El gobierno nacional, la Administración General de Puertos, las empresas concesionarias y los 19 sindicatos de la actividad alcanzaron un acuerdo para prorrogar, por 24 meses, las actuales concesiones para operar las terminales del puerto de Buenos Aires, garantizando así la continuidad de las fuentes laborales para 800 trabajadores. Las concesiones de operación vencían en 2019, pero el Gobierno de Cambiemos la prorrogó hasta este mes luego de que fracasara el intento de privatización del único puerto federal que queda en el país. Dicho proyecto contemplaba, además, la cesión de los terrenos de Puerto Nuevo más cercanos a Puerto Madero, con el fin de un millonario desarrollo inmobiliario. Dicho proyecto quedó definitivamente enterrado con este acuerdo de prórroga de las actuales concesiones por dos años, plazo en el que se diseñará un nuevo plan portuario y llamado a licitación para renovar las concesiones.

Las cinco terminales actuales están distribuidas en tres concesionarios. Las terminales 1,2 y 3 están en manos de Terminales Río de la Plata (TRP), controlada por la firma de Dubai DP World asociada a la local Román. Terminal 4 está concesionada a APM Terminals, controlada por la danesa Maerks (poderosa transportista marítima) y la 5 a Bactssa (Hutchinson Ports Holdings, HPH, de origen chino).

A lo largo de 2018, el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, amigo personal y en los negocios del entonces presidente Mauricio Macri, trabajó en el desarrollo de un proyecto de rediseño del puerto de Buenos Aires, que derivaría en su pase a manos de un único controlante, la firma PSA de Singapur, pero en un espacio reducido con respecto al actual (aproximadamente, el que ocupan las actuales terminales 4 y 5). El resto (el de las terminales 1, 2 y 3), junto a terrenos lindantes, estaban destinados a un desarrollo inmobiliario para extender el complejo de edificios e instalaciones comerciales del actual Puerto Madero hacia el norte. Es obvio que el interés del constructor y emprendedor inmobiliario Caputo estaba puesto en este aspecto del negocio.

El emprendimiento hubiera avanzado de no ser por la oposición de los gremios, sumado a la trascendencia que adquirió el caso ya en 2019. La denuncia obligó a correr en varias oportunidades la fecha de la licitación y cuando el gobierno nacional empezó a ver que se le escapaba entre los dedos la posibilidad de la reelección, hizo un intento final por transferir el control del puerto a la ciudad de Buenos Aires, entonces y ahora gobernada por el PRO. Pero el borrador del acuerdo de transferencia, que ya estaba redactado por los asesores de Dietrich y Rodríguez Larreta, no llegó a ser firmado. Para ese entonces, ya PSA se había retirado del escenario preservándose de un posible escándalo.

Ante la incierta situación, el gobierno de Cambiemos prorrogó las concesiones que vencían en noviembre pasado por seis meses, hasta este viernes 15 de mayo. Pero la incertidumbre se mantuvo, la retirada de PSA no despejó por completo el riesgo de reconfiguración del puerto y concentración en una sola mano, y la firma dubaití DP World amagó retirarse al presentir que pisaba sobre terreno poco firme: las terminales 1 a 3, las más apetitosas por ser las más próximas a Puerto Madero.

Esta retirada supondría la pérdida de 600 a 800 puestos de trabajo, por lo que el ministro Mario Meoni y el titular de la AGP, José Beni, debieron trabajar a toda máquina en las últimas semanas, con largas conversaciones con todas las partes involucradas a la vez, para hallar una salida. Y ésta llegó sobre la hora.

El mismo día que vencía la concesión, este viernes 15, la Administración General de Puertos pudo anunciar la prórroga por 24 meses de la operatoria del puerto en las actuales manos, garantizando puestos de trabajo y los servicios de carga y descarga para el comercio exterior. Durante este período de prolongación de los actuales contratos, se avanzará en los pliegos para un nuevo llamado a licitación, “el cual tendrá como ejes centrales la modernización y la competitividad del principal puerto del país”, aseguró Beni. El proyecto de hacer negocios inmobiliarios con la superficie del puerto quedó enterrado.