Números y contrastes de un impuesto que en el mundo es parte del horizonte democrático y en Argentina es sinónimo de amenaza y restricción de las libertades individuales.

1. Es el momento de avanzar en el impuesto a las grandes fortunas porque una situación excepcional requiere medidas y decisiones excepcionales. Las proporciones de la crisis son gigantescas a nivel global y sus consecuencias sociales, económicas y políticas aún resultan inconmensurables, sólo comparables a los efectos de la crisis del 29 o las guerras mundiales. La CEPAL estima que la pobreza por ingresos aumentaría en 29 millones de personas por la pandemia y 11 millones perderán sus trabajos en América latina. Son cifras que se actualizan semana a semana. En este contexto, la ortodoxia mundial e incluso el FMI recomiendan aplicar medidas fiscales que aumenten la contribución de los sectores más adinerados.

2. El impuesto a las grandes fortunas alcanzaría a una minoría: si el gravamen alcanza a aquellas personas que poseen más de 2 millones de dólares (180 millones de pesos), a abarcaría 12.000 personas que representan el 0,08 por cienbto de la Población Económicamente Activa, según datos del Indec.

3. No es un fin en sí mismo ni un capricho, sino una necesidad de un Estado endeudado que debe hacer frente a una pandemia. El Gobierno recibió hace cinco meses un país en recesión y virtualmente en default, hundido en una profunda crisis social y económica, con una pobreza de al menos 35 por ciento, una inflación del 50 por ciento y una deuda imposible de pagar, calificada como “insostenible” por el propio Fondo Monetario Internacional, que hoy debe renegociar.

4. Permitiría recaudar casi 3000 millones de dólares para financiar la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para atenuar la crisis. El aporte solidario de las y los que más tienen podría sostener el Ingreso Familiar de Emergencia durante seis meses. Son 12.000 millonarios versus 7800.000 ciudadanos en situación de necesidad.

5. Los impuestos a las grandes fortunas o “impuestos solidarios” han sido una herramienta clave para el progreso de los países desarrollados y hoy tanto en América latina como en el mundo se están presentando iniciativas de este tipo. Según un informe de CEPA , un impuesto solidario forma parte de la discusión pública en al menos seis países de Europa: España, Rusia, Reino Unido, Suiza e Italia. Ya en 2019 la propuesta de un impuesto a la “Riqueza Extrema” había formado parte de la campaña presidencial en Estados Unidos.

6. A pesar de lo que indica el sentido común liberal y antiestatal, fuertemente trabajado por medios de comunicación y dirigentes políticos, la carga tributaria sobre los sectores más concentrados de la economía está lejos de ser asfixiante e históricamente estos actores han recurrido a distintas maniobras y mecanismos legales e ilegales para evitar aportar al fisco. Son problemas estructurales que explican en gran medida la dependencia de nuestra economía.

a. Al menos 235.000 millones de dólares de argentinas y argentinos se encuentran sin declarar en el exterior, según un informe elaborado por Proyecto Económico que dirige la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos.

b. La fuga de capitales durante la valorización financiera del gobierno de Cambiemos superó los 86.000 millones de dólares y triplicó la del período anterior, precisó el Banco Central a través del informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019” .

c. La Administración Federal de Ingresos Públicos descubrió que un pequeño grupo de contribuyentes oculta al fisco más de 2600 millones de dólares en 950 cuentas radicadas fuera del país, investigación judicial que avanza en manos de la fiscalía de Federico Delgado.

d. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) estima que por la elusión fiscal y los subterfugios legales la carga impositiva baja en nuestro país 30 a 7,5 por ciento en promedio , “una cifra que aumenta si se mira con lupa a aquellas grandes empresas que pueden hacer ingeniería tributaria o fiscal”, según su director Adolfo Serrano Mansilla.

e. Desde la vuelta de la democracia se dictaron más de 25 normas que dispusieron amnistías y perdones fiscales en beneficio del sector privado, según relevan Facundo Ritterband y Nicolás Fernández en ¿En serio no les llegó la hora de ganar menos? . La última fue la Ley N° 27.260, conocida como “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.

Todos estos datos explican la pregunta que Ángela Merkel, Canciller federal de Alemania, le hizo a Alberto Fernández en su última gira europea: “¿Por qué en la Argentina los ricos pagan tan pocos impuestos?”.

7. Permitiría sentar las bases de una sociedad más igualitaria y avanzar en el camino de la reforma del sistema tributario, que en los últimos 60 años ha profundizado su regresividad para asemejarse al del resto de América latina y distanciarse de los sistemas europeos, como explica el economista Jorge Gaggero en Diez preguntas básicas sobre impuestos y equidad .

8. La carga tributaria promedio de América latina es prácticamente la mitad de la registrada en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y esto se debe a la menor recaudación por impuestos directos (a la renta y a la propiedad), y en particular, por la baja recaudación del impuesto a la renta personal. “En América Latina menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos mientras que el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos. Por lo tanto, la carga tributaria no solamente es baja, sino que tiene un claro sesgo regresivo e importantes implicancias para las funciones redistributiva y de estabilización de la política fiscal”, detallan Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá en La Política Fiscal en América Latina .

9. El impuesto fue impulsado por las y los trabajadores a través de la CTA de Los Trabajadores y la CTA Autónoma y tiene un fuerte apoyo social. Según encuestas recientes de Analogías y CELAG , el 75 por ciento de las y los argentinos está de acuerdo en que sea transformado en Ley. Otras encuestas van en esta misma dirección. El Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales y el Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA afirman que el 54,4 por ciento apoya el impuesto , mientras que apenas un 6,6 por ciento opina que primero deben bajarse el sueldo los funcionarios políticos. Un 16,2 por ciento aún no escuchó hablar del proyecto.

10. La pandemia puso en evidencia las falencias, las falacias y las contradicciones del capitalismo neoliberal y financiero, que con el mercado nos acerca al abismo social y ecológico. El mundo y las circunstancias reclaman que el Estado asuma un rol protagónico, donde la solidaridad sea la regla y la riqueza de un puñado no sea la contracara de la miseria de millones.

A casi dos meses de que el Presidente diera el visto bueno al impuesto, sobran las razones para avanzar en su debate parlamentario, aprobación e implementación. El Gobierno y las fuerzas populares tienen no solo el enorme desafío de no ceder a las presiones de las corporaciones y sus representantes, sino también de no quedarse en la heroica de un impuesto a la gran minoría privilegiada e ir más allá.

* Sociólogos y Periodistas.