Un militar imputado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo que estuvo prófugo durante tres años podría volver a su casa de un country de Pilar. El espaldarazo hacia la impunidad del oficial de inteligencia Marcelo Cinto Courteaux surge de una resolución que firmaron el jueves, en el 43º aniversario de Madres de Plaza de Mayo, los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, de la Cámara Federal de Casación Penal, que le ordenaron al Tribunal Oral Federal 4 de San Martín anular el fallo que le había negado la excarcelación y dictar otro priorizando el riesgo derivado del avance del coronavirus. El juez Alejandro Slokar, en disidencia y en línea con las querellas y la fiscalía, destacó la gravedad de los crímenes por los que se lo juzga, los riesgos procesales y para los familiares de las víctimas que implicaría inclusive el arresto domiciliario para quien ya demostró voluntad y capacidad de escabullirse del Estado, y el hecho de que el sector del penal de Ezeiza donde pasa sus días está “subpoblado”, con una tasa de ocupación de apenas el 55 por ciento.

El tribunal de San Martín juzga a Cinto Courteaux por su participación en los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de 88 militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros entre 1979 y 1980, cuando era jefe de la primera sección del Destacamento de Inteligencia 201 que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino de torturas y exterminio del país. El militar de 72 años que pretende volver al selecto barrio cerrado “Santa María de los Olivos”, en la localidad de Pilar, gozó de impunidad y anonimato hasta 2014 cuando la jueza federal Alicia Vence lo citó a indagatoria. Courteaux pidió entonces una prórroga y se fugó. El Ministerio de Justicia llegó a ofrecer 500 mil pesos de recompensa para ubicarlo y el Estado desplegó costosas tareas de inteligencia en varios países. Tres años después, en mayo de 2017, la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo en un locutorio de Pueyrredón y Santa Fe, en plena Capital. En su billetera llevaba una foto del abogado Pablo Llonto, incansable militante en las causas de lesa humanidad, y una indicación del lugar de trabajo donde podía ubicarlo: la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata.

El 18 de marzo pasado el tribunal de San Martín rechazó el pedido de excarcelación que el represor fundamentó en la pandemia, su edad y su hipertensión. Los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y Claudia Morguese Martín destacaron que en el pabellón de adultos mayores de Ezeiza los internos no están hacinados y tienen personal médico idóneo, y que la condición de encierro, lejos de agravar el riesgo, “profundiza la posibilidad de evitar el contagio”. Antes la fiscal Gabriela Sosti había considerado “un desatino el aprovechamiento de este contexto para intentar la liberación” y Llonto había destacado las condiciones de salubridad del penal, en el que no había ningún caso sospechosos de covid-19.

El voto de Casación que argumenta a favor de la excarcelación lo firma Mahiques, el ex ministro de Justicia bonaerense de María Eugenia Vidal que llegó a Casación sin concurso durante el gobierno de Mauricio Macri. “No está controvertido que es una persona de 72 años, padece los problemas de salud detallados supra y cumple detención desde el 6 de mayo de 2017”, escribió, y apuntó que su nombre figura en el listado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre “internos con riesgo de salud a partir del coronavirus” alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. “Se impone adoptar pronunciamientos que resguarden adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, por su situación de vulnerabilidad para hacer cesar la actual y excepcional situación de riesgo”, destacó. A su voto adhirió Yacobucci, el ex escriba de la revista Cabildo en pleno terrorismo de Estado que en 2008 intentó liberar a Astiz, Acosta y otros represores de la ESMA.

“El fallo en esa sala era previsible porque sabemos que Mahiques y Yacobucci comulgan ideológicamente con las ideas de Cinto Courteaux", afirmó Llonto al portal El Destape. “Mahiques es un juez liberador de asesinos igual que Yacobucci. Ya lo han hecho en anteriores oportunidades”, recordó. El abogado cuestionó que “en la resolución hablan de reevaluar la situación de la unidad carcelaria donde está Courteaux pero está en una unidad que es un privilegio, no tiene hacinamiento, hay menos gente de la que podría estar, todo lo contrario de algunas otras cárceles, y hay un hospital a poca distancia”. “Además no tiene un solo caso de coronavirus. Su fundamento es político y no jurídico”, destacó.