-Hola Patricia, espero estés bien! Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso.

El texto es parte de un mensaje de whatsapp enviado por Marcelo D’Alessio a Patricia Bullrich, en sus tiempos de ministra de seguridad. El falso abogado se había reunido y hablaba con familiares de la organización narco Los Monos, ofrecía información y decía saber sobre los atentados a jueces que intervinieron en causas ligadas a esa banda.

-Ok. Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros--, fue la respuesta desde el celular de Bullrich, quien aludía a un funcionario de su cartera que se ocupaba de casos de crimen organizado y delitos complejos.

-Vos sabés Patricia, que estoy a tu disposición!! Lo que vos digas!!!-, respondió él.

El increíble intercambio figura en una resolución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla y es parte de las razones por las que le rechaza a D’Alessio su pedido de prisión domiciliaria en la causa donde investiga una gran trama de espionaje ilegal, por la que está detenido hace un año. El fallo advierte que “las características de las acciones ilícitas” así como los “vínculos de mutuo interés que forjó” el espía con funcionarios, fiscales, jueces, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), policías y periodistas, confirman su capacidad para entorpecer la investigación y/o fugarse. El caso de Bullrich, a la vez, revela una línea de la causa en pleno análisis sobre el papel de quienes fueron “usuarios” de datos provenientes de espionaje ilegal. En ese capítulo también está pendiente la situación de Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.



Ramos Padilla debía resolver un pedido puntual de D’Alessio, que hace rato buscaba atajos para obtener la prisión domiciliaria. Era, de hecho, lo que buscaba cuando intentó convertirse en arrepentido, pero le fue rechazado por el juez, quien consideró que no había aportado ningún dato nuevo al expediente. Su defensor, Claudio Fogar, insistió en argumentar que se encontraba detenido en condiciones comparables a la “tortura”, sin contacto con otros presos, escasas salidas al patio, ni nada que lo conectara con el mundo exterior. Lo cierto es que desde hace algunos días ya está en un pabellón de Ezeiza con detenidos por delitos comunes que tienen buena conducta, algo que el propio D’Alessio aceptó. Por eso el juez dijo que “no se observan especiales y excepcionales circunstancias” sobre la situación de encierro o el estado de salud de D’Alessio que impliquen la vulneración “de sus derechos esenciales como la vida, salud, integridad física o la dignidad” ni tampoco sufre “afecciones psíquicas o físicas que no pueda ser tratadas por los profesionales del Servicio Penitenciario Federal…”

De todos modos, Ramos Padilla explica en detalle que D’Alessio no obtiene la prisión domiciliaria porque existen riesgos procesales claros avalados por la Cámara Federal de Mar del Plata. Y para eso ofrece algunos ejemplos contundentes, que además revelan que si bien un tramo de la investigación está camino a ser elevada a juicio oral, todavía hay líneas claves en trámite. Hay una lista de al menos quince situaciones de extorsiones y espionaje que involucran a D’alessio, al ex agente Ricardo Bogoliuk, el ex policía Aníbal Degastaldi, al fiscal Juan Bidone, al espía Rolo Barreiro, entre otros, que podrían ir a juicio. Está pendiente la revisión de los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli y de el periodista Daniel Santoro. Pero el fallo señala que existen medidas de prueba pendientes sobre “la participación de otras personas como miembros, partícipes, cómplices y/o encubridores de algunas de las maniobras ilícitas puntuales cometidas…”

El caso de la ex ministra Bullrich parece elocuente. Junto con el intercambio donde ofrece una escucha ligada a Los Monos hay otro donde D’Alessio le dice que tiene filmaciones aéreas en un barrio privado, Puerto Roldán, en Rosario.

Además de los “contactos” conocidos con funcionarios, miembros del sistema judicial y medios, para explicar los riesgos de que esté en libertad Ramos Padilla revela una conversación de D’Alessio con un hombre agendado como “Sergio” del “Servicio Penitenciario”, que le pide gestionar documentos falsos para dos ciudadanos colombianos que estaban en el país. “Un documento que exista, de un tipo perfecto no nos puede costar más de 50 mil pesos”, le dice al tal Sergio. “Es reimpresión de un documento de verdad (…) con ese documento podés sacar pasaporte, podés pasar lo que quieras”, le dice.

Otro de los factores de riesgo mencionados es que, de acuerdo con otro de los tramos de investigación sobre “transferencias financieras internacionales, con fondos de origen ilícito” puestas en circulación para su blanqueo, “D’Alessio podría contar, tanto en Argentina como en el exterior, con fondos económicos suficientes que le permitirían profugarse sin mayores dificultades”. La maniobra en cuestión, señala, apuntaba al cobro de comisiones por operaciones no rastreables a nivel internacional por sumas que “debían depositarse en un banco chino a nombre de una empresa mencionada en la investigación” de los Panamá Papers.

Ramos Padilla recuerda que “D’Alessio pretendió obstaculizar” frente a él mismo el allanamiento en su casa en el barrio Saint Thomas: “yo quiero hablar con la Ministro, nada más. Si usted me lo niega, yo quiero hablar con Arribas o con la Ministro o con el señor presidente (en alusión a Mauricio Macri) para que me diga a ver usted qué puede hacer”. Cuando le respondió que no podía hablar con nadie, el falso abogado respondió amenazante: “espero que usted sepa lo que está haciendo”. Otro de los hechos que agrega son los chats del hombre pos allanamiento con la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica), donde le dice que juntó material para alegar que le habían hecho “una cama”. “Me traje una hora y media de toda la información”, “me falta una cámara más, un audio más y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza desgrabar y a tres personas más por cualquier cosa (…) vale la pena, como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos”, le dice. Poco después Elisa Carrió entregó las famosas escuchas tomadas en el penal de Ezeiza que interpretaba como un complot contra la causa de los cuadernos, por la que existe una causa que tramita en el juzgado 11, que hasta la semana pasada tenía como titular a Claudio Bonadío, otro nombre que aparecía en el expediente de Dolores.

“No puede soslayarse que D’alessio, además de conocimientos específicos en diversas temáticas y actividades ilícitas de variada índole que le permitieron vincularse con todo tipo de actores, en particular, corresponde aquí destacar que posee vinculación con distintos estamentos de los poderes políticos y de las fuerzas de seguridad e inteligencia, lo que torna inseguro per se el cumplimiento de su detención en un domicilio particular…”, concluye el juez, que ve como agravante que ostentara falsos títulos, tuviera acceso a armas sofisticadas, cámaras y otros elementos de espionaje. Subraya que era un “agente inorgánico” que “colaboraba” con la AFI y reportaba a Bogoliuk. Y agrega que “las operaciones o planes prohibidos que emprendió, estuvieron vinculados a la actividad del poder judicial o de los ministerios públicos fiscales”, y recuerda el papel de Bidone y Stornellli. Pero además muestra el vínculo de cercanía que tenía con el fallecido Claudio Bonadío, a través de un correo electrónico que le hace llegar a una intermediaria, recordando sus aportes en la causa sobre importación de Gas Natural Licuado, que incluía una suerte de lista negra.

Hay pruebas, sintetiza el fallo, de más de 30 operaciones de inteligencia y 60 personas sobre las que se hicieron operaciones o investigaciones ilegales por parte de la organización investigada. El tipo de operaciones ejecutadas (ablandes, aprietes, puestas en pánico, carpetazos) también son parte de los riesgos procesales. Más allá de la discusión sobre la domiciliaria de D’Alessio, el fallo revela la complejidad de la trama investigada, que está lejos de haber terminado.