Desde Santa Fe
El Senado se autoconvocó para hoy a las 15 para tratar la ley de Necesidad Pública que pidió el gobernador Omar Perotti, pero ayer la sesión estaba jaqueada por la incertidumbre. A media tarde, coincidieron dos hechos que revelaron las negociaciones de último momento: los diputados y senadores del Frente Progresista llamaron a una conferencia de prensa con dos horarios distintos: los socialistas, a las 17.30 y los radicales, a las 18. Ninguno se cumplió porque la convocatoria fue suspendida “hasta nuevo aviso” y nadie explicó por qué. Casi en simultáneo, llegaron a la Legislatura dos enviados de Perotti: sus ministros de Gobierno Esteban Borgonovo y de Gestión Pública, Rubén Michlig, quienes se encerraron con los senadores del PJ un rato largo y luego -tras un convite del presidente del bloque de la UCR, Felipe Michlig- trasladaron la reunión al despacho de las vicegobernadora Alejandra Rodenas, donde se discutía la letra chica de la ley. En la mesa de negociadores participaban Borgonovo, los dos Michlig (el peronista y el radical) que no son parientes; el ex presidente del bloque de senadores del PJ Armando Traferri y su segundo Rubén Pirola.
Mientras tanto, en los corrillos parlamentarios abundaban las versiones sobre presuntos recortes al proyecto del Poder Ejecutivo. Perotti le pidió a la Legislatura que declare a Santa Fe en “estado de necesidad pública”, como llama a la "emergencia social, alimentaria, sanitaria, económica, financiera, en las contrataciones públicas y en seguridad” hasta 30 de junio del año 2021. En la primera ley de emergencia el plazo era de dos años, hasta el 30 de diciembre de 2021, pero el Senado lo recortó a un año y medio y después ya se sabe lo que pasó en la Cámara de Diputados: el bloque de Lifschitz la mandó al archivo. En la ley que ahora está en debate, Perotti propuso el mismo plazo que decidió el Senado en la anterior: 30 de junio de 2021, pero el bloque de Lifschitz quiere achicarlo a diez meses, hasta el 30 de diciembre de 2020.
Otro de los puntos en debate es la necesidad de financiamiento del gobierno provincial. El ministro de Economía Walter Agosto estima que el bache fiscal que Lifschitz le dejó a Perotti ronda los 52.000 millones de pesos: 8.000 millones por el déficit del presupuesto 2020 que armó el ex gobernador socialista; 27.000 millones de la deuda flotante a proveedores y contratistas del Estado que no cobran desde hace ocho meses y 16.500 millones por el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) que Lifschiz dejó casi en cero. Para afrontar este rojo, Perotti pidió autorización para operaciones de créditos por 15.000 millones para reconstruir el FUCO. Y otros 12.000 millones para pagar la mitad de la deuda flotante. Pero a los negociadores del Frente Progresista les parece mucho. Estarían dispuestos a autorizar esas operaciones, pero sólo por 18.000 millones y con dos condiciones: que buena parte se destine a municipios y comunas en emergencia financiera y el acceso a los fondos dependa de las firmas de una Comisión Bicameral de Seguimiento que crea la ley y que el bloque de Lifschitz también quiere controlar.
El diálogo entre el gobierno y el arco opositor en la Legislatura se realizaba en un clima tenso. Los enviados de la Casa Gris aseguran que el negociador más duro es el propio gobernador. Mientras que en el Frente Progresista le adjudican el poder de veto a Lifschiz, que ya lo utilizó dos veces: cuando le armó el presupuesto 2020 a Perotti para condicionarlo antes de llegar al gobierno y el 30 de diciembre, cuando su bloque no sólo rechazó la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económica y en seguridad, sino que la mandó al archivo. Entre esos dos polos transcurre el cabildeo.
