Desde Santa Fe

El operativo que anuló la concesión de la autopista Santa Fe Rosario tuvo su destape en la Legislatura. Cuatro diputados del justicialismo denunciaron que el decreto 5194/16 del gobernador Miguel Lifschitz que indultó a la empresa Arssa de su obligación de repavimentar el corredor significará un "perjuicio" para la provincia de 1.554 millones 800 mil pesos y le pidieron que lo anule y suspenda el nuevo proceso de privatización que puso en marcha, aún cuando ayer extendió el plazo para abrir los sobres hasta el 2 de mayo. "Esto huele muy feo", dijo el diputado Roberto Mirabella, mientras que su colega Héctor Cavallero lo consideró un "hecho escandaloso". Sus compañeras de bloque Silvia Simoncini y Patricia Chialvo coincidieron que el trámite "está plagado de irregularidades" y no descartaron que pueda ser "ilegal". Y señalaron entre los "responsables políticos" a otros firmantes del decreto y del acuerdo con la concesionaria: los ministros Gonzalo Saglione (Economía) y José Garibay (Infraestructura) y a la secretaria de Coordinación Técnica de éste, Teresa Béren.

Mirabella dijo que Arssa "tenía la obligación de repavimentar los 330 kilómetros de la autopista en cinco años, pero sólo ejecutó el 24 por ciento. Le faltaba el otro 76 por ciento. Y eso representa un perjuicio para la provincia de 1.554 millones de pesos, a valores actuales, que tendría que cobrar el Estado por el incumplimiento de la empresa. Hablamos de mucha plata". "El gobernador rescindió la concesión de común acuerdo (con la concesionaria), sin ejecutar las garantías y sin sanciones a la empresa. Objetamos ese decreto" 5194 que Lifschitz firmó el 30 de diciembre, el último día hábil de 2016. "Y las actuaciones administrativas del Tribunal de Cuentas que debería tener una auditoría de la concesión. No puede ser que alguien se presente en una licitación pública, no la cumpla y no pase nada".

Cuando le preguntaron cómo habían llegado a estimar el "perjuicio" en 1.554 millones de pesos, Mirabella explicó que es el costo de los 240 kilómetros de la autopista que Arssa no pavimentó (el 76 por ciento), según "el informe de la Universidad Nacional de Rosario, actualizado por el índice de la construcción, a diciembre de 2016. La UNR dice que es más de 1.500 millones, pero según el gobierno puede ser mucho más",  advirtió el legislador. 

Simoncini denunció que Lifschitz ni sus funcionarios "asumen las responsabilidades políticas e institucionales" por un acuerdo ruinoso para la provincia. "Cierran el contrato con Arssa y nadie es responsable".

Y fue allí cuando Mirabella planteó que el "incumplimiento" de las empresas no debe quedar impune. "No puede ser que todo sea lo mismo, porque mañana, la provincia llama a una licitación pública, viene una empresa, no cumple y no pasa nada. Esto no puede quedar así. Objetamos el decreto 5194 de Lifschiz y le pedimos al gobernador que suspenda el proceso" para privatizarla nuevamente.

-‑¿Quiénes son los responsables políticos? -preguntó Rosario/12.

‑Los que firmaron: el gobernador, los ministros y la licenciada Béren -contestó Cavallero.

--¿Puede haber responsabilidades penales?

-‑Creo que deberían investigarse. Nosotros no nos adelantamos, por eso pedimos toda la documentación y queremos el dictamen del Tribunal de Cuentas de la provincia, que se expida sobre este acuerdo que firman el gobernador y cuatro funcionarios.

Cavallero sorprendió al revelar una fuga de empresas en Arssa, un consorcio que integraban seis firmas y ahora sólo quedan dos: Rovial y Laromet. "Se fueron yendo aunque no hay ningún informe oficial que notifique esa desintegración; no sabemos cómo se retiraron. Las que quedaron fueron esas dos. Y Laromet junto con Agrovial se presentaron ahora para la licitación del primer tramo de repavimentación de la autopista".

-‑¿Estas empresas tienen algún vínculo con el socialismo? ‑volvió a preguntar este diario.

‑Ahí entramos en el terreno de la subjetividad pero lo que podría contestar es que todas estas empresas constituyen un núcleo bastante ganador de todas las licitaciones que se hacen en la Municipalidad de Rosario y en la provincia.