La Unidad Fiscal contra la Narcocrimilidad (UFINAR) requerirá que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras secuestrados o decomisados en el marco de investigaciones por narcotráfico sean destinados al Ministerio Público Fiscal de Salta. 

Por ley, al MPF le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que "debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones", informó este poder en un comunicado.

Ayer el procurador General de la provincia, Abel Cornejo, emitió una resolución en la que instruye al titular de la UFINAR a requerir a los magistrados los bienes y dinero provenientes de secuestros o decomisos, "para destinarlos a los fines establecidos en la ley". En Salta, la persecución penal del microtráfico es competencia de la Justicia provincial. 

En la resolución de la Procuración General se precisa que la Ley de Presupuesto prorrogada, autoriza al Ministerio Público de la Provincia a reinvertir los fondos provenientes de “la venta de productos elaborados, bienes en desuso u otros ingresos”, tal como lo prevé la normativa legal vigente. 

Para este fin se dispuso la apertura de una cuenta bancaria en moneda nacional y otra en dólares estadounidenses, de ambas es titular el Ministerio Público de la Provincia de Salta. La UFINAR fue creada en 2017 pero "nunca dispuso de los fondos o bienes establecidos por el marco jurídico vigente", recordó el MPF.

Donación al Papa Francisco 

Por otra parte, ayer mismo el procurador General de Salta resolvió que se realice una donación con cargo al Hospital Papa Francisco, uno de los centros de referencia para atender a posibles pacientes por la pandemia del coronavirus. 

La donación consiste en el equipamiento para un lavadero que podrá ser utilizado por todos los hospitales de la Capital una vez superada la emergencia sanitaria actual. El MPF informó que los fondos para comprar el equipamiento saldrán de los incautados en causas de microtráfico. 

Precisamente, la donación al Hospital es de $2.100.000, lo que se estima que se recaudará con el porcentaje que le corresponde de los fondos secuestrados o decomisados al narcotraficantes. Estos fondos serán destinados "exclusivamente a la compra de una lavadora de ropa; una centrífuga pendular; un secador rotativo y una planchadora cubeta, para el funcionamiento de un lavadero que será de utilidad tanto para el Hospital como para el Centro de Convenciones, ambas instituciones designadas como Centros de Referencia para el tratamiento del Covid-19 en la provincia de Salta".

El cargo es porque una vez finalizado el período de emergencia epidemiológica, los bienes adquiridos deberán ser destinados exclusivamente para el uso de los hospitales públicos de la capital.

Mediante una resolución Cornejo también instruyó a la Dirección de Administración a transferir los fondos a la cuenta que brinde el Hospital e ordenó al fiscal penal a cargo de la UFINAR, para que solicite a los juzgados de feria, con carácter de urgente, los libramientos de los fondos secuestrados que corresponden al MPF. 

El procurador también explicó por qué decidió comprar el equipamiento en lugar de hacer una donación en efectivo. 

Sobre la decisión de que el Ministerio Público Fiscal haga esta donación a los hospitales, recordó que "La defensa de los intereses generales de la sociedad constituye una de las misiones más trascendentales del Ministerio Público Fiscal, según lo establece la Constitución de la Provincia de Salta; y la salud y seguridad de la comunidad salteña resultan hoy ser bienes jurídicos de prioritario resguardo constitucional" por eso "en su condición de representante del interés social", el MPF "puede movilizar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para responder a situaciones de contingencia".

El Procurador sostuvo que la situación de excepcionalidad que se vive hoy, "obliga a extremar esfuerzos y ponderar la administración de los recursos de una manera equilibrada conforme a la gravedad que la hora exige” y en estas circunstancias “la transparencia y la solidaridad (...) demandan mayores recaudos y como tal conductas apropiadas al uso y destino de fondos que nada tienen que ver con posturas ampulosas o dadivosas, sino con una eficaz ayuda para los organismos de la salud pública que demandan equipamiento con carácter de urgente”.

Ya sobre la forma en que deben llevarse a cabo estas aportes a la salud pública, Cornejo afirmó que "no se trata de recolectar o formar colectas, sino de atender con premura y responsabilidad a los centros sanitarios". 

Añadió que “las donaciones de sumas de dinero o la incautación de un porcentaje del salario que perciben los trabajadores, lejos de paliar una cuestión apremiante, posibilitan que se generen confusiones o destinos inciertos, cuando el control republicano exige que cualquier destino del erario debe ser debidamente auditado y cotejado con las cuentas para los cuales se los asignó”.

Por eso entendió que una compra directa de equipamiento hospitalario "es mucho más provechosa y diáfana", más todavía si los fondos provienen de secuestros, porque "no le cuestan al Estado ni un céntimo de su patrimonio", a pesar de lo cual aclaró que se dará intervención a la Auditoría General de la Provincia, para que ejerza el control.