Temas de debate: Cuál será el futuro del gigante cerealero

Vicentin: por qué el Estado debió intervenir

La empresa comunicó en diciembre la imposibilidad de cumplir con sus acreedores, incluida la banca pública. El desembarco oficial busca evitar el quiebre de cientos de pymes.
Imagen: Sebastián Vargas

Producción: Javier Lewkowicz


Un problema de todos

Por Walter Andreozzi *

Desde el 5 de diciembre de 2019, en que la empresa Vicentin anunció oficialmente la imposibilidad de afrontar pagos comprometidos a sus proveedores, desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) comenzamos a interactuar, en forma permanente, con los distintos actores (privados y públicos), a los fines de coadyuvar, en la concreción de diálogos conducentes entre los mismos. Los cambios institucionales que se generaron a partir del 10 de diciembre, sin lugar a dudas generaban un nuevo escenario que no podía ser desdeñado a la hora de abordar dicha situación.

Ante los hechos posteriores de dominio público, y que se aceleraron con la presentación formal del concurso preventivo y posterior decisión del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar con el salvataje de la empresa; mantuvimos dicho accionar, por un lado; y por el otro, participamos activamente, a través de nuestra entidad de cúpula, la Unión Industrial Argentina, adhiriendo a la “necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad", como “una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión..”, considerando que”. “..ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo”.

Sin lugar a dudas, y frente a un tema de extrema complejidad, desde nuestra Federación, decidimos actuar responsablemente, ocupándonos del tema, y no simplemente manifestando preocupación mediática o adhiriendo a simplificaciones ideológicas y latiguillos vacíos de contenidos; y en muchos casos, hasta contrarios a los propios intereses de los asociados de dichas cámaras y por supuesto, al desarrollo nacional.

Lamentablemente, muchas cámaras y/o dirigentes empresarios, en forma individual; se vieron tentados a caer rápidamente en dichas manifestaciones vagas y prejuiciosas, que poco agregan a la necesidad imperiosa de retomar un camino de reconstrucción de una identidad nacional, altamente debilitado en el último período de gobierno.

Como dijimos, nos “ocupa” el tema Vicentin, no sólo porque consideramos y valoramos su importancia estratégica dentro del entramado productivo santafesino; sino por las consecuencias nefastas que su eventual quiebra, desguace o extranjerización provocaría para cientos de productores; pequeños y medianos industriales que forman parte de su cadena de valor; y miles de trabajadores que viven y consumen en nuestra Provincia, productos elaborados también por nuestros asociados.

Por todo ello, es que planteamos un abordaje integral de la problemática de la empresa; y en donde tampoco debe menospreciarse el rol y defensa de la banca pública; más aún en tiempos de post-pandemia; donde la asistencia financiera y crediticia será fundamental a los fines de evitar la quiebra de cientos de pymes, como asimismo, el apoyo para nuevas etapas de inversión y crecimiento.

La situación judicial presenta una dinámica propia, con novedades diarias; pero la solución, necesariamente debe provenir de un adecuado marco de acuerdos, que permita retomar la normalidad operativa de Vicentin, garantizando los derechos de todos los involucrados, y salvaguardo los intereses de todos los argentinos, en la defensa de la banca pública.

*Secretario Federación Industrial de Santa Fe. Vocal Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina.


No puede seguir así

Por Diego Añaños **

El caso Vicentin nos obliga a reflexionar acerca de algunas cuestiones que, por tener naturalizadas, ya forman parte de nuestro sentido común. En efecto, existen un sinnúmero de ideas que las comunidades han ido incorporando acríticamente a lo largo del tiempo a través de los procesos de socialización. Sin embargo, y aunque la naturalización de las mismas no parece representar una amenaza, dichos principios configuran pautas elementales de un proceso de organización colectiva profundamente injusto. Los dispositivos de control social modernos son sutiles, delicados, casi imperceptibles, por lo que es difícil detectar que estamos siendo inoculados con argumentos falaces.

En primer lugar, se tiende a considerar a la propiedad privada como valor absoluto. Como los hombres “simples” rousseaunianos del “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”, aceptamos a la propiedad privada como una institución inalienable. Si bien es cierto que el Derecho Moderno la tutela, no es menos cierto que eso no la transforma en sagrada. Es decir, existe el derecho a la propiedad, pero también existe el principio constitucional que sostiene que ningún derecho es absoluto, sino que está regulado por las normas que reglamentan su ejercicio. De hecho, la apelación a la sacralidad de la libertad a la que asistimos durante la cuarentena, a raíz de la decisión del Gobierno de establecer severas medidas de distanciamiento social, nos proporciona un ejemplo muy claro de lo que venimos planteando. En este sentido, algo debería quedar claro, la vida en comunidad supone, invariablemente, que sacrifiquemos derechos y libertades en pos de un valor supremo que es el bien común. Asimilar eso al autoritarismo es, al menos un grave error conceptual, cuando no un intento deliberado por tergiversar la realidad.

Existe también un prejuicio que relaciona la gestión estatal con la ineficiencia y la corrupción. Paradójicamente, Vicentín representa un claro ejemplo de una empresa que demuestra el altísimo grado de ineficiencia que puede alcanzar la actividad privada. El mundo atraviesa hoy la peor crisis global en casi 100 años, sólo asimilable a la crisis del 30´, aunque no hay consenso entre los analistas acerca de cuán lejos pueden llegar las cosas. Sin embargo, nada de esto impacta en la caída de Vicentin. Es más, ninguna empresa del sector se encuentra en la misma situación, incluso en un momento en el que los márgenes de ganancia del negocio se han acotado drásticamente. Por otro lado, es sugestivo que ni siquiera sus pares, aquellos que deberían empatizar aunque sea por solidaridad corporativa, le tienden una mano a la empresa. El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, declaró la semana pasada: “Vemos que diversificaron mucho las inversiones en otros negocios; tal vez sea eso, mal manejo de la empresa, para no pensar mal y que hubo fuga”. Pero hay más, aún resta la investigación que determine los mecanismos a través de los cuales el Banco Nación sostuvo la línea de financiamiento histórica de la empresa cuando ya se encontraba en dificultades. Un solo dato basta como indicio para abrir una línea: el BNA le otorgó a Vicentin 28 préstamos para prefinanciar exportaciones en 18 días, entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, el último ocurrió pocos días antes de que la empresa entrara en cesación de pagos. Esos 28 préstamos representan un tercio de la deuda con el banco. Ineficiencia y corrupción van de la mano.

En resumen, en caso de que el gobierno nacional decida finalmente expropiar Vicentin, lo podrá hacer dentro del marco de las instituciones republicanas, respetando tanto la Constitución, como las leyes. Es cierto que hoy no existen certezas de que el Estado argentino tenga el know how necesario para gestionar la empresa, y probablemente este sea uno de los nudos críticos de la cuestión. De lo que no quedan dudas, es que no puede seguir en manos de sus actuales directivos, por lo que la intervención, además de legal, es legítima. En este contexto, poco importan, los temores de Fernando Iglesias o de Juanita Viale de que Argentina se transforme en Venezuela.

** Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

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