Declaró una asesora de Margarita Stolbizer y no pudo aportar nada al caso

El juicio por la obra pública en Santa Cruz, al borde del escándalo

Carlos Beraldi, abogado de CFK.Carlos Beraldi, abogado de CFK.Carlos Beraldi, abogado de CFK.Carlos Beraldi, abogado de CFK.Carlos Beraldi, abogado de CFK.
Carlos Beraldi, abogado de CFK. 

El juicio por la obra pública en Santa Cruz volvió a bordear el escándalo. Esta vez la testigo de la acusación fue otra dirigente política, Silvina Martínez, asesora y abogada de Margarita Stolbizer. Es la quinta política en seguidilla que se presenta como testigo en el juicio: antes que ella declararon los diputados de Cambiemos Juan Carlos Morán y Fernando Sánchez, la propia Stolbizer y la diputada Mariana Zuvic. Como es obvio, la asesora no pudo aportar nada ni sobre sobreprecios ni sobre obras que supuestamente se hicieron mal o no se hicieron. Es más, admitió que en el equipo que conformaba con Stolbizer no hay ni un ingeniero ni un contador como para evaluar las obras. El testimonio desbordó la paciencia de varios de los defensores. Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, estalló: "Estamos perdiendo el tiempo en forma descarada. No se habla de obra pública. Esto es un show". Los jueces interrumpieron la audiencia, se reunieron durante asombrosas dos horas, y volvieron apercibiendo a Beraldi.

Como se sabe, el juicio trata sobre 51 obras viales que se hicieron en Santa Cruz durante el mandato de los Kirchner y con licitaciones que ganaron empresas en las que Lázaro Báez --el constructor con más empleados y maquinaria en la provincia-- tenia todas o parte de las acciones. El punto de partida fue una auditoría ordenada por el ex titular de Vialidad Javier Iguacel, un día después de asumir. El estudio sólo encontró diferencias entre lo pagado y lo hecho del 0,1 por ciento. Los tres especialistas a cargo de la auditoría --designados por Iguacel-- concluyeron que la diferencia era mínima y que los atrasos en las obras eran los habituales en todo el país y en cualquier otra empresa. Los fiscales, no obstante, consideraron que hubo sobreprecios y en ese terreno hay discrepancias en los peritajes. En este juicio, CFK concretó un encendido alegato contra el lawfare, es decir que lo consideró como parte de la utilización de la Justicia para perseguir opositores.

Ayer Martínez no pudo aportar nada sobre las cuestiones decisivas. El fiscal Diego Luciani enfocó las preguntas en las empresas de Báez relacionadas con los Kirchner a través del alquiler de hoteles o construcción de viviendas: Hotesur, Los Sauces, Valle Mitre. Pero también analizó otras empresas de Báez como estaciones de servicio o agropecuarias. Cuando a Martínez le preguntaron sobre los supuestos sobreprecios, ella dijo que sí, que existieron y que ella lo sabía porque eran diferentes los valores a los que se licitaba una obra y los valores que después se iban pagando. Las defensas le preguntaron si ella conocía el decreto 1295 de Eduardo Duhalde, que establece exactamente cómo se fijan los valores en tiempos de inflación, o sea cada vez que el atraso en el índice de la construcción es mayor al 10 por ciento. La asesora dijo que no conocía el decreto, que no había ningún contador o ingeniero en su equipo, de manera que no pudo responder ninguna pregunta técnica.

En ese punto se produjo el incidente con las defensas. Empezó Mariano Fragueiro Frías, abogado de Carlos Kirchner (primo del ex presidente), quien cuestionó que las declaraciones no se enfocaban para nada en el fondo de la acusación. Se sumó de inmediato Beraldi, con duras palabras sobre lo que consideró "un show", por supuesto también orientado a perseguir a la oposición. Volvió a insistir en que las audiencias eran lawfare puro y duro. El letrado se opuso a las preguntas sobre las empresas de Báez porque no trataban sobre la obra pública, que es lo que se dirime en el juicio, ya que Hotesur, Los Sauces y los otros temas son motivo de expedientes diferentes.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu le pidieron a la testigo que se retirara y ellos mismos ordenaron un cuarto intermedio. Lo habitual es que los jueces se tomen 15 minutos o media hora para adoptar una resolución. Sin embargo, el cuarto intermedio duró nada menos que dos horas. Al regreso, los magistrados leyeron una resolución en la que apercibieron a Beraldi sosteniendo que las preguntas que se estaban haciendo en el juicio eran conducentes y los cuestionamientos desubicados. Reiniciado el testimonio de Martínez, la audiencia duró otras tres horas, siempre en la misma tónica: sin aportes sobre las obras en sí mismas.

Los abogados también vienen insistiendo en que el juicio se está tornando inviable. Declara un solo testigo por semana y el listado total es de 180. Por lo tanto, un cálculo elemental llevaría la duración a cuatro años, aunque lógicamente algunos testigos serán desestimados. Sin embargo, al meter temas como Hotesur, Los Sauces, las fotocopias de los cuadernos, hay pedidos de más testigos. Y el resultado es que se podría estar hablando en 2023 de cosas que los convocados oyeron o vieron más de una década antes. Tampoco es razonable que los jueces evalúen en 2023 testimonios y declaraciones hechas en el juicio en 2019.

El próximo lunes está convocado Iguacel, ex titular de Vialidad y ex ministro de Energía, furibundo anti K, denunciante en este expediente y protagonista de una gestión desastrosa en todo lo que tuvo que ver con Vialidad. El día posterior a su asunción al frente del organismo, el 16 de enero de 2016, Iguacel ordenó la realización de la auditoría no sobre la construcción de rutas en los 24 distritos del país, sino sobre un único distrito: Santa Cruz. Estaba cantado que sólo quería apuntar al kirchnerismo y que su objetivo fue netamente político.

El juicio que se desarrolla en Comodoro Py exhibió su intencionalidad desde el principio: arrancó cuando ni siquiera se había terminado un mínimo peritaje sobre las obras, pese a que Iguacel denunció en 2016 y el juicio arrancó en 2019. Hoy en día, sólo se concretó respecto de cinco obras del total de 51 cuestionadas, con dictámenes opuestos y discrepantes entre la acusación y las defensas. Con imputados que razonablemente dicen: "yo no era funcionario cuando se hicieron esas cinco obras, sino que tenía el cargo cuando se hicieron otras, por lo que me pregunto si me van a absolver o condenar por obras en las que no tuve nada que ver". El juicio, entonces, choca con una cuestión de origen: el objetivo siempre fue político, lo que explica la secuencia de testigos de ese carácter, sin referencia alguna a las obras en sí mismas. Seguramente, Iguacel tendrá que explicar desde el lunes cómo puso en marcha todo el proceso judicial a partir de una auditoría que, en su momento, no advirtió irregularidades significativas.

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