La Sala II de la Cámara de Casación Penal sigue marcando camino hacia la flexibilización de la situación de encierro de represores condenados o investigados por delitos de lesa humanidad. Desde hace algunas semanas viene habilitando el beneficio de la prisión preventiva para aquellos investigados o enjuiciados por su participación en crímenes de la última dictadura con la excusa de que su vida, en prisión, corre riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus. Pues ayer, ya ni siquiera mencionó la situación de emergencia sanitaria a la hora de anular, por mayoría, la prisión preventiva de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, tres ex integrantes del V Cuerpo del Ejército que aguardan el debate oral que evalúe su nivel de participación en secuestros, torturas y desapariciones en Bahía Blanca.

En tres fallos escuetos, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques enviaron los expedientes de Bonini, Maidana y Gandolfo al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca para que reemplace las preventivas que pesaban sobre los represores con "una medida restrictiva morigerada de control cautelar”. En pocas palabras, los camaristas argumentaron su decisión en que, en los tres casos, se superaron los tres años de encierro sin condena ni proceso judicial. En ninguno de los tres fallos se invocaron cuestiones de riesgos de salud en el marco de la pandemia de coronavirus.

Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército y, según la causa que revisa la actuación del V Cuerpo del Ejército en el terrorismo de Estado desplegado en el país durante la última dictadura cívico militar, participó del centro de detención conocido como “La Escuelita”. Maidana y Gandolfo fueron, en días de represión ilegal, jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca. Los tres fueron investigados, procesados y acusados por la Fiscalía en uno de los tramos de aquella causa que, se espera, sea unificado con el tronco principal del expediente que aguarda fecha de debate oral desde hace varios años.

Bononi y Gandolfo cumplían su encierro preventivo en sus casas, ya que habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria. Gandolfo había sido excarcelado --con la decisión del propio Mahíques-- por una condena que recibió en 2013, también, por delitos de lesa humanidad, que aún no está firme y que cumplió en sus dos tercios. Sin embargo, continuó siendo investigado por su participación en el terrorismo de Estado, procesos en los que la Fiscalía requirieron que atraviese detenido. Maidana, en cambio, permanecía preso en la Unidad 1 de Córdoba, con lo cual se espera que la “medida restrictiva morigerada” que recomendaron los casadores derive en arresto domiciliario.

En las tres resoluciones, el juez Alejandro Slokar, tercer integrante de la Sala II de la Casación, votó en disidencia entendiendo que correspondía mantener la prisión preventiva de los acusados. Sostuvo que "pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación".

Las resoluciones de la Sala II de la alzada no son los primeros que flexibilizan preventivas a represores. Sin embargo, la doctrina que instaló la Corte Suprema --cuando tuvo que fallar sobre un requerimiento de Jorge “Tigre” Acosta, represor de la Esma-- marcó que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática. Por el contrario, debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso. En este caso, el análisis es lo más parecido a una decisión automática: solo se basa en que el tiempo que los tres imputados pasaron bajo la regla de la detención preventiva superó los tres años y medio sin que se hayan concluido los procesos en su contra y las prórrogas anteriormente dispuestas.

El fallo, en ese sentido, “da letra” a las defensas del resto de los acusados --son más de 40-- en el juicio más grande que se realizará en Bahía Blanca y que aguarda fecha de inicio. El aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto en el marco de la pandemia de coronavirus extendió aún más esa demora ya que ese debate está a la cola de aquel que revisa los delitos de la Triple A en la ciudad, que comenzó en diciembre pasado, que fue suspendido producto de la feria extraordinaria, y que cuenta con una planificación de más de 100 testimonios por escuchar. El TOF de Bahía Blanca ya consultó al Consejo de la Magistratura sobre las posibilidades tecnológicas para darle continuidad.