Pedido de informes en Diputados por la compra de misoprostol

Antiderechos y coronavirus: piden informes por la ILE "en el marco de la pandemia "

El reclamo, presentado por diputadas y diputados del lobby confesional, fue planteado luego de que el ministerio de Salud confirmara que el acceso a anticonceptivos y a la ILE son servicios esenciales.
Imagen: Télam

Un grupo de diputadas y diputados antiderechos presentó un pedido de informes para que el ministerio de Salud de la Nación explique “las compras y contrataciones” de misoprostol “en el marco de considerar a la ‘interrupción legal del embarazo’ como un ”servicio esencial” durante la pandemia de la covid-19. 

El proyecto fue presentado por la legisladora Dina Rezinovsky, del Pro, y acompañado por más de una decena de representantes del mismo sector, y muchos de los cuales sostienen como parte fundamental de su agenda en el Congreso la impronta confesional y antiderechos. Entre las firmas que avalan la presentación, se encuentran las de Pablo Torello (recordado por su afirmación de que las feministas “son incogibles” y las presuntas explicaciones posteriores), Victoria Morales Gorleri (que supo ser funcionaria de Carolina Stanley en el ministerio de Desarrollo y durante una década fungió de secretaria vicaria episcopal), David Schlereth (pastor bautista y activista de la movida frustrada para convertir en ícono antiderechos al ginecólogo condenado Leandro Rodríguez Lastra) y la radical Estela Regidor (que en 2018 comparó a mujeres con embarazos no deseados con perritas embarazadas ).

El pedido de informes, ingresado el miércoles, no es es el único proyecto que Rezinovsky elaboró a raíz del anuncio del coordinador de Salud de la Adolescencia, Juan Carlos Escobar, quien el lunes explicó que se recomendaba “suspender los controles de rutina para no sobrecargar el sistema” pero que la ILE y el acceso a anticonceptivos no estaban alcanzados por las restricciones del aislamiento. 

El martes, Rezinovsky había presentado un proyecto para “expresar repudio las declaraciones del coordinador del Programa de Salud Integral de la Adolescencia relacionadas con el acceso a la interrupción legal del embarazo como servicio esencial, en el marco de la pandemia de la covid-19”.

El pedido de informes fue presentado por la diputada Rezinovsky, oriunda de La Rioja, donde residen sus padres, dirigentes de la iglesia evangélica Cristo para todos, pero que asumió en representación de la Ciudad de Buenos Aires. Ex coordinadora regional del Instituto Nacional de Juventud, fue también una de las legisladoras que pusieron el grito en el cielo a fines de 2019, cuando el entonces secretario de Salud Adolfo Rubinstein publicó el Protocolo de atención de abortos no punibles .

En su presentación, la legisladora solicita “las explicaciones pertinentes respecto a la decisión del gobierno nacional de garantizar la práctica abortiva como un ‘servicio esencial’ durante la pandemia atento a que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que los países deben identificar los servicios esenciales que se priorizarán”.

En su intervención durante el reporte diario del ministerio de Salud, Escobar había detallado, específicamente, que la recomendación es “suspender los controles de rutina para no sobrecargar al sistema”. El funcionario había añadido que las restricciones no aplicaban al acceso a métodos anticonceptivos y la ILE. “Según la Organización Mundial de la Salud estos son servicios esenciales, y desde el Ministerio, y en consonancia con el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia estamos trabajando fuertemente con las provincias para generar y garantizar estas prestaciones”, abundó.

Les antiderechos, que citan ese fragmento de Escobar en su pedido a la Cámara, aseguraron que las personas gestantes “están siendo olvidadas por nuestro sistema sanitario: no se les conceden turnos, no pueden realizarse los chequeos esenciales del embarazo y no reciben la atención prioritaria para el cuidado de los recién nacidos y los controles post-parto”. 

Por eso, dice el pedido de informes, “se torna imperiosa la necesidad de poner en conocimiento el gasto realizado en los comprimidos de Misoprostol , máxime en el contexto de emergencia sanitaria nacional que estamos viviendo en el que las mujeres embarazadas no están siendo atendidas ni garantizadas de los controles pre y post natales”. Argumenta esa afirmación una nota de un diario cordobés de principios de abril, en la que el secretario de Salud municipal detalló que en los centros municipales de la capital de Córdoba no se hacen controles a embarazadas.

El pedido de la diputada Rezinovsky y sus pares también asegura que “las cirugías se encuentran suspendidas” (algo para lo cual remiten al reporte diario de casos positivos en el todo el país que el ministerio de Salud brindó el 26 de marzo), "los hospitales no cuentan con los insumos suficientes para afrontar esta pandemia" (lo avalan con notas publicadas en la web de un canal de noticias entre mayo de 2012 y noviembre de 2018 ).

Afirma la diputada, también, que  "los enfermos crónicos se encuentran sin el debido tratamiento en atención a la pandemia del coronavirus en Argentina; y los gobiernos locales se encuentran implementando nuevas medidas de atención". Para sostener esa afirmación, reenvían a una página del Gobierno de la Ciudad que detalla la "nueva modalidad de atención al público ante la emergencia sanitaria".

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