"Es muy peligroso, porque así empezó Venezuela, y hoy están con un 95 por ciento de pobres”, afirmó Luis Miguel Etchevehere (ex titular de la SRA y ex ministro de Agricultura de Macri) sobre la intervención del Grupo Vicentin.
La intervención y remisión de un proyecto de expropiación del Grupo Vicentin fue una jugada inesperada. El anuncio cosechó el apoyo de pequeños productores, pymes y cooperativistas.
Por el contrario, la oposición política, mediática y empresaria rechazó la medida. El sector más duro de Juntos por el Cambio denuncia la “chavización” del gobierno del Frente de Todos. Idéntico argumento utilizó cuando la diputada nacional Fernanda Vallejos propuso capitalizar los subsidios estatales (vía programa ATP para pago de salarios) otorgados a las grandes empresas.
El mes pasado, el diputado nacional Luis Petri presentó un proyecto de ley para bloquear este tipo de iniciativas. "El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, atenta contra el derecho de propiedad, es una confiscación de bienes encubierta", planteó el legislador mendocino de Juntos por el Cambio.
El “fantasma Vallejos” sobrevoló en la reunión que tuvo Alberto Fernandez con los principales popes empresarios el pasado 3 de junio. En un tramo del encuentro, el mandatario sostuvo que “esa posición no responde a un proyecto del gobierno”, aunque aclaró que “tampoco nos espantemos porque Alemania está capitalizando empresas”.
La demonización del planteo de Vallejos radica más en el prejuicio que en un análisis razonado. La propuesta, más allá de si se coincida o no, está muy lejos de ser una “locura comunista”.
Esa cuestión es reconocida por algunos círculos empresarios. En declaraciones a la radio LT10, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martin, sostuvo que “no veo como una herejía que el Estado tenga porcentajes de acciones si con eso consigue sobrellevar una situación de crisis. Es la medida que hay que tomar en un contexto de crisis”. El dueño de FATE y Aluar, Javier Madanes, se expresó en términos similares.
Por otro lado, el Estado ya detenta una porción del paquete accionario de grandes empresas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Por ejemplo, el FGS detenta el 27,49 por ciento del capital social del Banco Macro, el 26,06 por ciento de Gas Natural Ban, el 24,88 de Consultatio, el 26,81 de Edenor, el 11,34 de Telecom, el 23,11 de Trasportadora Gas del Sur, el 14,78 de Pampa Energia, el 9,0 del Grupo Clarin, el 26,03 de Ternium Argentina, entre otros.
¿Esa participación estatal dificultó la operatividad de las compañías? ¿Supuso algún obstáculo para el management privado? ¿Implicó la irrupción del comunismo en la Argentina? Como se sabe, la respuesta es negativa salvo para algunas mentes afiebradas.
Este debate ya fue saldado por los países capitalistas más avanzados. A principios de mayo, la Comisión Europea (CE) dio vía libre a la nacionalización de empresas en la Unión Europea. El nuevo marco regulatorio permite que la ayuda estatal se canalice mediante la cesión de acciones o instrumentos de deuda que también podrían capitalizarse.
El texto definitivo introduce la posibilidad de que los Estados ayuden también a las empresas en forma de deuda subordinada. "Las compañías intervenidas tendrán prohibido repartir dividendos a sus accionistas, aprobar recompras de acciones y otorgar bonus hasta que el Estado se haya desvinculado completamente de las mismas. En este sentido, existirá una 'limitación estricta' de la remuneración de los directivos hasta que se haya amortizado el 75 por ciento de la inversión estatal”, explica el periódico especializado español Expansión.
El fabuloso paquete de ayuda votado por el Congreso estadounidense también prevé mecanismos para que el gobierno federal pueda “tomar participación en el paquete accionario de las empresas que reciben asistencia financiera”.
Los comentaristas indignados de la realidad argentina deberían ver que pasa un poco más allá de su comarca.
@diegorubinzal
