El juicio que repasará los secuestros y las torturas sufridas por 197 personas detenidas clandestinamente en la sede policial de 1 y 60 en La Plata quedó un paso más cerca de comenzar luego de la audiencia preliminar en la que las partes acordaron avanzar “por etapas” acorde a como se vaya resolviendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde hace tres meses para evitar la propagación del coronavirus y que encontrará en las próximas semanas un endurecimiento. Las partes acusadoras solicitaron al Tribunal Oral Federal Oral número 1 platense que asegure condiciones de difusión del debate en el marco de la vía remota.

La audiencia preliminar se celebró ayer, de manera semipresencial --la mayoría de las partes participaron cuidando las medidas de prevención de la covid-19-- el día en el que estaba programado el comienzo del juicio oral y público contra 19 represores, exmilitares, policías bonaerenses y personal de inteligencia, uno de los debates previstos para comenzar este año en la jurisdicción platense y que quedó suspendido por la pandemia. 

El encuentro preliminar fue producto del pedido de las querellas con el objetivo de que sobrevivientes y familiares de víctimas “puedan ser oídos ante el cambio de escenario provocado por la situación sanitaria, a fin de salvaguardar los derechos que como víctimas y personas que deben testimoniar en el proceso les asisten”, puntualizó la abogada Guadalupe Godoy. Las condiciones en las que se iba a desarrollar el debate habían quedado definidas en febrero pasado, pero “quedaron obsoletas” pandemia mediante.

La audiencia se realizó en el edificio de los Tribunales Federales de La Plata y estuvieron presentes los integrantes del Tribunal, Ricardo Basílisco, Nelson Jarazo y Roberto Lemos Arias, además de abogados representantes de las querellas, la Unidad Fiscal y las defensas. Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que el consenso entre las partes acusadoras fue “amplio sobre la necesidad de conjugar la continuidad del juicio con el sentido político y reparatorio que los juicios” tienen para sobrevivientes, familiares de víctimas y la totalidad de la sociedad.

La Fiscalía, representada por Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira, plantearon ante el Tribunal tres opciones posibles para la realización de juicio: una que implica la participación de todas las partes de manera remota; otra que propone un “juicio combinado" en el que solo los jueces y algunas de las partes asistirían a una sala común; y una tercera que contemplaría la constitución del Tribunal y la concurrencia física de testigos, con el público observando el debate a través de una plataforma digital.

Godoy, por su parte, insistió en la necesidad de consultar a trabajadores judiciales y a quienes llevan a cabo las tareas de acompañamiento a testigos desde diferentes organismos e instituciones. En general, las querellas no acuerdan con que el debate se desarrolle en su totalidad desde la virtualidad.

La propuesta que aunó venias fue la de la querella unificada de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y la Secretaría de la Nación, que propuso la posibilidad de comenzar el debate oral en etapas: que los primeros pasos sean la introducción del material probatorio fílmico, los testimonios incorporados por lectura y que luego continúe con los testimonios de aquelles testigues que por encontrarse en el exterior ya estaba previsto que declarasen de modo remoto.

Godoy, aquí, planteó la necesidad de realizar “una nueva audiencia preliminar” una vez finalizada esa primera etapa para evaluar la posibilidad de continuar con los testimonios presenciales en base al estado de situación en relación a la pandemia.

En cuanto a la publicidad del debate, la Fiscalía solicitó que con el objetivo de garantizar el carácter público del juicio, el TOF realice las averiguaciones pertinentes ante la Corte Suprema para contar con canales digitales que hagan viable la difusión en vivo.