La acreditación universitaria como desafío y oportunidad 

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María Fernanda Vazquez 

En setiembre de 2017 el Ministerio de Educación de la Nación convocó al proceso de acreditación a la carrera de Abogacía. Después de mucho tiempo en agenda, se concretó el llamado para las veintiséis instituciones públicas, como así también a las de gestión privada donde se dicta esa carrera, una de las más tradicionales en Argentina y el resto del mundo. Se trata de un acontecimiento sin precedentes, que luego de transitar sus distintos momentos, se encuentra en su última etapa.

Es importante recordar que la ley de Educación Superior introdujo los conceptos de eficiencia, eficacia, calidad y evaluación; planteó la necesidad de realizar cambios sustantivos en la lógica institucional de las universidades y estableció la obligación de acreditación de todas aquellas carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, "cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes".

En este recorrido, el primer paso es la definición de estándares de calidad que las instituciones universitarias deberán cumplir, ya que forman parte de las políticas de regulación del sistema universitario nacional. El Estado, a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), evalúa el cumplimiento de esos estándares para poder determinar la acreditación de la carrera.

Este mecanismo implica un juicio de valor externo sobre la calidad de una carrera de nivel superior que, por lo tanto, consiste en certificar la validez de un proyecto educativo en una institución universitaria. Por eso, cuando se acredita una carrera se está dando fe pública, no sólo de la excelencia de los programas de estudios, sino también de los procedimientos comprometidos para su implementación y la responsabilidad de la gestión para su desarrollo.

En este sentido, los resultados de esta enorme tarea en la que estamos involucrados permitirán garantizar a la ciudadanía que las instituciones universitarias cumplen con el mandato social por las cuales fueron creadas.

Los procesos de acreditación, sin duda, han generado un fuerte impacto al interior de cada casa de estudios y es muy auspicioso ver que las universidades, además de ser instituciones que enseñan, se posicionan como aquellas que aprenden. Por esta razón, hoy es considerada no sólo como un desafío, sino también como una experiencia positiva y una oportunidad que permite nuevos procesos de aprendizaje y de concientización sobre la calidad de las carreras.

En una sociedad democrática, donde se desarrollan actividades de reconocida importancia para el bienestar colectivo, rendir cuentas implica el derecho de los actores sociales a recibir información y explicaciones, de quienes están obligados a justificar el uso de los fondos públicos. La acreditación implica también la rendición de cuentas que, además de ser un trámite administrativo y contable, es un compromiso ineludible de la Universidad, de quienes asumen la responsabilidad por las decisiones tomadas y establecen canales de comunicación con los miembros de la comunidad educativa y con los diferentes actores sociales, a efectos de propiciar una verdadera cultura de participación ciudadana. 

María Fernanda Vazquez: Decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ.Presidenta Pro-Tempore del Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales de la República Argentina.

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