La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos rechazó el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a una veintena de represores en el marco de la pandemia del coronavirus. "Por su condición de responsables de los atroces crímenes de la dictadura militar, civil, eclesiástica que sufrió nuestro pueblo no corresponde el acceso a ninguno de los beneficios procesales", advirtió el organismo.

A través de un comunicado, la AEDD hizo suyo el recuento que desde la Procuraduría especializada en Delitos de Lesa Humanidad difundió ayer sobre los pedidos de excarcelación o arresto domiciliario con los que los genocidas aprovecharon las el contexto de medidas de prevención que el Estado argentino está aplicando para prevenir la propagación del virus. 

Hasta el viernes 3 de abril, el organismo del Ministerio Público Fiscal contabilizó 104 pedidos de estos beneficios amparados en la declaración de la pandemia en el país que el Ejecutivo realizó mediante un decreto. De esos pedidos, 19 cuentan la cuestión etaria como único argumento, mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud. Sólo 58 fueron resueltos; en 17, la Justicia Federal habilitó el beneficio. Hubo más casos en los últimos días, este diario contabilizó 20. Si bien la Cámara de Casación invitó a magistrados y magistradas a hacer suyas las recomendaciones que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad en el contexto de la pandemia, en esas recomendaciones quedaron exceptuados aquellos detenidos condenados por cometer delitos contra la vida, entre otros. 

Los beneficios reclamados por los genocidas, y en varios casos, otorgados por jueces federales, según la AEDD, "no les corresponden porque siguen cometiendo el delito de ocultar el paradero y el destino de nuestros/as compañeros/as", puntualizaron desde el organismo. 

Más allá de la circunstancias especiales de la circulación del virus que modificó la cotidianeidad de las poblaciones en todo el mundo, el espacio recordó que "el 70 por ciento de los genocidas" goza del arresto domiciliario. Según las más recientes estadísticas del espacio fiscal encabezado por Ángeles Ramos, de un total de 913 represores detenidos, 637 cumplen con el encierro en sus casas, una cantidad que creció en los últimos cinco años. Los genocidas encarcelados en el marco del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, no obstante, son bastante menos que los que atraviesan la investigación en libertad. Estos últimos alcanzan el 47 por ciento del total; unos 1563 de 3161.

"Siempre hemos repudiado estos privilegios para los genocidas que abonan el camino de la impunidad. En las cárceles gozan de condiciones privilegiadas, distantes de las condiciones de hacinamiento que sufren las personas privadas de la libertad por delitos 'comunes'. Tienen celdas individuales y sistemas de salud apropiados", puntualizaron desde la asociación que integra el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La agrupación culminó su descargo con un reclamo siempre presente en las arengas vinculadas a la lucha de los organismos de derechos humanos locales: "El único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva".