El anuncio del gobernador Omar Perotti de este viernes a la noche, al presentar un "camino alternativo" para resolver la grave situación de Vicentin "dejando de lado la propuesta de expropiación", significa un fuerte golpe de escena. La propuesta comenzó a ejecutarse con la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe al juez del concurso (Fabián Lorenzini), del pedido de intervención judicial que encabezaría Gabriel Delgado, el mismo interventor designado por decreto por Alberto Fernández. Luego, "en el marco del concurso preventivo", se buscaría un acuerdo entre el Estado, los productores y las cooperativas, para conformar una nueva sociedad nacional mixta que se haría cargo de la firma. ¿Por qué se cambió la estrategia o, dicho en términos de algún funcionario del gobierno, se cambió el instrumento para ir hacia el mismo objetivo? Varios especulan, y ya lo hacían desde antes de este viernes, que el gobierno nacional no estaba en condiciones de juntar los votos para convertir en ley el proyecto de expropiación. Otros, quizás de manera complementaria, sostienen que "la bandera de la expropiación" estaba avivando una confrontación en la que el Poder Ejecutivo llevaba las de perder: ponía al juez Lorenzini en contra, a las empresas exportadoras en contra, a las entidades rurales principales y a grandes productores en contra, y le "regalaba" argumentos a la oposición para subirse a la ola. Perotti habría advertido que ese clima de confrontación impactaba principalmente en su propio territorio y buscó un camino alternativo. Ahora, bien: ¿es factible que, dentro del proceso concursal en marcha se llegue al mismo destino: una empresa nacional mixta que desplace a "los Vicentin" del control de la empresa?
El instrumento
Uno de los mecanismos que se barajan para llegar desde el concurso de acreedores al control de Vicentin, es el procedimiento de cram-down o salvataje de empresas, figura comercial incorporada a la ley de concursos y quiebra 24.522. "Una solución prevista para evitar la quiebra o muerte de la empresa", la describen los medios especializados. Consiste en que antes de decretar la quiebra, el juez deje abierta la posibilidad de presentación de una oferta de acreedores u otros interesados en adquirir la empresa y garantizar su continuidad. En el caso de los acreedores, con el 66% del total de la deuda podrían ofrecer sus acreencias como aporte de capital y quedarse con la misma, casi sin posibilidad de objeción.
Para algunos promotores de la "estatización" de Vicentin, "es un camino posible". ¿Qué opina Claudio Lozano, director del Banco Nación, principal acreedor individual en la quiebra por una pretensión de cobro que representa el 18,5% de la deuda global? Página/12 lo consultó al respecto.
"La opción de liderar el concurso de acreedores para que el Estado se quede con la mayoría accionaria y el control del grupo Vicentin es obviamente un camino posible, en función de alcanzar el objetivo que se planteaba con la expropiación. Mirando con precisión los números de la deuda, el total es de 99.345 millones de pesos. Hay 1865 productores que son acreedores por 25.600 millones de pesos, proveedores de bienes y servicios por 2300 millones de pesos, organismos de recaudación pública por 1650 millones, y bancos públicos y nacionales con acreencias por 27.600 millones. Todo esto que podríamos liderar, equivale a poco más de 57.200 millones, el 58% del total de la deuda. Deberíamos voltear de la lista de acreedores a accionistas y empresas vinculadas de Vicentin, que le demandan 5800 millones, bajaría la deuda total a 93.500 millones y la proporción de los antes enumerados sube al 61%".
"Pero buceando un poco adentro de estos subgrupos, aparecen algunas dificultades. Dentro de los productores, hay grandes sociedades anónimas que son acreedoras por 8999 millones de pesos; entre los proveedores de bienes y servicios están las principales cerealeras (Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco), con 1052 millones de acreencias. Y tenemos dentro de las instituciones financieras un fideicomiso de exportaciones de Vicentin, y al Banco Macro. No está claro que estos sectores acompañen la propuesta de estatizar la empresa. Son 14.600 millones de pesos, al menos, que no hay garantía de poder liderarlos. Una piedra en el zapato, que va a transformar este camino, por definición mucho más lento que el de la expropiación, en una marcha con muchas dificultades. Neto, quedarían 42.600 millones de acreencias que podríamos liderar, pero esto representa el 42 o el 46% del total, según cual total se considere".
Esto implica que no hay garantia de control del proceso concursal acumulando acreencias, teniendo en cuenta además la existencia de otro bloque muy importante de acreedores, los bancos extranjeros, que suman unos 32 mil millones de pesos, casi 33% de la deuda total de Vicentin, y ya se han presentado en bloque ante los tribunales de Nueva York para litigar contra la cerealera argentina.
El objetivo
El juez Lorenzini justificó la reposición de los directivos de Vicentin en sus cargos, desplazando a la intervención de la conducción de la empresa, aduciendo la necesidad de preservar la actividad de las plantas de Vicentin. En realidad, las plantas están prácticamente inactivas, y no por responsabilidad de la intervención sino de las propias autoridades que fueron repuestas en su cargo por el magistrado. Ningún productor le entrega granos a quienes deshonraron sus compromisos, incluso con productores y cooperativas a las que apuraron para que entregaran su producción 48 horas antes de declararse en cesación de pagos. Algunas plantas apenas operan "a fazón", es decir con mercadería y por orden de terceros, que luego se lleva el producto procesado y paga una suerte de alquiler por los servicios prestados. La parálisis ya existe y las consecuencias que el juez dice prevenir con su resolución, ya ocurrieron. Y seguirán ocurriendo en manos de los mismos dueños que las provocaron.
"El objetivo sigue siendo el mismo, y para eso deben ser removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a la empresa", reiteró ayer Alberto Fernández, esta vez en una entrevista con Radio El Destape. "No podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa, porque son los causantes del problema".
El objetivo es el mismo, pero cambió el instrumento. Así lo explicó ayer el titular del Ejecutivo. "Yo sigo en la búsqueda del consenso, de una solución acordada, sigo buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero, un sector muy importante, que ha sufrido un proceso de concentración muy grande en los últimos años, una empresa que nos permita ver cómo funciona ese mercado y cómo se desarrolla. Yo, empresarios con fortuna y empresas en quiebra, con productores agropecuarios colgados y una provincia con su economía lastimada, y un sector cartelizado que disfruta de su dinero mientras los demás lo padecemos, no lo quiero. Estoy absolutamente dispuesto a hacer lo que dije el primer día: rescatar Vicentin, pero en estos términos".
Si el nuevo instrumento propuesto por el gobernador santafesino servirá o no para alcanzar el objetivo, se irá viendo en los próximos días. Retirar el argumento de la expropiación, por lo pronto, no evitó que el llamado de la oposición a manifestarse en contra en las calles tuviera eco. El próximo paso será ver si el juez Lorenzini acuerda con el pedido de la IGPJ de Perotti y accede a la intervención judicial que reemplace a "los Vicentin". Si la respuesta es positiva, el instrumento se pondrá en funcionamiento. Si es negativa, habrá que pensar en otro instrumento porque, como dijo el Presidente de la Nación, el objetivo no se bajó.
