“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, como decía el general Juan Domingo Perón”. Esto sostuvo Jorge Capitanich al tomar juramento a las nuevas autoridades policiales de la provincia. Buscó así poner fin al conflicto desatado a inicios de la semana por la renuncia de la cúpula de la policía provincial, que reclamaba por la suspensión impuesta desde el Ejecutivo a cuatro policías imputados en violentas agresiones a jóvenes qom en el barrio Banderas Argentinas, de la localidad de Fontana, en la madrugada del 31 de mayo.

Así, el nuevo jefe de la fuerza, Ariel Acuña y el subjefe, David Vega, quedaron designados por el gobernador, luego de que se aceptara la renuncia de Fernando Romero y su cúpula. En tanto “los policías involucrados en los hechos de Fontana no serán reincorporados a tareas activas. Continuarán en tareas pasivas”, confirmaron desde el gobierno provincial a Página/12. Esto mantiene a la querella del juicio que se sigue por el caso en estado de alerta. Y se espera que se incorporen al expediente “las pruebas destinadas constatar las declaraciones de las víctimas”, confirmó a este diario la abogada Antonia Cuadra, quien representa a las víctimas por parte del Estado.

Capitanich tomó juramento al nuevo jefe a Ariel Acuña, quien ya ocupó el mismo cargo en la gestión anterior de su gobierno, en 2015. En el mismo acto, realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, del que también participó la ministra de seguridad Gloria Salazar, el gobernador anunció refuerzos para la gestión de la seguridad pública. Entre ellos, un incremento en el adicional para los efectivos afectados a los operativos de pandemia --que pasará de $2000 a $5000--, y la incorporación de 45 vehículos para la fuerza. A tono con la dimensión del conflicto que desencadenó el recambio, esto estará acompañado por “capacitaciones que permitan trabajar en un marco de respeto a los derechos humanos”, sostuvo el gobernador.

Durante las cuarenta y ocho horas del conflicto, Capitanich mantuvo reuniones con referentes de derechos humanos de nivel provincial, nacional, e internacional. “Ahora estamos evaluando el proyecto de ley que propone modificar y fortalecer el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes”, afirmó el gobernador. En tanto desde el Comité se aguarda la pronta convocatoria de gobierno para la consulta y discusión de ese proyecto.

“Queremos garantizar que el uso del monopolio de la fuerza tenga la rigurosidad de métodos, procedimientos y protocolos, donde la vigencia plena de los derechos humanos implique preservar la vida, el patrimonio y la seguridad de las personas”, puntualizó Capitanich en el acto de jura.

Así, luego de la dimisión de la plana mayor de la policía que produjera una escalada de tensión en la sociedad chaqueña al inicio de la semana, Capitanich puso en funciones al comisario general Ariel Acuña, que hasta ayer revestía como subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal. Lo sigue en el mando David Vega, quien era hasta ayer Director de Policía en la ciudad de Villa Ángela, conocido por su vinculación con el radicalismo de la provincia.

El antecedente de Acuña como Jefe de Policía de Capitanich data de octubre de 2015. Fue a raíz de la muerte del dirigente social Angel Verón --del MTD No al Desalojo--, durante una represión policial en la Ruta nacional Nº 11, lo que se desencadenó la renuncia del entonces ministro de Gobierno, Javier Oteo; del secretario de Seguridad, Marcelo Churín, y del jefe de Policía, Gustavo Peña. En esa oportunidad Acuña era el segundo de Peña. Capitanich apuesta al reordenamiento de la fuerza desde una línea dura, pero con la mira puesta en un escenario complejo, el que expuso el violento atropello a los jóvenes qom.

La abogada Cuadra, en representación de los jóvenes violentados, sostiene que la querella está “muy desilusionada” con del cambio de carátula por el cual hoy Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez están libres. “El último día de actividad judicial, el 8 de julio antes de la feria, se les revocó la prisión preventiva”, detalla a Página/12. Señala que la querella, “tanto desde el Comité de Prevención de la Tortura, como desde la Secretaria de Derechos Humanos y de mi parte, como abogada del Estado, peticionamos para que se sostenga la prisión preventiva. Los imputados pueden obstaculizar el proceso estando en libertad, presionar o extorsionar a testigos, hacer desaparecer pruebas, amenazar a las víctimas”.

Respecto a la función policial, Cuadra detalla que han pedido que “el gabinete científico analice y valide materiales probatorios como el video filmado por una hermana de las víctimas”, para que se pueda incorporar al expediente digital. “Porque la jueza Rosalía Zozzoli, quien decidió dejarlos en libertad –se explaya Cuadra-- no ha visto formalmente ese video dentro del expediente”.