Frente a los ataques

Abogados de Derecho Indígena denuncian una política criminal racista en Río Negro

Piden protección urgente y  un cambio de paradigma jurídico para las comunidades mapuche.
Ramiro Buenuleo, de espaldas, habla con la policía el 29 de abril tras el ataque.Ramiro Buenuleo, de espaldas, habla con la policía el 29 de abril tras el ataque.Ramiro Buenuleo, de espaldas, habla con la policía el 29 de abril tras el ataque.Ramiro Buenuleo, de espaldas, habla con la policía el 29 de abril tras el ataque.Ramiro Buenuleo, de espaldas, habla con la policía el 29 de abril tras el ataque.
Ramiro Buenuleo, de espaldas, habla con la policía el 29 de abril tras el ataque. 

"El problema de fondo es que la justicia provincial desconoce el derecho indígena, por su falta de formación tratan a las comunidades como si fueran sujetos comunes y corrientes, a los desalojos como si fueran por el no pago de un alquiler", dijo a PáginaI12 el abogado Matías Schraer, apoderado de la comunidad Buenuleo que la semana pasada sufrió un nuevo y violento ataque tras haber recuperado su tierra en 2019. El letrado integra la Asociación de Abogados de Derecho Indígena que hoy será parte del encuentro multisectorial convocado por el ministerio de Seguridad de la Nación en Bariloche. "La mayoría de los operadores judiciales, políticos y policiales son racistas y monoculturales, no aceptan otra realidad desde su acotado punto de vista, pero no es mera ignorancia sino algo que les conviene", agregó Schraer.

En diálogo con este diario, el apoderado de la comunidad mapuche ubicada en Cerro Ventana --que fue atacada hace una semana por una patota de quien dice ser el dueño de ese lote, con armas blancas y la irrupción en la vivienda de los Buenuleo donde había niños y niñas-- anticipó que en el encuentro explicarán que "la comunidad no confía en nadie, es necesaria la intervención del ministerio de Seguridad de la Nación, la garantía de una fuerza federal pero que no sea Gendarmería, por lo sucedido a Santiago Maldonado, ni Prefectura, por el asesinato de Rafael Nahuel. En lo inmediato se requiere protección, les liberaron la zona en el reciente ataque que fue terrible y organizado. Basta policía de la provincial". 

En el plano jurídico, el abogado de la AAID indicó que es clave que la justicia federal acepte la competencia de la causa. "Si va a la Corte pasarán años que perjudican a la comunidad sin que se resuelva el problema de fondo, y los violentos va seguir tomando el asunto por la fuerza", expresó. Los Buenuleo sufrieron sucesivos ataques desde septiembre de 2019 cuando protagonizaron la recuperación territorial del lote 90 conocido como Pampas de Buenuleo, y en el último Ramiro Buenuleo resultó tajeado en todo el cuerpo y debió ser hospitalizado, tal como viene informando Página12 desde el inicio del conflicto. El grupo atacante contaba con la presencia de una abogada, ex funcionaria municipal y la complicidad policial que liberó la zona. La abogada de la comunidad Marina Schiffrin presentó un habeas corpus para garantizar que la custodia permanezca siempre en el lugar.

Como asunto de fondo, Schraer describió que la justicia provincial "aplica el derecho como si fuera matemática, hace siete meses habíamos hablado con el Procurador de Río Negro para organizar la capacitación del Poder Judicial, pero nunca más nos llamó".

Página12 informó hoy del viaje del secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks, junto a la titular del INAI Magdalena Odarda, quienes se reunirán con autoridades provinciales del Ejecutivo y del Poder Judicial rionegrino, además de visitar a la comunidad en conflicto. El funcionario de la cartera de Sabina Frederic explicó que buscan verificar in situ el cumplimiento del Mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, firmado este año en el Consejo de Seguridad Interior. El "mecanismo" vela por el cumplimiento de las normativas locales y los convenios y tratados internacionales respecto de los derechos de los pueblos originarios. Se eligió esa comunidad barilochense por los sucesivos hechos de violencia que viene sufriendo.

Texto completo del comunicado de la AADI

POLÍTICA CRIMINAL RACISTA EN RÍO NEGRO. 

Repudio de la AADI a la violencia contra la Comunidad Buenuleo y Kom Kiñé Mú y a la falta de capacitación e intervención institucional.

6 de Mayo de 2020. La Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, repudia las violentas agresiones perpetradas el martes 29 de abril contra integrantes de la Comunidad Buenuleo en el marco de un conflicto territorial. En noviembre de 2019 la AADI solicitó al Procurador General la creación de una Fiscalía temática o especializada y capacitación a los funcionarios. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Este nuevo episodio es una consecuencia directa de la inacción y de la falta de compromiso del Ministerio Público1 , del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Ejecutivo de no modificar la política criminal racista en Río Negro. 

Como consecuencia de la desprotección a los Pueblos Indígenas de la Provincia de Río Negro, un hombre Mapuche fue víctima de múltiples heridas de arma blanca, dos mujeres y varios niños y niñas de su Comunidad fueron ferozmente golpeados. Estos últimos además fueron sometidos a una situación de violencia extremadamente traumática por el grupo de agresores que rompieron los cristales de las ventanas de la casa dentro de la que las comuneras con sus niñes se habían refugiado, golpearon a los adultos frente a la vista de todos. 

Según alertaron la Comunidad Buenuleo, sus abogados, investigadores sociales y periodistas el mismo grupo de agresores viene llevando a cabo hechos de violencia desde el 10 de septiembre del 2019. Este atropello no es una acción aislada sino otro episodio de los constantes amedrentamientos con armas de fuego perpetrados por los mismos agresores que fueron denunciadas públicamente y ante el Ministerio Público Fiscal de S.C. de Bariloche. Sin embargo, el Fiscal Jefe Martín Lozada, ordenó levantar la custodia policial, liberando la zona para que ocurra esta nueva ola de violencia contra la Comunidad, permitiendo que un grupo organizado intente despojar por la fuerza a los Buenuleo de su territorio. 

Señalamos la política criminal racista porque es un patrón consolidado en las instituciones judiciales al momento de interpretar y aplicar la ley en conflictos territoriales indígenas. En la misma circunscripción judicial, organizaciones Mapuche como el Consejo Asesor Indígena denunciaron reiterados episodios de violencia y despojo territorial contra Comunidades de la cordillera rionegrina por parte de terratenientes, como el despojo padecido por la Comunidad Kom Kiñé Mú en la zona de Alto Río Chubut, sufriendo robos, destrucción e incendio de sus puestos de veranada (26-11-2019) así como alambrados de grandes superficies de la ocupación tradicional indígena, todas ellas denuncias con evidencias en video que fueron formuladas pero no investigadas por el Fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien. 

Como en el caso de la Comunidad Buenuleo, a pesar de existir denuncias formales de los Mapuche éstas no se investigan ni se adoptan medidas protectorias, a pesar de existir medidas de no innovar que acreditan la verosimilitud de la ocupación tradicional indígena. Nuestra Asociación advierte con preocupación cómo el sistema judicial de Río Negro privilegia la propiedad privada en detrimento del territorio de ocupación tradicional indígena. En su práctica avala así los desalojos forzosos contra las comunidades indígenas, prohibidos por el Convenio 169 de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, así como por la ley 26.160 y sus prórrogas. La inacción estatal beneficia a los sujetos poderosos que reiteran sus incursiones intimidatorias, destruyen y se apropian de los bienes, cercan territorios y violentan las personas de las y los integrantes de las Comunidades Mapuche. 

Por ello, la AADI llama nuevamente la atención sobre los incumplimientos estatales de los derechos de los Pueblos Indígenas en Río Negro y exhorta a las autoridades a tomar medidas adecuadas y oportunas para investigar, proteger y prevenir hostilidades violentas contra las y los Mapuche en el marco de los conflictos territoriales existentes.


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