El parate económico para contener la pandemia puso en jaque a las pymes. Sólo el 16 por ciento podrá afrontar los costos de salarios y gastos operativos del mes de abril y el 6 por ciento considera cerrar sus puertas. Estiman que se podrían perder hasta 600 mil puestos de trabajo con los potenciales cierres o achique de empresas. El costo de la inactividad se estima en 115 millones de dólares diarios. Así se desprende de un relevamiento del Observatorio Pyme de la Unión Industrial Argentina, en base a una encuesta realizada en 960 micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, de actividades de agricultura, comercio, construcción, industria manufacturera, servicios y profesionales independientes.

Sólo el 10 por ciento de las pymes está completamente operativa. Las empresas no operativas son más de la mitad (alcanzan el 54 por ciento), con una mayor proporción de micro y pequeñas. La tasa de inactividad es mayor en la construcción, donde alcanza el 75 por ciento, en la industria manufacturera (65 por ciento) y los comercios (61 por ciento).

Otra de las consultas tuvo que ver con el grado de liquidez, una variable con tasas históricamente bajas entre las pymes. Se preguntó a las empresas si con las propias reservas de activos líquidos podrían afrontar el pago de salarios y los gastos fijos de abril. Sólo el 16 por ciento podrá afrontarlo sin problemas: se trata de las firmas pertenecientes a la actividad agropecuaria. Un 24 por ciento considera que no podrá afrontar los gastos ni siquiera con la ayuda del gobierno.Allí se ubican las microempresas, las manufactureras y de comercio. En tanto, un 6 por ciento considera directamente abandonar la actividad, sobre todo las de servicio.

Las pymes apoyan las iniciativas aprobadas por el Gobierno, pero solicitan medidas adicionales. El crédito blando a tasa cero fue considerado útil por el 91 por ciento de las empresas. El 44 por ciento dijo que el sistema financiero debe adaptarse a la crisis, abrir sus puertas y flexibilizar condiciones requeridas para ser sujeto de crédito. La flexibilización de la cuarentena es reclamada por todos los sectores, sobre todo el de la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el agro. En tanto, el 63 por ciento consideró la suspensión concertada con los trabajadores como una medida útil, con mayor aceptación en la construcción y las manufacturas.

Las medidas tomadas por el Gobierno que fueron más valoradas son las que tienen que ver con instrumentos fiscales, más que con compensación salarial y créditos. “El tema impositivo es de inmediata aplicación, en cambio la asignación compensatoria al salario deben ser aprobada por Producción, Economía, Trabajo, Anses y Jefatura de Gabinete. Hay temor por cargas burocráticas y son bien conocidas las limitaciones del sistema bancario”, establece el informe. Las empresas fueron consultadas a qué programa público planeaban acceder y las más votadas fueron la postergación y reducción de contribuciones patronales y la extensión de la moratoria fiscal.

En base a los resultados de la muestra, el observatorio de los industriales realizó estimaciones sobre el riesgo de cierre de empresas y del riesgo ocupacional. La pérdida de empleo a causa de potenciales cierres de empresas es de 190 mil puestos de trabajo. En tanto, si se considera el riesgo de quiebra o drástica disminución de la actividad de empresas con falta de liquidez, los puestos en riesgo ascienden a 600 mil. “La dirección que tomó el Gobierno es correcta, pero no va a alcanzar, no hay salida sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y el Gobierno”, dijo a este diario Vicente Donato, director del Observatorio.