Otra demanda para el Estado

Políticas públicas de comunicación y ciudadanía

La política pública de comunicación tiene que perseguir el interés ciudadano para construir mediaciones que hagan sostenible el desarrollo de medios populares, comunitarios o cooperativos, con arraigo local que contribuyan a garantizar el derecho a la comunicación por encima de los intereses del mercado.

La comunicación es una de las condiciones para que el ciudadano pueda participar de manera activa en la sociedad civil, ese espacio que se sitúa entre el Estado y el mercado y que es irremplazable para el funcionamiento de la democracia dado que constituye, agrega y redefine intereses pluralistas, genera zonas de igualdad y promueve el diálogo. Por consiguiente, la finalidad de la política pública de comunicación no puede ser otra que efectivizar para la ciudadanía la vigencia del derecho humano a la comunicación.

Conforme lo dicho, el objetivo central de esta política —diseñada, planificada y ejecutada desde el principio de la comunicación como derecho humano— apunta a que la esfera pública no quede mediatizada por una comunicación monopólica cuyo fin es consolidar los intereses del establishment. En otras palabras, su sentido es que la sociedad civil no quede atrapada por una mediatización dominante, privada y concentrada, sino que sus integrantes puedan aspirar a construir mediaciones propias, haciendo sostenible el desarrollo de medios populares (comunitarios o cooperativos) o pequeños y medianos medios privados de arraigo local que vinculen contenido con territorio.

Hacer efectivo el derecho humano a la comunicación es, por tanto, una prioridad impostergable, no una elección entre otras. En tal sentido, la pregunta es qué y cuánto debe hacer el Estado para actuar como garante de la diversidad de expresiones comunicacionales y fortalecer el funcionamiento de la sociedad civil para que la disputa simbólica y cultural por el poder y la construcción del sentido no quede atrapada en la telaraña de los intereses del mercado.

En el contexto entonces del desafío de hacer viable una comunicación popular y democrática de calidad, que contribuya a que cada argentino pueda ser titular del derecho a la información y la comunicación, planteamos aquí algunas propuestas que apuntan a desenganchar la actividad de los medios populares de los imperativos de la ganancia y reinventar un bien público, a saber:

  • Financiar el funcionamiento del sector mediante aportes económicos para la adquisición de equipamiento, actualización tecnológica y garantizar una dotación mínima de trabajadores registrados. La pauta publicitaria puede ser una respuesta para superar urgencias en el corto plazo pero no para el mediano y largo.
  • Promover la producción de contenidos que reflejen valores históricos, regionales y sociales vinculados a las pantallas, antenas y medios gráficos de difusión, defendiendo la producción nacional y la inclusión social.
  • Impulsar el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas, entre otras cuestiones, a la convergencia tecnológica, facilitando la distribución y acceso de contenidos audiovisuales y gráficos en los distintos dispositivos digitales.
  • Generar instancias de capacitación y asistencia técnica para mejorar el desarrollo y mejora de la gestión del conjunto de los medios populares (construcción de agenda y producciones locales, estrategias de comercialización, administración, etcétera).
  • Alentar la cooperación y el asociativismo entre los integrantes del sector para que actúen como un sistema que supere la fragmentación actual.
  • Interactuar con la red pública de medios de gestión estatal para federalizar la agenda informativa del país.
  • Crear un registro nacional de formadores de comunicación popular, a fin de garantizar la financiación de los procesos de formación priorizando la presencia de actores territoriales.

Otro aspecto a destacar es que la sostenibilidad de las acciones para proteger el derecho humano a la comunicación es, antes que una cuestión meramente económica, un proceso organizativo, social y político. Por ello, surge la necesidad de una ventanilla única para que la gestión estatal sea eficiente y eficaz y no se dispersen los recursos destinados al sector de la comunicación popular por superposición de planes o falta de articulación entre organismos.

Asimismo, la lucha por un sistema de medios públicos independientes no termina con la financiación. Una vez que se hayan creado las condiciones materiales para este nuevo sistema, es preciso asegurarse que siga siendo democrático y controlado por quienes lo gestionan y miembros representativos del público para que funcione de manera transparente y de abajo hacia arriba; es decir, en un diálogo constante con los miembros de la comunidad.

Ahora bien, proponer inversiones públicas en los medios de comunicación para asegurar y proteger el derecho humano a la comunicación puede generar objeciones. Una es la preocupación de que un sistema subsidiado públicamente beneficie a los gobernantes o que puede ser una pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo. La otra es su costo.

Respecto de la primera objeción, en las naciones democráticas de todo el mundo subsidian a los medios mientras disfrutan de ese beneficio democrático. Los medios públicos y las democracias más fuertes a menudo van de la mano. No obstante, cualquier sistema de medios públicos debe erigir un firewall para separarlo tanto del gobierno como de otras influencias poderosas. Y, aunque el gobierno desempeñe un papel administrativo clave en el establecimiento y la protección de este sistema, éste debería ser operado de manera independiente a fin de facilitar el escrutinio público.

Siguiendo con la objeción por el costo, y frente a las dificultades por las que atraviesa el país, plantear que el Estado financie a los medios populares puede parecer un desatino. Sin embargo, no lo es. Construir una estrategia que haga posible el tránsito desde el capitalismo salvaje al desarrollo con inclusión social necesita del derecho humano a la comunicación para garantizar la participación democrática de los ciudadanos en la sociedad civil.

+ Comunicador, integrante de Codehcom y de Desmadejando Ideas

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ