La agenda pública impuesta por la pandemia podría resumirse en un puñado de ítems que concentran la atención de gobernantes en todo el planeta. En la Argentina acerca posiciones entre el presidente Alberto Fernández con los gobernadores e intendentes, en particular los de provincias o ciudades muy populosas. Eligen una racionalidad similar: consciente, reflexiva, privilegiando a la vida y la salud entre tantas variables acuciantes.
Otra dirigencia macrista o radical sin responsabilidades de gestión se dedica a torpedear al oficialismo, hacer papelones como la travesía por la democracia, apostar a la bronca ciudadana. Tratan de inventarle a AF un adversario social como fueron Juan Carlos Blumberg para Néstor Kirchner en 2004 o “el campo” para Cristina Fernández de Kirchner en 2008. La mal llamada (aunque astutamente elegida como combate) “liberación de los presos” les propició un logro en estos días. No les asiste razón pero sintonizan la furia colectiva frente a una medida necesaria y antipática que el sistema judicial y carcelario no puede ejecutar debidamente. Abordaremos el punto, que da para más, en próximas notas.
El establishment económico-mediático se vale de esa dirigencia aliada que le siembra árboles para tapar el bosque. El bosque lo componen la desigualdad, el capitalismo global existente, los intereses de los acreedores externos, la intangibilidad de las fortunas exorbitantes. Defender eso de frente se hace cuesta arriba; se acude a elipsis, bolazos, a “los intereses de todos”. El diario “La Nación”, honor al mérito, lo hace sin ambages. Macartismo desembozado, clamor por las empresas, silencio para los derechos sociales. Comete barbaridades como aludir a “la raíz montonera” de Fernanda Raverta. El supuesto pecado de la familia que se transmite por generaciones. La sangre contaminada que heredan las hijas. Pilares del racismo y la discriminación que pululan, emponzoñan.
El multimedios “Clarín” acude a mecanismos intrincados, encubridores. Solo su principal columnista económico defiende abiertamente a los bonistas externos, funge de vocero de sus patoteadas. Otros editores disimulan un cachito. Se enardecen contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, alias “Lady Macbeth” o contra La Cámpora. Siembran esos árboles.
Regresemos a la economía política… dilemática pero menos desagradable.
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Que florezcan mil medidas: Los poderes ejecutivos habilitan actividades con más soltura en ciudades chicas o en territorios con pocos contagios. Entre tanto, el Estado nacional acumula acciones concebidas como un modo peronista de gerenciar la catástrofe. Proteger el empleo, mantener hibernada (viva, pues) una fracción tremenda de la capacidad instalada. Ayuda alimentaria y programas de ingresos adicionales para sectores cada vez más amplios de la pirámide social. Rumbo emprendido con convicción, fallas, contradicciones, resistencias dignas de mención. Si se miran las partes del “programa” (subrayamos las comillas) carecen de originalidad: se practican en otras comarcas. Si se observa el conjunto es encomiable, progresista en sus intenciones.
Por orden de aparición se comenzó con créditos para empresas. El Banco Central habilitaba líneas, la banca pública y privada ten(dr)ía que otorgar los créditos. El peso de lo preexistente condicionó el funcionamiento. La banca privada, con contadas y meritorias excepciones, se orienta a consolidar la concentración de poder y riqueza. El ministro de Desarrollo productivo Matías Kulfas formuló un balance hasta hoy, en declaraciones por FM Nacional Folclórica. Los bancos privados, reseñó. demoraron los trámites causando “malhumor” del Gobierno. Desde siempre entorpecen el acceso a las PyMES, acuden a trámites engorrosos, pedidos de papelería inaccesible. El Gobierno, aseveró Kulfas, exigió y presionó para que llegaran respuestas. Se van concretando recién ahora con fluidez. El lapso atrancado perjudicó a los trabajadores, a empresas chicas o medianas…podía haberse evitado. Un mes, acotamos, pesa como un año en otros contextos.
En el ínterin se dispuso el pago directo de hasta el cincuenta por ciento de salarios a trabajadores de empresas en apuros, con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En el medio se cuela el pacto entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), prefigurado por acuerdos entre sindicatos y corporaciones empresarias sectoriales. Se aplican en actividades paralizadas por la cuarentena. Se abona el 75 por ciento del salario de bolsillo, como regla general que admite un abanico de excepciones. La contrapartida consiste en no suspender ni despedir durante la vigencia de los acuerdos.
El ministerio de Trabajo reconoce validez a la inédita paritaria, que puede homologar verificando que cumple las normas vigentes. No da la impresión de que el sistema sea legal considerando el carácter protectorio del derecho laboral argentino. Pero la conjunción entre gremios, patronales, estado y la necesidad de los laburantes --se supone-- validará la flexibilización. Habrá sindicatos, ramas de actividad, centrales obreras como la CTA, que se opongan.
El cuadro reproduce, en una coyuntura atroz, el estadio en que se encontraban las relaciones profesionales hace un año o tres. El movimiento obrero fragmentado: sin liderazgos unificados, con demasiados Secretarios Generales de baja combatividad. El crecimiento y la política pro operaria del kirchnerismo “subsidiaron” a cúpulas gremiales que se conformaban con firmar paritarias que le ganaban a la inflación o la empardaban, en la mayor parte de los casos. Otros derechos dependían del Gobierno o los conseguían los sindicatos mejor organizados y conducidos. La conducción de la CGT congrega baja legitimidad desde hace demasiado tiempo.
Retomemos: las sucesivas acciones apuntan a evitar quiebras, cierres de establecimientos, despidos masivos. La pretensión explica las movidas oficiales que, sin duda, prefiguran otras porque la malaria se prolonga y las necesidades crecen. Se destina un porcentaje ascendente del menguante Producto Bruto Interno (PBI) a paliar la malaria. La mejor política posible dentro del cruel marco de lo accesible.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) merece un párrafo aparte.
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El IFE (part one): Concebido como un programa adicional de transferencia de ingresos, el IFE resalta por varios aspectos y por su alta noticiabilidad. Hacemos un repaso a vuelo de dron:
* Se concibió y concretó en tiempo record.
* Se supuso que comprendería a alrededor de 3,8 millones de beneficiarios. Se concedió a 7,9 millones, duplicación larga que impactó en el monto de la inversión social. Las evaluaciones oficiales posteriores interpretan que un factor determinante del chocante gap atañe a la definición laxa del “grupo familiar”, que permitió la incorporación de beneficiarios no previstos.
* El crecimiento de la base social --destaca de modo certero un documento de la Dirección de economía, igualdad y género del ministerio de Economía-- no implica (textual): “que existan dentro de este universo individuos que no cumplan con la condiciones del IFE. (…) En todos los casos se trata de una población cuyos ingresos son bajos, inestables e insuficientes para quedarse en casa”. La explicación, sencilla cuan dolorosa, es “que a la pobreza y desigualdad estructural de la economía se le sumaron actividades nuevas, los nuevos sectores vulnerables por la crisis causada por el COVID que, producto de la pandemia y las medidas de salud implementadas, se ven privadas de generar ingresos”. En jerga de este cronista: no se produjo el aluvión de avivados, “planeros” que la derecha autóctona e internacional denuncia ante cada medida social compensatoria de desigualdades.
* El cronograma de pagos se resintió por un haz de motivos, entre ellos la carencia de bancarización de muchos beneficiarios, incluyendo trabajadores formalizados que deberían estarlo.
* Jóvenes de entre 18 y 25 años componen el 24.8 por ciento del total de perceptores.
La prolongación de la cuarentena motiva al Gobierno a pensar un nuevo programa de ingresos contemplando aciertos y falencias del IFE. Una de éstas: llegó poco a argentinos de sectores medios empobrecidos por la covid-19. El mundo de los cuentapropistas engrosado bajo la presidencia de Mauricio Macri: el 22,9 por ciento de la población ocupada, según el aludido informe de Economía.
Un alto funcionario de otra cartera razona que “no llegamos a todos los que queríamos abarcar”. Gente común de clase media en descenso, cuyo flujo de ingresos se cercenó. Un sector sub estudiado, “inasible”, integrado por quienes deben vender su propio trabajo para poder sobrevivir.
De nuevo, gravita lo preexistente. Seis millones de trabajadores registrados en la actividad privada versus una cifra superior, creciente, de informales y desocupados. El IFE dotó al Estado un relevamiento actualizado del mundo de la pobreza pero no alcanza a distinguir entre laburantes parados y “en negro”. Ni hablar de los que reciben paga “en gris” (parte formal y parte por debajo de la mesa).
En la Casa Rosada, Economía y la ANSES estudian cómo mejorar las prestaciones de la IFE con un nuevo programa que supere al anterior, también por un mes. Los detalles se están elaborando. Seguramente no será una nueva ronda del universo de los que van cobrando (un IFE II, pongalé). Ni, tal vez. siquiera ampliado con aquellos cuyos pedidos se rechazaron por falta de datos.
La premura se nutre con análisis circunstanciados. Las discusiones internas, tan necesarias cuan desgastantes, empujaron el primer relevo importante de funcionarios dispuesto por el presidente: el pedido de renuncia a Alejandro Vanoli y la designación de Fernanda Raverta en la ANSES. La Vulgata traduce la movida en términos de ofensiva del castro-chavismo K. El diagnóstico reduccionista se mezcla con el desdén al piso de protección social que dejó el kirchnerismo. En especial, las jubilaciones cuasi universales y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Más sensato, el gobierno de Colombia le solicita al Gobierno información urgente sobre la AUH.
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El conflicto vivo: Volvamos al principio. La cuarentena se prolonga, en defensa de derechos esenciales. El encierro persiste, el horizonte de salida se aleja, acentuando incertidumbres, miedos, pánicos. Un costo colectivo acaso inevitable pero riesgoso.
El Gobierno universaliza prestaciones, atiende necesidades de amplias franjas sociales.
La derecha nativa, pragmática e inteligente, se organiza para defender el orden previo. Su narrativa niega el conflicto entre clases, su praxis defiende las posiciones adquiridas.
La peste carece de precedentes estrictos. La crisis capitalista de 2008-2009 ofrece, empero, algunas enseñanzas. Expuso en carne viva las lacras del capitalismo financiero. La causaron los bancos, el capital privado… salieron fortalecidos en el balance ulterior. Resultaron ganadores de la catástrofe que engendraron.
En un formidable ensayo publicado en L´Humanité, Denis Merklen, sociólogo rioplatense radicado en Francia, alerta:
“La covid-19 corre el riesgo de transformarse en una metáfora. La llamada a una solidaridad sin adversarios es como declarar la guerra a un virus. En la vida social hay riesgos naturales, verdaderos pero los enemigos y adversarios de las solidaridades son siempre humanos. Conviene identificarlos. El modelo de desarrollo que nos lleva a la crisis, el de la mundialización incontrolada y de puro mercado que hace decir hoy que la solidaridad está amenazada constituye el proyecto que construyen los grupos dirigentes de nuestra sociedad (…). Olvidar la conflictividad que habitaba nuestra sociedad hace unos meses como si no existiera más es el mejor medio de tornar vano el llamado a la solidaridad y de prepararse para que todo vuelva a ser como antes”.
La reflexión, que traducimos libremente, contradice a varios optimistas de la progresía que atisban en datos coyunturales la profecía imparable del porvenir. Estados fuertes, atención a la salud pública, medidas universales, gasto social creciente. Tal futuro, opina quien firma esta columna, es hipotético, acaso factible. Pero debe ser construido desde las políticas públicas, la participación ciudadana, la militancia… aún en el mundo de las palabras e ideas. El Gobierno argentino se orienta en ese sentido, sus adversarios le serruchan el piso. Todos saben lo que hacen. La correlación de fuerzas acaso mejoró un poco, pero sigue siendo adversa.
