Desde Santa Fe.
Un acuerdo político entre socialistas, radicales y sus colegas del PRO habilitó ayer en la Cámara de Diputados la reforma de 52 artículos del Código Procesal Penal que asignan más poderes a los fiscales, entre ellos dirigir allanamientos autorizados por medios electrónicos. El operativo ya se había intentado el 22 de diciembre, pero no prosperó por las disidencias en el bloque oficial. Así que el consenso se negoció en estos tres meses en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Rubén Galassi y anoche se reflejó en el tablero del recinto: 36 votos a favor y 9 en contra. El dictamen de Diputados modificó al que venía del Senado ("esa obra de terror" del senador Lisandro Enrico, como la definió uno de los diputados que se opuso), por lo que la media sanción volvió a la Cámara alta. "Esto no es retroceso ni una contra reforma", dijo Galassi.
Galassi defendió el proyecto de Diputados ante la "necesidad darle más herramientas a los actores del sistema", que son los fiscales y querellantes. Después, se anotaron en esa línea, sus pares del Frente Progresista, entre ellos Alicia Gutiérrez y Verónica Benas; del peronismo, Julio Eggimann y Claudia Giaccone y de la UCR, Fabián Palo Oliver, quienes el 22 de diciembre iban a votar en contra, pero ayer lo hicieron a favor, en general, con algunas disidencias parciales.
Así, quedaron sólo nueve diputados críticos: cinco del Frente para la Victoria, entre ellos Héctor Cavallero y Leandro Busatto, Carlos del Frade y Mercedes Meier, de la izquierda y los socialistas disidentes Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger.
Precisamente, la sesión de ayer anticipó el debate por la designación de los jefes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública. El asunto lo metió Galassi, cuando dijo que el gobernador Miguel Lifschitz había enviado el miércoles a la Legislatura los pliegos del fiscal Jorge Baclini (para reemplazar a Julio de Olazábal) y el de la camarista Jaqueline Balagione (para suceder a Ganón), entre otros. Del Frade tomó el guante: "Se está por designar como defensora provincial a la esposa del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le vamos a explicar al pueblo que eso no es nepotismo?". En los cruces porque lo que Galassi consideró un "cambio positivo" del Código Procesal Penal y los críticos una versión edulcorada del proyecto Enrico, la diputada Augsburger dijo que sólo se habían hecho "pequeñas modificaciones" al texto del Senado como una "respuesta efectista" a las demandas de mano dura.
Del Frade coincidió: "Esto tiene que ver con las marchas de Rosario sangra. Si negamos el cúmulo de medidas que anunció el gobernador, faltamos a la verdad". Y consideró que la mayoría de las reformas son "inconstitucionales". "No van a servir para perseguir a delincuentes de guante blanco, sino a delitos que después aparecen en la tapa de los diarios. La demagogia punitiva. ¿Quién actúa en la investigación? La policía de Santa Fe que sigue siendo una policía corrupta", planteó el legislador.
Busatto justificó su voto en contra porque se mantenían los "injertos inconstitucionales de esa verdadera obra de terror" que era el proyecto Enrico. "La reforma es represiva y claramente contraria a la misma ley", abundó.
La diputada Gutiérrez dijo que el proceso penal de la provincia se ajusta al paradigma de los derechos humanos. "Ya se cumplieron tres años de su vigencia y no sólo hace falta esta modificación, sino que quizás en el futuro tengamos que hacer otras, pero no al compás del reclamo de mayores penas y más detenciones". Y recordó que Santa Fe carece de un "Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que Diputados aprobó cuatro veces" y el Senado cajoneó otras tantas. Reclamó conocer "más antecedentes sobre los fiscales, porque el reclamo de la sociedad es hacia la política, pero también a la justicia que tiene mirada sesgada y, a veces, sexista. Santa Fe avanzó muchísimo, pero todavía falta mucho más", cerró.
Para el diputado Jorge Henn uno de los temas más trascendentes de esta nueva ley es la ampliación de los derechos de las víctimas: "Es una reforma que humaniza el sistema judicial porque nos acerca a las víctimas del dolor, a los niños desprotegidos, a las mujeres que sufren violencia de género, a todos aquellos que son víctimas de abuso del poder. Ellos son los grandes olvidados del proceso penal y muchas veces están condenados a sufrir en silencio los laberintos de la burocracia".
