniobras en el Consejo de la Magistratura, que designa y expulsa jueces): no saltan a la vista de las mayorías, a las cuales no les queda otra que entregarse a actos de fe, guiando su opinión según Clarín, La Nación, Infobae, América tv o los medios masivos que consumen.

Para aquellos que no son testigos muy atentos de los hechos públicos y carecen, por lo tanto, del back ground para una lectura crìtica, la masividad de un medio es un dato de autoridad, una suerte de garantía de la verdad (por aquella idea tan errada de que si el gran medio publicara mentiras el público dejaría de seguirlo -– falso: ¿cómo sabría el ciudadano común cuál es una mentira y cuál no?--.

No está al alcance del ciudadano medio conocer la diferencia que hay entre un plan de gobierno que redistribuye hacia quienes menos tienen y un ajuste, entre un cambio progresista de las cargas impositivas y un impuestazo, o comprender las profundas consecuencias que tendrá sobre sus ingresos y su nivel de vida una u otra negociación de la deuda.

Es decir, sí, está al alcance averiguarlo. Hay multitud de medios y sitios online para indagar. Nunca hubo tanta información disponible. Pero en el mundo real está lejos de los hábitos y los tiempos que cada ciudadano dedica al esfuerzo de informarse. Y eso sin contar la presión ejercida por la acción de los medios hegemónicos, constante y multiplicada en verdaderos circuitos, hablándole, en este caso, de “ajuste” e “impuestazo”.

Desde luego que esta aplastante hegemonía cultural de los medios masivos encuentra en algunos momentos un freno. De otro modo, no podrían explicarse la reelección en 2011 de Cristina Fernandez de Kirchner con un arrollador 55 por ciento de los votos, o el fracaso de Mauricio Macri en su intento de reelección en octubre pasado sin conseguir siquiera llegar al ballotage.

Esto debe recordarnos que los medios hegemónicos no son el actor excluyente de la política, ni siquiera su alianza con los grupos económicos, con sectores claves de la Justicia, los organismos internacionales y la embajada de los Estados Unidos. También nos muestra que las mayorías electorales son sólo circunstanciales, aún cuando en 2015 el voto peronista, a pesar de estar dividido, arañó el triunfo.

Pero de lo que venimos tratando es de cómo procesa los hechos públicos el ciudadano medio –- si es que existe tal entidad--. Es evidente que en octubre pasado votaron para que el peronismo volviera al poder -–con Cristina Fernandez incluida-– sectores que le dieron la espalda en 2015, probablemente haciéndose eco del “Se robaron todo” y de “Mataron a Nisman”.

¿Ahora dejaron de pensar así y por eso cambiaron el voto?.

Puede que algunas minorías con mejor acceso a la información advirtieran en este tiempo que aquellas acusaciones eran fakes. Pero no es improbable que una gran porción de votantes pusiera en suspenso aquellas acusaciones sin abandonarlas porque priorizaron desalojar a Mauricio Macri del poder.

Podemos echar mano al ejemplo de 1995 cuando, con un Menem acusado de corrupción, la mayoría optó por reelegirlo.

Como soy de los que piensan que Menem sí incurrió en graves hechos de corrupción, de ninguna manera busco igualar la situación de la actual vicepresidenta, ella sí víctima de persecución y causas armadas.

Lo que quiero decir es que el voto mayoritario pasa por alto o no acusaciones y sospechas sobre los candidatos según las circunstancias. Y los escenarios de 2019 fueron bien distintos que los de 2015, ahora con millones de nuevos pobres, con una profunda depresión económica, con cierres masivos de empresas y comercios, con jubilaciones que a millones no les alcanzan para zafar de la línea de pobreza, y con una deuda que estrangula la economía.

Así como la acusación y muerte de Nisman, y el “Se robaron todo” necesitaron en 2015 de un cuadro de división en el peronismo, de freno en la actividad económica, de inflación, de “cepo” para traducirse en la llegada de la derecha al poder, esta vez el trabajo sistemático de los medios poderosos sin tregua desde el primer minuto de los Fernández choca contra la percepción colectiva de la debacle económica y social.

Es cierto que los medios académicos, en particular la formación de economistas, que luego replican en los medios y en el sentido común, siguen dominados por el saber neoliberal. Y esto augura futuros desafíos para el proyecto nacional y popular.

Pero, otra vez, el ciudadano medio no es un robot activado por los medios. Intervienen también en su conciencia los colectivos que ponen límites a los avances de las minorías, que desde las calles instalan en la agenda pública temas que los medios ocultan. Los colectivos organizados (movimientos sociales; organismos de derechos humanos; colectivos de mujeres; ONGs de defensa de las jubilaciones, etc.) han marcado en estos terribles años de macrismo límites concretos al proyecto excluyente, y han “leído” para el conjunto la “letra chica” de las políticas antipopulares. Tenemos tres grandes ejemplos a mano aún con resultados opuestos: la lucha exitosa contra el 2x1 que buscó favorecer a los represores; las grandes movilizaciones denunciando los daños de la reforma previsional de 2017, y las multitudes que se pronunciaron por la legalización del aborto.

Es cierto que el macrismo consiguió imponer sus jubilaciones y frenar en el Congreso el reclamo del mayor colectivo histórico de mujeres. Pero no pudo impedir que el punto de vista de las mayorías se instalara en la conciencia colectiva.

La política en las calles se ha probado como una herramienta fundamental contra la privatización del conocimiento, que es una estrategia clave de las minorías para neutralizar a las mayorías. Si el poder corporativo nos quiere dispersos en la condición de vecinos y consumidores, la respuesta de los colectivos, aùn para quienes no los integran, disputa agenda y produce verdaderos saltos democráticos.

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