A partir de la difusión de la nueva presentación argentina, la primera desde la asunción del nuevo gobierno, en el juicio que se lleva adelante ante la jueza del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, sobre las consecuencias de la expropiación de YPF en 2012, el Grupo Petersen aseguró a este diario que "es totalmente ajeno a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado Nacional en la Argentina o en el exterior. Que renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino y que no inició el juicio ni tampoco le vendió los derechos al fondo Burford, con el que el Grupo Petersen no tiene ninguna relación, ni comercial ni de ningún otro tipo".

En su comunicado sostiene que "la demanda contra la Argentina está impulsada por el fondo Burford, al que la justicia española le vendió los derechos para litigar contra el país en el marco del proceso concursal de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora iniciado tras la expropiación de YPF. Al momento del inicio de la demanda, esas dos empresas ya no tenían relación con el Grupo Petersen".

También dicen que "fue la justicia española que administra el proceso concursal de las Petersen la que subastó esos derechos a litigar, los que fueron adquiridos por Burford (el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas)".

Más adelante, cuentan esquemáticamente la historia de la relación de ese Grupo con YPF:

"El ingreso del Grupo Petersen en YPF se realizó a través de 2 sociedades radicadas en España (condición establecida por los prestamistas para otorgar los créditos). Esas 2 sociedades son Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

"Con posterioridad a la toma de control de YPF SA por parte del Estado Nacional, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, procedieron --al no poder afrontar la devolución de los préstamos-- a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento (2012) no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF.

"Las 2 sociedades Petersen fueron concursadas y se inició un proceso de liquidación en la justicia comercial española (Juzgado Mercantil Nº 3), que designó un administrador concursal.

"El administrador concursal argumentó que al expropiarle a Repsol su 51 por ciento en YPF, el Estado argentino debió haber lanzado una Oferta Pública (OPA) por el 100 de la compañía, según indican los estatutos de la empresa, algo que no sucedió. Por lo tanto, determinó que las 2 sociedades Petersen tienen derecho a litigar contra el Estado argentino porque se sufrieron un perjuicio.

"Fue el administrador concursal quien definió el ingreso de Burford. Es decir, Burford compró a la justicia española dicha quiebra y con ella los derechos a litigar contra la Argentina y presentó en 2015 la demanda en los tribunales de Nueva York (que aceptó el reclamo porque las acciones de YPF cotizan en Wall Street).

"El 9/4/15, cuando se conoció la noticia de la demanda presentada por Burford el día anterior, y ante informaciones erróneas que comenzaron a circular en algunos medios, el Grupo Petersen emitió un comunicado de prensa aclarando que está totalmente al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial vinculado con YPF."