La situación de la Empresa Provincial de la Energía fue uno de los escenarios de batalla política en la semana que pasó, a partir del cruce de números contrapuestos en torno al nivel de deuda de la distribuidora eléctrica estatal. Un pedido de informes al Ejecutivo, impulsado desde el bloque socialista, expuso que la compañía registra una deuda de 10 mil millones de pesos, y la atribuye a la cesación de pagos en la gestión de Omar Perotti a la proveedora mayorista de energía eléctrica. El gobierno reaccionó rápido y con más números, pero sin querer agigantar la polémica para no subirle el precio a las voces opositoras. Y replicó con un informe que revela que el gobierno de Miguel Lifschitz se fue de la gestión dejando una deuda de 5.200 millones de pesos en la EPE cuando Perotti pisó la Casa Gris como gobernador el 11 de diciembre. Medio año después, pandemia mediante, la polémica sigue.
La diputada provincial Clara García reencendió la fogata esta semana al requerir al Poder Ejecutivo información sobre el endeudamiento asumido por la EPE con Cammesa, (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). "En solo seis meses de gestión, la EPE acumula una deuda de más de 10 mil millones de pesos. Se está poniendo en riesgo la prestación del servicio", advirtió la legisladora socialista.
El pedido de informe sumó la firma de todo el interbloque del Frente Progresista, Cívico y Social a partir de tomar conocimiento del informe de gestión que el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, presentó el 17 de junio en el Senado nacional. Allí se indicó que Cammesa tiene entre sus acreedores (todas distribuidoras de energía en distintas provincias) a la EPE santafesina, y por algo más de 10 mil millones de pesos.
“La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía –remarcó García-, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y a seis meses del inicio de la actual gestión vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines”, fustigó en alusión a la misión que Perotti le encomendó a Mauricio Caussi al designarlo como interventor de la distribuidora.
Según García, la EPE no tenía deuda con Cammesa al 29 de noviembre del año pasado, dos semanas antes del final de la gestión Lifschitz. Y lo contrastó con el informe de Cafiero en el Senado: al 31 de mayo la empresa pública santafesina adeuda a la mayorista $10.173.888.902. Eso llevó a la diputada opositora a inferir que EPE dejó de pagar la energía al asumir Perotti.
“Por eso solicitamos al Poder Ejecutivo información relativa a este endeudamiento, que debe regularizarse para no poner en riesgo la solvencia de la empresa ni la prestación de este esencial servicio”, afirmó. El planteo legislativo apunta a que el Ejecutivo explique cómo y por qué se ordenó a las gerencias administrativas de la EPE incumplir los vencimientos contractuales. En la misma línea, el pedido de informes requiere el detalle de los intereses generados por el incumplimiento "que acarrean un costo financiero innecesario a afrontar por los usuarios del servicio", dice el texto.
Por otra parte, la ofensiva legislativa demanda precisiones sobre "los acuerdos de pago realizados o en instancia de tramitación con Cammesa para evitar la judicialización de dicha deuda, que podría llevar a la empresa a una virtual cesación de pagos". En el mismo requerimiento piden conocer evolución de ingresos y egresos en lo que va del año, y el saldo de bancos al 31 de mayo, integrado al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco). "Porque al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial”, apretó García en su fundamentación.
La réplica oficial
Desde el gobierno evitaron polemizar on the record con la crítica del interbloque del FPCS en Diputados. Pero enseguida mostraron números que desmienten la lectura de Clara García. El informe oficial dice que la EPE sí tenía deuda con Cammesa al 11 de diciembre -cuando Perotti y su equipo asumieron el gobierno- y que ascendía a $4.650 millones, y que la deuda total llegaba a 5.200 millones. Nada de cuentas en cero.
Por otra parte, los números revelados develan aspectos de un manejo poco eficiente de la EPE en la gestión anterior, al menos en lo que a cobranzas se refiere: dice que la morosidad de los usuarios a fines de 2019 totalizaba 10 mil millones de pesos, y que a mayo de 2020, con la pandemia como agravante de la economía, la EPE dejó de cobrar otros 4 mil millones de pesos. Con esto el gobierno quiere contextualizar la razón de la deuda mantenida con Cammesa: hay mucha energía suministrada y no cobrada, un flagelo heredado y agravado con la cuarentena.
Como broche, los datos del gobierno para relativizar el cuestionamiento opositor agregan cuánto aumentó la tarifa eléctrica en los gobiernos del FPCS, desde Hermes Binner hasta Lifschitz: 3200% para el nivel residencial, 3663% para grandes usuarios, 2635% para la tarifa de comercios y pymes.
