Tras la realización de una serie de pruebas, el Tribunal Oral Federal Número 5 finalmente ordenó la reanudación por medios electrónicos del juicio oral de lesa humanidad que se sigue en la causa Esma IV, que se encontraba en la etapa de alegatos cuando fue suspendido como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Se trata de uno de los juicios más imporantes en cuanto a cantidad de víctimas y acusados que se desarrollará por la vía remota y uno de los últimos en retomar su curso tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el ejecutivo nacional y la feria judicial que impuso la Corte Suprema en cumplimiento. La autoridad aún no informó cómo se asegurará la transmisión pública de las audiencias.

El cuarto debate oral que se desarrolla sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en el lugar donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada se reanudará a las 9.30 del próximo 7 de septiembre. Comenzó hace dos años y, cuando fue suspendido por la pandemia de la covid-19, cursaba sus jornadas finales, con los alegatos de las defensas. Así, se espera que para fines de mes los acusados tengan la posibilidad de hablar por última vez antes de que el Tribunal delibere una sentencia.

En una nota breve, el presidente del TOF 5, Daniel Obligado, informó a las partes el martes pasado la decisión de retomar el debate por la vía remota a través del programa Jitsi Meet, aunque no brindó precisiones respecto de cómo asegurará el carácter público de las audiencias. El cuarto que se realiza por los crímenes de la Esma es uno de los últimos juicios de lesa humanidad que vuelven a su curso tras la suspensión por el coronavirus. La Fiscalía, a cargo de María de los Ángeles Ramos, así como las querellas intervinientes en la causa lo habían solicitado no bien la Cámara de Casación Penal recomendó a los tribunales federales que arbitren las medidas necesarias para levantar la suspensión de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad.

Aquello sucedió en mayo pasado. Habían, para entonces, pasado dos meses desde que el Ejecutivo nacional había ordenado el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional para evitar la propagación del virus y que, acorde a tal medida, la Corte Suprema había decidido implementar una feria judicial extraordinaria que dejó paralizada la actividad.

Tras la recomendación de la titular de la Casación, Ángela Ledesma, el TOF número 5 se tomó otros tres meses para realizar consultas y pruebas técnicas que permitieran tomar una decisión sobre los métodos para desarrollar el juicio por la vía remota. Por lo menos eso es lo que desde la autoridad explicaban a las partes cada vez que se acercaban a reclamar una respuesta. 

Son nueve los represores acusados en este juicio: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.

Todos ellos se encuentran imputados de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados en contra de 816 víctimas por los grupos operativos del centro clandestino de detención ilegal más grande que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar.