El fiscal Miguel Moreno archivó la causa que investigaba la muerte de Alejandro Ponce, cuya familia asegura que personal policial dejó que se ahogara en el río Paraná, durante una persecución. Para el fiscal hubo un hecho de robo previo en el que Ponce y su hermano fueron sindicados, y en el intento de huir el joven se tiró al agua, cuando "no sabía nadar". Además de desestimar los planteos de la querella, Moreno pidió una investigación por falso testimonio contra tres testigos directos del hecho. "Si robó, por qué no lo llevaron preso en lugar de dejarlo morir", dijo en su momento la madre del joven. Ayer, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional aseguraron que la Fiscalía intenta justificar el accionar policial al sostener que la víctima estaba robando. "El análisis del fiscal deja mucho que desear", señalaron.

El 2 de noviembre de 2015, Alejandro y su hermano Luis fueron corridos por la policía en la barranca de la zona de los silos Davis, acusados de un robo. La familia asegura que los dos estaban pescando y que "dejaron morir a Alejandro", de 23 años.

Según relató su hermano, testigo del hecho, estaban juntos pescando en la zona cuando un grupo de policías los empezó a perseguir. El testimonio agrega que ambos se tiraron al río y comenzaron a recibir piedrazos por parte de los agentes. Luis pudo salir del agua aunque con heridas cortantes en su cabeza, pero Alejandro apareció cuatro días después, sin vida, flotando en el Paraná. Cuando la policía se llevó a Luis detenido, le dijeron que su hermano ya había salido y escapado.

En su análisis del caso, Moreno sostiene que hay pruebas de llamados al 911 por un hecho de robo a una parejita que estaba en el parque aquella tarde, y por otras cuestiones archivó el caso. Una semana atrás, tomó la misma decisión con el caso de Maximiliano Zamudio, asesinado por un prefecto.

Uno de los testigos del hecho fue un joven que vive en la zona de la barranca con su pareja, que tomó fotografías de la secuencia. Dijo que vio a los hermanos Ponce, a quienes conoce del barrio Toba, y que se encontraban pescando. También dijo haber visto cómo 'dos pibes' robaban a una pareja. Que los hermanos Ponce fueron perseguidos y amenazados por personal policial, hasta terminar lanzándose al agua. Asimismo, dijo haber visto a los policías arrojando piedras al grito de 'ahogate, negro de mierda' y haber presenciado el momento en que el joven recibe el cascotazo y se ahoga". Al día siguiente de su declaración, el testigo volvió a la Fiscalía para retractarse. "Una tía de la víctima fue a buscarlo y le ofreció dinero para que declare que estos jóvenes estaban pescando, pero que él efectivamente los vio robar", expresa la resolución.

Para los querellantes dicha situación "no fue debidamente investigada" por el fiscal. "Moreno pasó por alto el apriete policial", dijo el abogado Salvador Vera sobre lo que ellos consideran que existió por una amenaza del personal, para que el testigo modifique su primera versión.

"Luis y Gastón (Alejandro) Ponce sabían por qué eran perseguidos", expresa el archivo. Para la querella, se trata de una "lectura estigmatizante, porque si hubo un robo, no tiene nada que ver con la conducta policial de arrojarle piedras", señalaron.

Por otro lado, los querellantes cuestionaron la autopsia. Según relató Vera, el acta de levantamiento del cadáver habla de una "contusión" en el cráneo de la víctima, que la autopsia no arrojó; y lamentaron que al solicitar una nueva autopsia el fiscal la descartara porque la forense planteó que había pasado mucho tiempo y el estado del cuerpo no lo permitiría.

"Los hermanos Ponce no fueron colocados en una situación que implicara peligro para sus vidas, no fueron sacados de su esfera de seguridad, por el personal policial que los perseguía, colocándolos en el agua. No se encuentra acreditado tampoco que los policías hayan incapacitado a Ponce", reza el fallo. Moreno tampoco consideró que hubiera omisión por parte del personal. "El delito de homicidio podía ser discutible, pero no se consideró ningún tipo de delito. Ni siquiera un incumplimiento de deberes", se quejó la querella.