La denuncia por espionaje ilegal que fue presentada por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia será requerida por la fiscalía. Según pudo saber PáginaI12, el fiscal Jorge Di Lello impulsará la investigación que instruirá el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Antes del fin de semana, el titular de la fiscalía número uno firmará el dictamen en base a la presentación de la gestión de Cristina Caamaño. Este miércoles llegará a Comodoro Py la documentación y la prueba material que aportará la actual AFI, entre ellas, el disco rígido donde se detectaron los mails que habrían sido interceptados sin orden judicial.

La incógnita por estas horas está centrada en los pedidos de indagatoria que hizo la Agencia en su presentación. En esta etapa preliminar del expediente, será el fiscal quien decida si hace lugar o no para que sean llamados a declarar Gustavo Arribas y el propio Mauricio Macri, con el alto impacto político que esto podría implicar. Para la gestión de Caamaño, el expresidente debe ser imputado ya que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, por lo que entiende que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval. Sin embargo, esta hipótesis será analizada minuciosamente por los investigadores para evitar pasos en falso.

Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de ochenta correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado. Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco agentes sean indagados por la Justicia.

Para la intervención de la AFI hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal” contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas, dependencias de fuerzas policiales y hasta un gobernador. La lista completa de las víctimas de las presuntas maniobras deja al descubierto, una vez más, que el macrismo no sólo se preocupaba por conocer los movimientos de sus opositores, sino también de quienes integraban sus propias filas. Los mails de referentes de la Unión Cívica Radical y hasta los hombres y mujeres más leales habrían sido espiados sin orden judicial durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.

Entre las víctimas figuran Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, Ernesto Sanz; Ángel Rozas; Mario Barletta; Alberto Weretilneck, Héctor Daer; Rodolfo Tahilade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri; la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; y el actual embajador designado por la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros