Para el economista Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario y asesor de la Federación Aceitera, la presentación ante el juez Fabián Lorenzini de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe para participar en la intervención de Vicentin es "un paso adelante que debiera ser acompañado por la anulación del DNU 522". El análisis de Arelovich es que en el debate público "se confundieron dos cosas diferentes". "Más allá de la presión mediática y las manifestaciones, se mezclaron dos cosas como si fueran la misma: la intervención y la expropiación. Para mí lo más importante y lo más urgente era y sigue siendo la intervención, ¿por qué? Porque hay que sacarle al directorio la gestión de la empresa y evitar que se produzca un vaciamiento total", consideró.
Arelovich ponderó la presentación de la provincia de Santa Fe, ya que "al decir que es el órgano de aplicación porque se trata de sociedades, y tiene que intervenir, quita el debate de la inconstitucionalidad o constitucionalidad del DNU 522 y se para en lo que dice la ley de sociedades, que es indiscutible". Estudioso del entramado societario de Vicentin, Arelovich subraya que en la página 12 del documento presentado por la provincia de Santa Fe "apunta al nudo, que es la estructura corporativa completa que incluye a todas las compañías extranjeras". Efectivamente, la presentación firmada por María Victoria Stratta sostiene que "si se aprecian los porcentajes de participación que la sociedad denuncia entre sus activos, el control parece circunscribirse a sociedades constituidas en el extranjero: Vicentín Paraguay, Vicentín Europa, Vicentín Brasil".
Lo más importante para Arelovich es impedir la impunidad. "Intervenir te permite entrar en un proceso de investigación que de otra manera no lo podés encarar, tenés que estar adentro", subraya el economista sobre el proceso que se abre ahora. Deja en claro que "la expropiación es sólo una de las estrategias jurídicas posibles para sacarles de las manos a estos delincuentes la empresa y hacer otra cosa".
Lejos de cuestionar el DNU 522, firmado por el Presidente Alberto Fernández, Arelovich lo celebró porque "lo mandaron en el momento preciso, 48 horas después la empresa ya hubiera estado vendida a Glencore, con otra maniobra. Por eso me parece que lo que hizo este decreto de intervención fue frenar, no necesariamente impedir a futuro, pero frenar que en ese momento se extranjerizara, lo que me parece totalmente correcto y oportuno. De lo contrario sería muy tarde".
La otra cuestión son los tiempos del concurso de acreedores, y cómo la intervención debería "garantizar el sostenimiento de la fuente de trabajo y que siga funcionando la empresa porque en la práctica lo que pasó en estos días, como ya nadie confía en mandarle a Vicentin, los granos no se los vendieron a Molinos Agro ni a Aceitera General Deheza. Fueron a Glencore, Cofco y Cargill. Después hay que ver qué pasa en el futuro, pero eso solo ya es una extranjerización. Porque el volumen de negocios se lo das a empresas extranjeras". Por eso, la prioridad sería "recuperar la confianza de los productores, para que sigan mandando los granos". Arelovich cree que el objetivo es claro: una intervención operativa urgente, para descubrir el proceso de vaciamiento. "Quiero investigación y reparación económica".
Al estudiar la historia de Vicentin, Arelovich lo discriminó en tres etapas. Entre 1929 y 1977, como empresa nacional. "Vicentin empezó a diversificarse y a crear empresas durante la última dictadura, en 1977. Tiene un segundo ciclo, que fue en los 90 y el pos 2001, durante el menemismo y kirchnerismo, cuando siguió profundizándose el proceso de expansión. Y después viene un tercer ciclo, que es durante el gobierno de Mauricio Macri. A partir de ese momento extranjerizan hasta las pezuñas, y ahí crearon todas las empresas de afuera. Ya tenían una que habían comprado antes, pero crean todas las off shore, ya que Macri se los permitió modificando los regímenes de regulación, y ahí pudieron hacer el vaciamiento".
