Las medidas del gobierno y los números para denunciar

Para frenar la violencia policial durante el coronavirus

La emergencia sanitaria está originando desbordes policiales en varios puntos del país. El gobierno reaccionó con fuerza y coordinó con las provincias. La visión de los especialistas.

La entrada en vigencia el DNU 297/2020 que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para frenar el avance del coronavirus dio lugar a la intercepción y detención de numerosas personas que imcumplieron la normativa. A medida que los arrestos empezaron a crecer de manera exponencial, las redes sociales reflejaron casos de violencia institucional ocurridos a lo largo y ancho del país por parte de miembros de distintas fuerzas policiales, cuyas principales víctimas son integrantes de los sectores más vulnerables de la sociedad. El Ministerio de Seguridad de la Nación pasó a disponibilidad a los efectivos bajo su órbita involucrados en hechos de ese tipo y exhortó a sus pares provinciales dar una respuesta categórica a los abusos policiales.

Según datos oficiales, desde el 21 al 30 de marzo las fuerzas de seguridad interceptaron a 544.153 personas que fueron liberadas tras ser notificadas de que quedarían sometidas a una causa penal. En cambio hubo 14.849 que quedaron detenidas. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, reciben diariamente un sinfín de testimonios acompañados de videos sobre abusos de parte de fuerzas federales y provinciales contra personas de barrios populares.

Algunas imágenes muestran efectivos disparando balas de goma y balas de plomo contra los vecinos, golpeando a personas en situación de calle, persiguiendo a jóvenes en moto al punto de casi atropellarlos, obligando a “bailar” a los detenidos en plena vía pública, amenazando con golpear y matar los que no cumplen con las normas, e incluso inventando toques de queda inexistentes para que la gente se quede en su casa.

La respuesta del Gobierno

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic presidió este miércoles la Reunión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior con las autoridades de todas las carteras de seguridad del país. Allí transmitió su preocupación por los casos de abusos policiales y explicó fueron pasados a disponibilidad quienes tuvieron un comportamiento por fuera de la ley. “El presidente lo planteó el domingo: si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas”, explicó Frederic y señaló la necesidad de instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales.

Fuentes del Ministerio de Seguridad afirman que se “actuó rápidamente” en los primeros casos que recibieron y resaltan que “de ninguna manera se va a tolerar ningún abuso de parte de las fuerzas”. Entre los casos que mencionan, se incluye la suspensión de cuatro gendarmes que emitieron un audio de la película “La Purga” mientras patrullaban las calles de La Matanza, en vez de comunicar las medidas preventivas por el Covid-19. También se expulsaron otros tres gendarmes que obligaron a un grupo de jóvenes a realizar ejercicios físicos similares al servicio militar obligatorio en Isidro Casanova, de la misma localidad bonaerense.

De todas formas, cabe aclarar que la cartera dirigida por Frederic no tiene la capacidad de sancionar a las fuerzas de las provincias que hayan incurridos en hechos de violencia institucional. Es el caso de un agente de la policía de Córdoba que le disparó una bala de plomo por la espalda a un adolescente que huía tras ser detenido por violar la cuarentena. Según el diario La Voz, el joven se encuentra bien, en tanto el efectivo policial quedó en situación pasiva por orden del Tribunal de Conducta Policial de la provincia que le secuestró el arma reglamentaria y le inició un sumario.

El Ministerio de Seguridad habilitó la línea abierta 134 para dar cuenta de cualquier hecho de violencia institucional. La provincia de Buenos Aires, por su parte, cuenta con la línea gratuita 0800-999-8358 de la Auditoría General de Asuntos Internos donde también se reciben este tipo de denuncias.

Un problema de larga data

Desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta fin del gobierno de Cambiemos en 2019, 7093 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, según registra la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El saldo más criminal fue durante el mandato de Mauricio Macri. Si bien todos estos fallecimientos se originaron en casos de violencia institucional, la organización no utiliza este término porque entiende que, entre otras cosas, diluye las responsabilidades políticas.

“Apenas se anunció el despliegue de fuerzas de seguridad, a partir de la sanción del decreto 297/2020, dijimos que esto iba a ocurrir”, remarca María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. Explica que las fuerzas actúan de esta manera en la cotidianeidad, pero que se exacerban cuand se le otorgan facultades extraordinarias en el marco de una situación de excepción como la actual emergencia sanitaria.

Matías Busso, Presidente de Asociación contra la Violencia Institucional, advierte: “Lo más preocupante es que esto es avalado por gran parte de la población y son los mismos vecinos los que denuncian. Ese distanciamiento, que parece sanitario, ya se está llevando a un distanciamiento social, de falta de empatía con el otro”. Si bien la consigna “quedate en casa” se dirige a todos, el experto recuerda que hay gente que no puede aislarse, como las personas en situación de calle y los trabajadores de la economía popular.

Siguiendo esta línea, todos los especialistas coinciden en que en esta situación de excepción queda a la luz el carácter de clase que siempre tuvieron los uniformados a la hora de seleccionar, detener y tratar a una persona que incumple una norma. Las personas que dependen de salir a la calle para sostener su economía siempre fueron el blanco de la policía para cometer abusos. “A uno de los directivos de Vicentín le pidieron por favor que se bajara el yate y después del Mercedes Benz, y no está preso. Cualquier pibe de barrio que lo paran por segunda vez se vuelve reincidente y queda adentro”, apunta Verdú.

Qué se puede hacer

Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, plantea que "tenemos que evitar caer en la falsa dicotomía de que a la policía le dejas hacer lo que quiere o que no puede hacer nada porque tiene las manos atadas. La policía tiene que poder hacer los operativos necesarios para que se cumpla la cuarentena sin caer en los abusos de autoridad”. Al igual que Trufó, Busso cree que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo para que los abusos policiales no queden impunes ni se marginalicen, aunque adelanta que van a continuar ocurriendo a medida que avance la cuarentena.

Debido a esto, Busso propone que en vez de recrudecer los controles de la policía, se debería ir a un proceso que los vaya alivianando con una atención sanitaria paralela. Esta flexibilidad en el control debería estar contemplada para los sectores de bajos recursos que poseen múltiples dificultades para cumplir la cuarentena obligatoria. “Una cosa es una persona de clase media que tiene acceso a Internet y puede tramitar el permiso de circulación como debe ser. Pero otra muy distinta es una persona que está acostumbrada a la irregularidad y por ahí tiene que trasladarse para cuidar a un adulto mayor”, precisa el experto.

Tufró rescata que el Ministerio de Seguridad de la Nación haya emitido una serie de recomendaciones para las fuerzas federales con el objetivo de que hagan cumplir con el Decreto 297/2020. No obstante, señala que estas deberían ser retomadas por las autoridades de las provincias para que puedan alcanzar a las fuerzas policiales de todo el país. “La situación más complicada se da con las fuerzas provinciales y no veo que los gobiernos de las distintas provincias estén actuando con una mirada integral sobre la problemática”, agrega el especialista.

Por último, Tufró sugiere que los organismos de control interno de los distintos ministerios o secretarías de seguridad agilicen los canales para recibir denuncias e informar sobre las investigaciones internas que se inician. De todas maneras, aclara: “Los problemas estructurales que arrastran desde hace años algunas fuerzas policiales no se van a resolver en este contexto, sino que hay que pensar en políticas de más largo plazo”.

Informe: Marcos Bentancourt

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