La ciudad de San Carlos Centro, en el departamento Las Colonias, transita un inusitado conflicto del intendente con los empleados municipales en el que queda al descubierto el particular estilo de gobierno que desde el sindicato definen como "el de un patrón de estancia": con presiones, castigos, descuentos injustificados de haberes, persecución gremial y vulneración de derechos. El actual, Juan José Placenzotti, es hijo de su antecesor, Jorge Placenzotti, quien condujo la Dirección Provincial de Vialidad durante el gobierno del Frente Progresista. El gremio apunta a padre e hijo como un tándem que mantiene ese estilo de gestión denunciado ante el Ministerio de Trabajo. La dimensión del conflicto escaló hasta la intervención de la cartera laboral, que citó cinco veces a conciliación y el intendente faltó a todas las audiencias. Desde el gobierno provincial califican la situación como "muy grave" y estudian sanciones. 

Luego de intentar en vano la vía del diálogo con el Ejecutivo sancarlino ante la cartera laboral provincial, el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos Centro (Sitram) ventiló todas sus denuncias en una conferencia encabezada por su secretario general, Andrés Martínez, y los empleados sancionados por la administración del intendente radical. Martínez señaló que los problemas vienen de arrastre en esta ciudad de unos 12 mil habitantes, situada 160 kilómetros al norte de Rosario, y lo enfocó en la forma que Placenzotti tiene de conducir su gobierno. "Ya durante 2019 hubo quitas injustificadas de haberes. No se respetó la paritaria y perdimos hasta el 25% del poder adquisitivo. En ese contexto, decidimos un paro como medida de fuerza en marzo, y entonces se concretaron las represalias", dijo.

Cuando se decretó la cuarentena por la pandemia, el gremio levantó la medida de fuerza. Pero entonces "comenzaron la persecución y el avasallamiento de derechos", aseguró Martínez. Según afirmaron, los municipales que adhirieron a la protesta gremial quedaron marcados por el intendente y su entorno.

El secretario de Municipios y Comunas del gobierno, José Luis Freyre, dijo que la situación que involucra a los Placenzotti "es muy grave", y confirmó que hay intervención del Ministerio de Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral. "Es insólito pero en las cinco veces que citamos a audiencia el Ejecutivo de San Carlos nunca compareció", se asombró el secretario de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri en diálogo con Rosario/12. "El conflicto se suscitó a partir de que descontó días trabajados y de licencia a trabajadores que se ampararon en la normativa nacional para guardar aislamiento domiciliario en la cuarentena. La norma nacional es clara y ampara al trabajador, no es necesario esperar que la Municipalidad acepte o no", afirmó la autoridad laboral.

Hugo, trabajador municipal, cobra un salario neto de 21.000 pesos de bolsillo. Luego de haber participado de la medida de fuerza gremial, lo bajaron de categoría en el escalafón municipal, lo sacaron del puesto de tractorista y le suprimieron la posibilidad de hacer horas extras. Además, le notificaron que había perdido los días de vacaciones que le quedaban. "Así se manejan: al que abre la boca lo castigan, lo persiguen. (El intendente) nos trata de negros, de burros", resumió.

Hubo 27 trabajadores que sufrieron quita de plus por presentismo, descuento de días de trabajo y supresión de licencias pendientes. En la mayoría de los casos, se debió a empleados que no se aislaron en sus domicilios al principio de la cuarentena, por integrar algún grupo de riesgo en relación con el covid-19.

"Las inasistencias de esos compañeros y compañeras se justificaron en el temor imperante en el comienzo de la pandemia, y en la obligación de aislamiento que se impuso en el país. Sin embargo, la administración las consideró faltas injustificadas, y corrieron las sanciones. Hasta las licencias perdieron por arbitrariedad del Ejecutivo. Hoy, debido a ese temor, hay compañeros mayores de 60 años que están yendo a trabajar, y hasta uno que fue operado a corazón abierto, siendo que deberían estar resguardándose en su casa", denunció Martínez.

Daniel, uno de los trabajadores damnificados, contó su caso: "Fui uno de los que recibió amenazas. Mi hijo es persona de riesgo, tengo mi madre a cargo. Decidí no ir a trabajar, tampoco me llamaron para trabajar y en abril fui a entregar una nota para pedir licencia. Me tuvieron un tiempo, no me recibieron la nota y la policía me abrió una causa supuestamente por romper el aislamiento". Otro empleado acotó: "El día que fuimos al Concejo pasó el intendente en su camioneta y se quedó a mirar. Al rato llegó la policía y se metió en el Concejo para preguntarnos qué estábamos haciendo. De esa forma se maneja el intendente, mandando la policía a apretar a los trabajadores".

En la enumeración de atropellos, el Sitram reveló que hasta el Concejo fue rechazado por el Ejecutivo cuando se intentó poner paños fríos y abrir el diálogo de partes. El conflicto escaló con cada una de las cinco audiencias que el Ministerio de Trabajo convocó para conciliar y a las que el Ejecutivo municipal faltó.

En la conferencia también salió a la luz que Placenzotti había ofrecido al sindicato un aumento salarial del 16% más el bono de 4000 pesos por ejercer tareas de riesgo en la pandemia. Pero con la condición de que no hubiera paro ni medida de protesta alguna de ahí en adelante; de lo contrario, suprimiría el aumento (algo inadmisible por ley) y también el bono, impuesto por decreto nacional.

"Acá no hay intencionalidad política alguna, es la necesidad de defender nuestros derechos como trabajadores", recalcó Martínez. "Tememos que esto vaya a terminar en la Justicia, pero lamentablemente las costas de ese juicio recaerán no en el patrimonio de Placenzotti, sino en el de la Municipalidad, es decir, de toda la ciudad", avizoró. 

El Sitram ya había denunciado hace tres años a Placenzotti padre, cuando él era el intendente de San Carlos Centro. En 2017 el tema fue la revelación de casos de violencia laboral y maltrato a mujeres trabajadoras y funcionarias del propio gobierno municipal. La denuncia tuvo el apoyo de la federación gremial del sector, Festram, y las cinco trabajadoras violentadas recibieron asistencia psicológica estatal. La causa no pasó a mayores en la Justicia, y dos años después, Placenzotti entregó la posta del gobierno municipal en su hijo, Juan José.