La resistencia de los ajustados
Imagen: Pablo Piovano

La semana que pasó fue, políticamente y sin exagerar, un quiebre histórico para el gobierno de la Alianza PRO. Se asistió a la corroboración de la máxima de J. D. Perón según la cual “el pueblo marchara con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Parece una expresión flamígera, pero es profundamente democrática. Dice, con la regla nemotécnica de las máximas, que los dirigentes deben representar a las bases o serán desplazados por ellas. No se trata de asegurar un destino manifiesto “del pueblo”, se afirma simplemente que no debería ser posible, por ejemplo, que los dirigentes declamen defender los intereses de los trabajadores y al mismo tiempo disfruten de las prebendas otorgadas por los ajustadores. Esta fue la idea repetida y ejercida por muchos de los asistentes a la multitudinaria protesta del 7M contra el ajuste neoliberal.

Quizá se trate de una contradicción creada por el propio General, quien con la CGT construyó también las bases para un sindicalismo empresarial. Perón rescataba la idea de la armonía social versus el conflicto y le gustaba instituir las fuerzas sociales. Eso fue la CGT para el poder sindical e intentó serlo también la CGE para el mítico capital nacional. Lo que seguramente no estaba en su mente era la creación de verdaderas dinastías. Luego, en la comunión de los sindicatos con el Estado y el poder económico, los objetivos gremiales se diversificaron y mutaron desde el exclusivismo de la lucha clasista a la más holística administración del mundo del trabajo, una maquinaria aceitada por el flujo de recursos de las obras sociales. No se trata de un juicio de valor, sino de una descripción de la estructura sindical realmente existente, indispensable para el debate.

 Los hechos del martes fueron contundentes. Los manifestantes primero silbaron e insultaron y luego expulsaron a la dirigencia del palco. Parte de ella debió, literalmente, huir deshonrosamente. Si se tratase de políticos de a pie, sin el respaldo de la estructura sindical, sus carreras estarían terminadas o, en el mejor de los casos, enfrentadas a una muy trabajosa reconstrucción de legitimidad. Ser echados del propio escenario es una singularidad difícil de remontar. Pero para el triunvirato será diferente. Efectivamente su legitimidad no existe más. Deberán surgir liderazgos que recaerán en aquellos que sepan interpelar el clamor de las calles contra el ajuste. En el presente sólo se sabe quiénes no serán. Lo que murió el martes es la CGT como pata sindical del opoficialismo. El rencor personal se demostró una vez más inapropiado como herramienta de construcción política. La idea de reconstruir un supuesto “nuevo peronismo” desde la superestructura sindical y bajo la negación de las transformaciones en favor de los trabajadores de los tres gobiernos anteriores nació muerta y duró lo mismo que el encantamiento macrista.

 El 7M demostró, bajo sus reglas, que la polarización entre el modelo de la Alianza oligárquica con el capital extranjero versus el nacional y popular no es un antagonismo creado por el oficialismo para confrontar contra “el kirchnerismo residual”, sino una realidad que comienza a hacerse piel en la población. Quedó al descubierto que la política económica de la Alianza PRO es una fábrica de pobres. Según la medición de una entidad filo oficialista difundida esta semana, en sus primeros nueve meses de gestión se sumaron a la pobreza 1,5 millón de personas. El gobierno que prometió pobreza cero, creó 166 mil pobres por mes, casi 5600 por día. Los resultados fueron peores a los imaginados en el más pesimista de los escenarios porque fueron proporcionales a la velocidad de las transferencias al capital. Demoler el consumo, además, no fue gratis para la macroeconomía.

 Los propios analistas del oficialismo admiten que el sostenimiento del Relato M necesitaba desesperadamente la recuperación económica. Muchos de quienes compraron electoralmente este relato ya no admiten el recurso permanente a la pesada herencia. Hasta el género de la literatura fantástica necesita visos de realidad para ser creíble. Si se miente con descaro afirmando que un gobierno que redujo la pobreza constantemente durante más de una década, en realidad la aumentó, acto seguido se debe ser capaz de reducirla; no de aumentarla. Lo mismo corre para la inflación o para el crecimiento del PIB. Por esto mismo, la atribución mediática al kirchnerismo del descabezamiento popular a la cúpula de la CGT sólo pudo durar unas pocas horas. Las imágenes, los silbidos y los cánticos fueron más contundentes que las letras impresas.

 El gran problema es lo que quedó: un gran vacío de poder. El oficialismo festejó los “incidentes” del acto del 7M. A tono con su visión clasista del mundo, quiso leer una típica reyerta interna del vulgo peronista y se reconfortó con el debilitamiento de la dirigencia. Pero lo que en realidad sucedió fue la pérdida de un interlocutor que funcionaba como factor de contención del conflicto social generado por sus políticas. No está claro quien cumplirá este rol en los próximos meses. La política, a secas, suele tener una dinámica menos predecible que la política económica.

 Ya sobre el fin de semana, con los hechos más procesados, el gobierno pareció tomar nota de los acontecimientos. Por un lado finge que no pasó nada con la deslegitimada cúpula sindical, lo que resulta provisoriamente válido ante la ausencia de otros interlocutores. Por otro, revisó nuevamente el timing del ajuste, que nunca se interrumpió. Con el potente 2,5 por ciento de inflación de febrero parece haber descubierto súbitamente el componente de costos de la suba general de precios y su efecto sobre el ingreso disponible y el consumo. Aparentemente algún asesor o funcionario dejó de lado los dogmatismos discursivos y explicó al interior de la administración el abecé del ciclo económico. Dicen que dijeron que con más ajuste se matarían los presuntos brotes verdes y se perderían las elecciones por escándalo. La ejemplar huelga docente, nacional y con movilización el lunes y sostenida cuatro días en la provincia de Buenos Aires, también apareció como un límite al techo que se intenta imponer en las paritarias. El quiebre es que después de 15 meses irrumpió en escena la resistencia de los ajustados, el escenario está abierto y por primera vez la obra no transcurre como el gobierno esperaba.