Dos hombres fueron imputados en la investigación vinculada a cooperativas que captaban a personas de bajos recursos --sin trabajo-- con la promesa de beneficiarlos con contratos para trabajar en la Municipalidad de Rosario. Desde Fiscalía aclararon que "la situación era ajena a la Municipalidad". Alberto M. y Mariano C. fueron acusados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho (2 hechos). El fiscal Enrique Paz les atribuyó "haber formado parte de una asociación ilícita por lo menos desde el 15 de mayo de 2015 hasta junio de 2017, conformada por lo menos por tres personas, destinada a captar personas, prometiéndoles contratos a cambio de dinero o dádiva, haciendo valer indebidamente su influencia ante funcionarios públicos de la Municipalidad". El engaño consistía en decirles que para ser empleados en planta permanente o transitoria debían afiliarse como asociados a las cooperativas que administraban, aprovechándose de los cargos que desempeñaban y las conexiones que tenían dentro de la Municipalidad. Según se indicó desde Fiscalía, M. se desempeñaba por ese entonces como inspector en la Dirección General de Higiene Urbana, y captaba a las posibles personas para afiliarse a las cooperativas, entre las que se encontraban 4 de Enero y Progresar Limitada. En tanto C. era el encargado de mover contactos. El juez Florentino Malaponte tomó la imputación y dictó la libertad para ambos imputados bajo fianza de 220 mil pesos, a C.; y de 40 mil pesos, a M..

Por este caso, el martes pasado se ordenaron varios allanamientos, uno de ellos en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, en Entre Ríos al 1200, que levantó polémica. Los principales dirigentes del gremio señalaron que el operativo fue desmedido, que ni el sindicato ni la Municipalidad están involucrados y que las puertas siempre estuvieron abiertas para a Justicia, por lo tanto repudiaron el despliegue montado por quienes llevaron adelante el operativo, que incluyó personal policial armado para llevarse documentos contables.