Simplifica, miente simplificando, que algo quedará. La derecha política o mediática reformula el consejo de Goebbels y lo aplica cotidianamente. El Consejo de Juristas se cifra en “Berardi”. La Reforma judicial en “la cláusula Parrilli”. Confundir, adrede, la parte con el todo.
Demonizar a determinados protagonistas “garpa” al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Desde ya, la máxima generadora de los males es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, constituyen labores diarias. Cuando no hay un problema, se inventa. Más fácil es magnificar o distorsionar los que existen. La inseguridad, por ejemplo, que afecta y preocupa a la gente común. Para narrarla, también se miente, manipula y simplifica. Minga de contexto, me ne frego en la historia y los precedentes.
Una narrativa falaz propone un puro presente, exclusiva responsabilidad del actual gobierno. O de otros chivos emisarios: los pobres, los vagos, los piqueteros, los barones del conurbano. Hasta los mapuches caen en la volteada.
Contrato de lectura o spoiler de esta columna: aspira a encuadrar los hechos, sistematizar, recorrer precedentes, darles contexto.
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De las violencias a las tomas: El número de delitos creció en 2019 pese a la política represiva del macrismo. Bajó el número de homicidios, una tendencia de años. El colega Raúl Kollmann lo describió rigurosamente días atrás en Página 12: https://www.pagina12.com.ar/289416-el-delito-con-macri-crecio-pese-a-la-mano-dura
En pandemia las violencias se incrementan, en todo el planeta. Crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, da cuenta del fenómeno global, con especial énfasis en delitos graves intrafamiliares o femicidios. En la Argentina ocurre lo mismo. Las explicaciones son evidentes: el hacinamiento o la convivencia más extendida, las dificultades de las víctimas para pedir auxilio. Montado sobre la base anterior, de por sí tremebunda.
Las estadísticas criminales, como todas, pecan de imperfección en la inédita coyuntura. Registran la rareza de marzo-abril, los meses de la cuarentena intensa en todo el país. A ojo, funcionarios avezados registran que durante ese lapso creció la violencia a nivel privado mientras bajaron de modo atípico e insostenible en el tiempo ciertos delitos que requieren “gente en la calle” desde arrebatos o salideras hasta venta de droga al menudeo. Como los accidentes de tránsito, otra variable dependiente de la “normalidad” que volverá a subir.
La violencia institucional, las violaciones recurrentes de derechos Humanos, se agravan con la omnipresencia de las Fuerzas de Seguridad, empoderadas por discursos benevolentes o elegíacos que algunos uniformados traducen a su manera.
El empobrecimiento general agranda las necesidades. Estos trazos (por si hace falta remarcarlo) no justifican las violaciones a la ley ni las reparan. Apenas tratan de encuadrarlas. Simplificar, el designio de las derechas. Complejizar, comprender sin resolver, el karma de los progresismos, las centro izquierdas, los nacional -populares.
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El default novedoso: El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el resultado de canje de deuda con acreedores privados. El martes un editorialista de Clarín anunció la existencia de “default en Seguridad”. Alejado en parte el económico, la guerra enfila hacia otros frentes.
Tras cartón llueven novedades sobre el punto. “Las encuestas”, aseguran, revelan que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o la salud. La encabezaban hasta que se cerró el canje, mirá vos. Los sondeos no se detallan, su unanimidad es sospechosa. Este cronista es ateo frente a esa religión, las encuestas de opinión suelen fallar por problemas técnicos, mala fe. A veces, devoción a quien las paga. Añádale la dificultades para medir durante la peste… no les crea, lectora o lector.
Se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, cuyas víctimas son personas comunes, trabajadoras. La empatía de otros argentinos es automática, justificada tanto como la noticiabilidad de los delitos. Se carece de indicadores cuantitativos, por ahora. Los opositores resuelven que se incrementaron. Se torna imposible convalidar o refutar de plano las afirmaciones.
La mirada dominante enfoca las “tomas”, ocupaciones de terrenos. No nacieron en agosto ni de un repollo. Son una constante que se prolonga desde décadas atrás. Muchos barrios o villas actuales comenzaron así. De nuevo, suceden y alarman a las autoridades (intendentes en especial) de cualquier bandería.
La derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan con desdén. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos.
La escalada verbal alisa terreno para una réplica represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof.
El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo. Viene “diferenciándose” de su par nacional Sabina Frederic desde el comienzo de la gestión. Con franqueza tan proverbial como reprobable, emite spots de campaña. Frente a las tomas copa el lado derecho del mapa político. Acusa al Movimiento Evita, en general y a Fernando “Chino” Navarro en especial. Es el segundo funcionario nacional al que descalifica. Su verborragia preocupa al presidente quien --comentan fuentes indubitables de la Casa Rosada-- le encareció más de una vez que se callara. Berni, describe con gracia el periodista Martín Rodríguez, se define como soldado pero obra como francotirador.
La desmesura verbal más grave la comete Berni al discutir con Cristina Castro, la madre de Facundo. Lo hace a cielo a abierto, en franca disparidad de poder. El respeto a las víctimas es una de las mejores claves de la historia reciente, maltratarlas la contradice. El funcionario, para peor, viene derrapando en esa cuestión. Prometió encontrar vivo al pibe, un exceso de voluntarismo o de soberbia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre busca oro en el filón de la mano dura. Se aparta de sus labores específicas para anunciar que se privará de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los supuestos okupas. Un despropósito, ajeno a su competencia, no previsto en las normas respectivas. Un derecho social no se quita así como así solo por una denuncia… menos que menos en un gobierno peronista. Massa lo sabe pero su objetivo es armonizar con sectores de opinión pública encolerizados. Azuza la estigmatización de los “planeros”.
Otros integrantes del Gobierno aluden a la génesis social de las tomas. La necesidad, agravada por la larga recesión y el derrumbe económico en los meses recientes. La polémica los condiciona y pone a la defensiva. Las preguntas por “sí” o por “no” operan como un arma para quitar densidad a los debates. “Por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito?” Queda bárbaro responder afirmativamente, es derechísticamente correcto. Algunos funcionarios caen en la celada o quedan entrampados.
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A criminalizar, a criminalizar: Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.
Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político. En materia jurídica, el abogado Grabois interpela “ocupar no es usurpar (…) existe algo llamado derecho penal”. Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido. “El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas”. Redondea con un tecnicismo: “Sería una acción típica pero no antijurídica”.
El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto. Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: “es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos”.
Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo… y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: “los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?” pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.
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La política también existe: La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.
Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.
Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todos las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc. Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles.
De cualquier modo, las tensiones o los (válidos) objetivos diferentes necesitan sustanciarse con cuidado porque acecha una oposición a menudo salvaje que quiere erosionar al Gobierno. Su facción más extrema, temible y minoritaria va por más: coquetea con una opción destituyente. Los de afuera juegan y fuerte. La máxima del Martín Fierro tendría que llevar al autocontrol dentro las filas oficialistas.
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El revival de la guerra mapuche: Mezclar todo, otro artificio de los manipuladores. Se reaviva el espectro del peligro mapuche, utilizado por el gobierno del presidente Mauricio Macri hace tres años. En aquel entonces la violencia institucional causó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último en la zona de Villa Mascardi. La ministra Patricia Bullrich envió a los Albatros de la Prefectura, un grupo de elite, que disparó munición de plomo contra ocupantes del lugar, familias enteras.
Los derechos de los pueblos originarios, crónicamente conculcados, fueron reconocidos por la Constitución reformada en 1994. Hacerlos operativos es complejo porque interfieren cosmovisiones diferentes, siglos de hostigamientos. La sangre derramada de Rafita Nahuel ahonda las disidencias.
El actual gobierno armó una mesa de diálogo encomendada a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una prestigiosa dirigente rionegrina que fue senadora. La mesa hace su trabajo, en una maraña de malentendidos que no se resolverán en pocos meses.
Las tomas de tierras derivan de reclamos ancestrales, del rechazo a los criterios de propiedad imperantes, razones religiosas. No las resumimos en una apretada nota de domingo. Pero poco o más bien nada tienen que ver con las ocupaciones en el Conurbano.
Las monsergas a favor de la propiedad privada carecen de sentido porque los terrenos ocupados son públicos. Los manifestantes se autoconvocaron con consignas temibles que describe con minucia el periodista local Santiago Rey (@santiagorey): “plomo y más plomo”, “repriman a esos delincuentes”, “nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de ‘juguete’ y los sacamos como se debe” “prendan fuego y vallan (sic) armados”. Buenos vecinos.
Violencia privada en defensa del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo nombre es una expresión mapuche.
La prensa dominante desliza opiniones de invitados ignotos quienes hablan de “terroristas”, agitan el espantajo de una guerra con Chile y otras lindezas. El ex presidente Eduardo Duhalde, por ahí envejeció mal o tuvo un desvarío temporario. Pero se cayó para el lado al que se inclina: no se troskeó ni volvió socialista… Lo que es peor, no está solo en su prédica protogolpista y antidemocrática.
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Los riesgos reales: La bancada de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exige sesiones presenciales. No las hay en los Legislativos de la Ciudad Autónoma ni en Mendoza. En esta provincia se insta una reforma constitucional mientras el diputado radical Alfredo Cornejo vocifera que hay que evitar temas divisivos durante la pandemia. En su distrito, el gobernador Rodolfo Suárez resolvió reinstaurar restricciones preocupado por la ocupación de camas en terapia intensiva y la suba de contagios. La regresión a fases anteriores sucede en Santa Fe, en San Luis, en Jujuy, en Córdoba.
Contra toda evidencia el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promueve reaperturas de bares y restaurantes en la vía pública, quiere habilitar terracitas internas. Mira sin ver el relajamiento de la conducta ciudadana mientras crece el número de contagios y muertes en su distrito y en todo el país.
Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible.
El peligro del desborde social o de una insurrección de pueblos originarios es incomparablemente menor, por decirlo con un eufemismo.
Estas historias continuarán.
