“Es probable que no todo sea archivable, pero no se puede tirar indiscriminadamente archivos a la basura. Tiene que haber una autorización expresa de un área especializada en eso. El problema acá es qué autoridad lo determina”, advierte la socióloga Dora Barrancos, quien, como investigadora e integrante del directorio del Conicet, cree que “el Estado debe conservar sus archivos”. En Argentina, explica, “no tenemos una ley importante para señalizar y preservar los archivos, como por ejemplo se hace en Francia”, y las competencias del Archivo General de la Nación (AGN) suelen ser recortadas. 

Además de fortalecer las potestades del AGN, dice Barrancos, “habría que tener una legislación que efectivamente preserve los archivos, que diga qué archivos son importantes. Los hospitales se sacan de encima muchísima documentación valiosa. Si vos hoy querés historias clínicas de 1960 para una investigación, no las encontrás, se tira. En realidad habría que digitalizar muchas cosas, no tirar. Pero claro, estas cosas requieren recursos económicos y también recursos humanos, gente experta en la clasificación”, añade.

Barrancos lamenta el riesgo que corre la memoria social. “La memoria social es colectiva, el Estado tiene que garantizar que no se pierda la documentación que hace a esa memoria”. En esa nebulosa donde los documentos muchas veces padecen, quizás estén hoy archivos que ella misma trabajó hace unos años, para escribir “La puñalada de Amelia”. Esa investigación contó el caso de “Amelia C.”, la telefonista que se había casado en secreto, porque entonces las normas sólo permitían trabajar a las solteras; delatada y echada, en la desesperación “Amelia C.” acuchilló al director de la empresa; el juicio y el debate social que siguieron cambiaron concepciones clave en torno al mercado de trabajo y las mujeres. Los documentos en base a los cuales Barrancos logró reconstruir ese caso, ¿dónde están hoy? “No sé si se perdieron o no, porque no están en el AGN, pero estoy preocupada por el archivo de lo que fue la Unión Telefónica y los de la ENTEL residual”, cuenta.

El director del Instituto de Historia “Dr. Emilio Ravignani”, Jorge Gelman, subraya que “las fuentes judiciales son una de las pocas fuentes que permiten escuchar las voces de los sectores populares”. “Hoy es más fácil dar con esas voces, porque están los medios, la prensa, pero cuando te vas del 1900 para atrás o de mediados del siglo XIX para atrás, no las escuchás nunca. La justicia criminal está dirigida a sectores populares, y en los juicios, obviamente, sus voces están distorsionadas porque hablan a través de alguien, pero uno puede percibir valores, conductas. En ese sentido, esos documentos se convirtieron en fuente privilegiada”, detalla. Por eso, la posibilidad de destrucción de expedientes “es una amenaza enorme” para las reconstrucciones del pasado en común, explica Gelman, quien, como Barrancos, cree que el debate sobre qué se archiva y qué no debe recaer en especialistas y tener como autoridad privilegiada al AGN.

En ocasiones, como en el caso que motivó el petitorio de los investigadores, la resolución de destruir material “viene de la mano del discurso de modernización del Estado”, advierte el investigador Cristian Poczynok, uno de los responsables del petitorio que se presentará al ministerio de Modernización para pedir la conservación de expedientes. El problema, añade, no es la noción de modernización, sino el hecho de que, para lograr ese Estado sin papeles, “se delega en cabeza de cada ministerio qué documentación guardar y qué destruir, en lugar de mantener la competencia del Archivo General de la Nación”. No pueden ser las mismas autoridades que producen el documento las que decidan qué se guarda y qué se destruye”.