Desde Santa Fe

La Legislatura reculó ayer en el intento de sancionar al fiscal de Rosario Adrián Spelta porque en 2018 acordó con un abogado defensor -que antes había sido su socio- un “régimen de libertad con restricción ambulatoria” para el narco “Ema Pimpi” Sandoval, condenado por el atentado a balazos a la casa dex gobernador Antonio Bonfatti, en 2013. La comisión de Acuerdos que la semana pasada había decidido suspenderlo por 90 días, anoche resolvió mandar el despacho a un cajón y no votarlo en la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados prevista para mañana, jueves. La salida será esperar que la Corte Suprema de Justicia –algún día- revoque un fallo de la Cámara del Trabajo de Rosario que le calzó justo a Spelta: declaró “inconstitucional” la ley 13.807 que facultó a la Legislatura a investigar y sancionar fiscales de grado y frenó el sumario. En la agenda, sólo quedó en pie el pleno de mañana, que ingresará el dictamen de la fallida suspensión a Spelta, suspenderá el trámite hasta nuevo aviso, y seguirá con una catarsis política contra el fallo de la Cámara rosarina.

Ya el 11 de agosto, había zafado de un jury el juez Hernán Postma, quien convalidó aquel acuerdo de 2018 entre Spelta y la defensa que benefició a Sandoval con la libertad domiciliaria. Ayer, zafó Spelta (también el fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto cuyo proceso disciplinario también estaba para definir la sanción). De aquella audiencia, sólo se conserva en el archivo de Tribunales un video de menos de un minuto (exactamente, 46 segundos), porque el resto desapareció. Sandoval comenzó a cumplir su “libertad domiciliaria” en un departamento del barrio Rucci, pero en abril de 2019 se mudó a un chalet de dos plantas en la calle Pago Largo, en Florida, donde a los seis meses, en octubre, lo acribillaron a balazos. La casa es del juez de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, Oscar Puccinelli, quien siempre dijo que tenía firmado un poder a una inmobiliaria y que no tenía conocimiento de quién era el inquilino.

A la mañana, el presidente de la comisión de Acuerdos, Raúl Gramajo, anunció el recule. “Respetaremos el fallo del tribunal aunque no estemos de acuerdo. Fijaremos la postura en un documento, mientras la Fiscalía de Estado recurre ante la Corte Suprema de la provincia”, dijo por LT10. “Los fiscales no quieren que los controlen”. El fallo de la Cámara del Trabajo de Rosario “atenta contra el sistema republicano” y “denigra el nivel intelectual de los legisladores”, se enojó Gramajo.

Su colega, Lisandro Enrico –que promovió la suspensión de Spelta por 90 días- coincidió. “Lo que se intenta evitar es que los fiscales puedan ser investigados por el poder más democrático y representativo” que es la Legislatura y “mantener un sistema de protección y coberturas reacio a cualquier sistema de transparencia y moderno”.

En la sesión conjunta de mañana, la comisión de Acuerdos formalizará el ingreso del dictamen que sanciona a Spelta, pero suspenderá el trámite. Y luego, aprobará un documento que impugna el fallo de la Cámara laboral que declaró “inconstitucional” la ley 13.807. La intención es producir un gesto político que convalide la facultad parlamentaria de investigar la conducta de fiscales y defensores públicos.

En realidad, el fallo Spelta -se lo podría llamar- no cuestiona la potestad de la Legislatura de suspender o remover de sus cargos a los jefes del Ministerio de la Acusación o la Defensa pública –como ocurrió con Gabriel Ganón en 2016-, sino de extender ese poder disciplinario a los fiscales y defensores de grado.

“La ciudadanía tiene que saber que los fiscales no quieren ser controlados”, se quejó Gramajo. Mencionó los casos más escandalosos de los últimos meses. Spelta -dijo- es el fiscal que “mandó a la casa a esperar la sentencia a un narco acusado de triple tentativa de homicidio, que (en 2013) pudo haber matado a un gobernador”, graficó. "La sentencia denigra el nivel intelectual de los legisladores", advirtió.

En la misma línea, el jefe del bloque de diputados del PJ, Leandro Busatto, defendió la ley 13.807 y consideró que el fallo Spelta “es violatoria de la división de poderes”.