La CIDH pide que se investigue la muerte dudosa del periodista argentino en Bolivia

Caso Sebastián Moro: "Seguimos buscando justicia"

  Según el relator para la Libertad de Expresión “es fundamental que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial" la muerte de Moro durante el golpe. 
La CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro.La CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro.La CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro.La CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro.La CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro.
La CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro. 

Por Gustavo Veiga

La muerte dudosa del periodista argentino Sebastián Moro en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales aparece en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. La mención del caso en el texto de 392 páginas que firma el abogado uruguayo Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión, fue recibida con satisfacción por Penélope Rocchietti Moro, la hermana del trabajador de prensa: “Es muy auspicioso que la CIDH destaque la muerte de Sebastián, esa visibilidad es muy positiva porque seguimos buscando justicia para él”, le dijo la periodista mendocina a Página/12.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA – organización ésta que se manejó de manera sesgada en Bolivia respaldando al régimen de Jeanine Añez – se refiere a los hechos ocurridos en 35 países de América durante 2019. En el caso de Moro describe que “ha recibido información sobre las circunstancias poco claras que rodean la muerte del periodista, entre ellas, el parte médico sobre politraumatismos en su cuerpo, sobre la falta de herramientas de trabajo en su domicilio, como ser la grabadora, el chaleco y una libreta de anotaciones”.

Penélope comentó ayer que “el informe es bastante completo y además es importante que la denuncia se haya visto reflejada en los medios bolivianos. El diario La Razón la ubicó en un lugar destacado”. El texto de la CIDH sostiene en su página 64: “… el 10 de noviembre y tras haber enviado el último artículo al medio argentino (por Página/12) sobre la situación en Bolivia, el periodista fue encontrado inconsciente en su domicilio y fallecería seis días después en una clínica privada, según el parte médico por un ACV, aunque la familia ha denunciado que podría haber posibilidad de que haya sido asesinado por su trabajo periodístico”.

El informe firmado por Lanza señala que “es fundamental que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”. Precisa además que antes y durante el golpe de Estado en Bolivia hubo “persecusión y hostigamiento” a trabajadores de prensa. Cita los casos del corresponsal de Izquierda Diario Carlos Cornejo y el colaborador de Desinformémonos de México, Juan Trujillo, entre otros.

Rocchietti Moro comentó que pese a la extensión del trabajo – la parte de Bolivia tiene 15 páginas y apenas es superada por Brasil – “no se menciona el caso de Facundo Molares Schoenfeld el reportero gráfico argentino de la revista Centenario que se encuentra arrestado e internado en precario estado de salud en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Hugo, su padre, juez de Paz de Trevelin en Chubut, explicó que su hijo “está detenido ilegalmente y nada de lo que hicieron con él tiene justificación”. El medio digital para el que trabaja denuncia que “el gobierno golpista impidió a sus familiares poder visitarlo y cuando lo intentaron fueron enviados a la fuerza a la Argentina, encontrándose prácticamente incomunicados”.

El gobierno de Añez firmó a fines de marzo un decreto tomando como coartada la expansión de COVID-19 para censurar y perseguir a periodistas y todo opositor que cuestione los actos de los golpistas. Según la organización Human Rights Watch (HRW) “permite a las autoridades procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas”.

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