La Justicia insiste en flexibilizar las condiciones de detención de represores que participaron de la última dictadura militar y la sociedad se resiste a aceptarlo. El Concejo deliberante de Almirante Brown “escuchó a la comunidad” y aprobó una resolución que repudia la libertad condicional con la que fue beneficiado José Maidana, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino El Vesubio y lo declara “persona no grata”.

“Creíamos que la política debía decir algo, acompañar el rechazo que nuestra comunidad expresó desde el primer momento y sostener las líneas de memoria, verdad y justicia que fueron fruto de una construcción colectiva de décadas”, explicó Cecilia Cechini, presidenta del bloque Frente de Todos de Almirante Brown, que votó en pleno el proyecto enviado por el Ejecutivo municipal y convirtió en ordenanza el repudio a que Maidana viva libre en ese partido.

Fue a fines de enero, en plena feria estival, que el Tribunal Oral Federal número 4 de la ciudad de Buenos Aires otorgó el beneficio de la libertad condicional a José Maidana, un ex carcelero del centro clandestino Vesubio que desde 2011 cumplía una condena a 22 años de cárcel por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Desde entonces, y a pesar de las advertencias de su hijo y de su ex esposa, el represor se mudó a Adrogué, donde vive su hija.

El pasado 6 de febrero, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante local aprobó por mayoría la ordenanza que repudió el fallo del TOF y lo declaró persona no grata. Los votos en contra provinieron del bloque de Juntos por el Cambio, quienes acordaban con la declaración de persona no grata, pero no con repudiar un fallo judicial. “Criticaron una cuestión de forma, absolutamente menor a lo que el proyecto apuntaba como cuestión de fondo: que por las calles de Almirante Brown camina libre un genocida”, indicó Cechini.

Según la norma elaborada por el Ejecutivo dirigido por el intendente Mariano Cascallares, la decisión de la jueza Sabrina Namer “constituye un retroceso en materia de derechos humanos”. “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad se erigen como una construcción colectiva con el fin de lograr la plena vigencia de las instituciones democráticas y la defensa del orden constitucional”, sostienen los fundamentos del proyecto, que además plantean que “el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos”.

En ese sentido, la concejala destacó que se trató de un fallo judicial “que salió durante la feria, sin tener en cuenta la oposición del Ministerio Público Fiscal ni los reparos que planteó la familia del represor, que lo señaló como una persona conflictiva”.

En se sentido, la jefa del bloque comunal de Frente de Todos añadió que la ordenanza responde “no solo a una comprensión de lo que significa la libertad condicional de Maidana para sus víctimas, para los luchadores de organismos de derechos humanos, sino que también creemos que es una forma de proteger a todas y todos los vecinos”.