Desde Santa Fe

Los seis senadores del PJ que responden a Armando Traferri denunciaron ante la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura al fiscal de Rafaela, Martín Castellano, y le pidieron una “investigación disciplinaria” para saber si es cierto que “no avanzó” en una denuncia de 2017 contra el capitalista del juego clandestino David Alejandro Perona, detenido recién el viernes pasado, pero por la pesquisa de los fiscales de la Agencia del Crimen Organizado de Rosario, como coletazo de la causa del empresario arrepentido Leonardo Peiti.

Los legisladores fundaron la denuncia contra Castellano en versiones periodísticas. Un relato que consideraron “verosímil” de una fuente del Ministerio de Seguridad –publicado en los medios- que comparó las investigaciones, por sus resultados. La de los fiscales de Rosario derivó en la caída de Perona mientras que la otra, la de 2017 que se tramitaba en Rafaela, no prosperó. El vocero del Ministerio de Seguridad había dicho que “Perona y su hermano cuentan con una denuncia de 2017 por casinos clandestinos ante el fiscal Martín Castellano que nunca avanzó”. Y se preguntó si “la justicia de Rafaela más que investigar, lo que hacía era proteger estas redes” del juego clandestino que eran “largamente conocida en la zona”. “Tuvieron que intervenir fiscales de Rosario para investigar y detener al capitalista del juego, a pesar de que en Rafaela hay lugares con pintadas que señalan: “Casino David Perona”, “Casino Perona Clan” y “Casinos Perona”.

La denuncia la firman Traferri y los cinco senadores que le responden: Raúl Gramajo (que preside la comisión de Acuerdos), Rubén Pirola (presidente pro témpore del Senado) y sus colegas José Baucero, Osvaldo Sosa y Guillermo Cornaglia. El escrito ingresó a la mesa de entradas de la Cámara alta el lunes, 48 horas después de la caída de Perona.

Si prospera, meterá ruido político en la Legislatura. Porque calzó justo cuando el fiscal Castellano avanza en otra causa que ayer derivó en la detención del ex coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela, el abogado Agustín Andereggen (ver aparte). Maximiliano Pullaro, igual que Gramajo, y Pirola, integra también la bicameral de Acuerdos que definirá si admite la denuncia contra el fiscal Castellano y abre la causa o la desestima. Así que el asunto puede preocupar, no sólo a Castellano, sino también a su jefe, el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo.

A juicio de los senadores, si hay pruebas de una supuesta “inacción” de Castellano en la denuncia de 2017 por los casinos clandestinos de Perona sería un “hecho de gravedad institucional, con trascendencia en Rafaela, en la región y en la provincia”.

Perona cayó por un pen drive que los fiscales de Rosario encontraron en el allanamiento de la casa del arrepentido Peiti. El archivo tenía una copia de seguridad de su agenda de teléfonos, con el número de celular a nombre de “David3”, que era el de capitalista del juego rafaelino.

El hallazgo derivó en cinco allanamientos en Rafaela, la detención de Perona y el secuestro de cuatro vehículos de alta gama y una pequeña fortuna en constante y sonante (más de 1.000.000 de pesos, 15.000 dólares y piezas de oro). El operativo fue ordenado por los fiscales de la Agencia del Crimen Organizado de Rosario, entre ellos Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli, que investigan a Peiti y los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, detenidos los dos en una semana.